Este mes de agosto, España ha vivido una auténtica tragedia con incendios que han arrasado amplias zonas, afectando hogares, industrias y entornos naturales. Rafael Escarpizo, director de la Unidad de Siniestros de JHASA, ha explicado en Claves del Día que “los seguros funcionan cuando están contratados” y que gran parte del problema radica en que muchas de las áreas afectadas pertenecen a la llamada España vaciada, con bosques centenarios que ahora son irrecuperables. Escarpizo subraya que en estos casos el Consorcio de Compensación de Seguros no actúa salvo en lesiones de los trabajadores de extinción, por lo que la existencia y condiciones de la póliza son clave para la gestión del siniestro.
El proceso de indemnización, según Escarpizo, depende de varios factores, entre ellos “la parte del edificio, la parte del contenido, los bienes que tenemos” y, en casos de explotaciones afectadas como hoteles o ganaderías, la posible “pérdida de beneficios” que también puede cubrir el seguro. Además, destaca la cobertura de inhabitabilidad, que ofrece “una vivienda alternativa para mientras ocurre la reparación del siniestro”, aunque advierte que “posiblemente no pueda estar en el mismo pueblo” si ha quedado destruido por completo.
Respecto a la gestión de estos siniestros, Escarpizo diferencia entre casos catastróficos y otros tipos de siniestros. En casos como inundaciones o grandes catástrofes, “la mayoría de esos siniestros se gestionan a través del consorcio de compensación de seguros” que dispone de mecanismos “bastante engrasados” para hacer frente a grandes volúmenes de reclamaciones. En contraste, para incendios forestales como los actuales, la intervención es diferente y las compañías aseguradoras asumen la gestión directamente.
Sobre los tiempos y facilidad del proceso, Escarpizo señala que teóricamente no debería ser “muy denso”, aunque en situaciones catastróficas con miles de reclamaciones, la empresa y el consorcio deben adaptar sus recursos para atender la demanda. Pone como ejemplo la reciente dana en Valencia, donde “más del 95% de las reclamaciones las tienen ya indemnizadas y cerradas”, con una indemnización media en viviendas particulares que ronda los 16.000 o 19.000 euros.
Finalmente, sobre el impacto de la declaración política de zona catastrófica, Escarpizo aclara que esta “no acelera, dificulta” el proceso de cobro, porque es una vía distinta con ayudas mayoritariamente dirigidas a las personas y no a negocios o empresas aseguradas. Recomienda a los afectados “la consulta ante la municipalidad, el Ayuntamiento, para que informen sobre ese tipo de ayudas que existen”, enfatizando que “las ayudas públicas deben aliviar estas primeras inversiones que se tienen que hacer para restauración”. Así, la coordinación entre seguros y ayudas públicas es vital para la recuperación de los afectados.
Este análisis desde la unidad de siniestros de JHASA ayuda a comprender la complejidad del proceso asegurador ante una tragedia de esta magnitud y la importancia de contar con las coberturas adecuadas para afrontar sus consecuencias.