La industria de defensa española se prepara para digerir una lluvia de millones histórica durante los próximos años, pero lo hace con un problema latente: existen dificultades de coordinación y colaboración. En todas las empresas del sector asumen que el momento es único, pero sus directivos y propietarios tienen reticencias a la hora de impulsar una integración para ganar escala y poder competir a nivel internacional. Y es que los grupos españoles cuentan con un volumen de negocio muy inferior al de sus competidores europeos y, por supuesto, al de los estadounidenses. Conscientes de que el objetivo es aumentar la soberanía estratégica del país, en el sector no están dispuestos a renunciar a su autonomía empresarial, por lo que las anheladas fusiones y proyectos conjuntos no se vislumbran.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunió el pasado mes de marzo en La Moncloa a las principales empresas de defensa y seguridad para conminarles a avanzar hacia la soberanía industrial con proyectos que puedan reunir capacidades tecnológicas de distintas compañías. El Ejecutivo se encuentra en pleno despliegue del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con 10.471 millones en el 2025 y que tiene como objetivo avanzar hacia el compromiso con la OTAN de gastar en la materia el 2,1% del PIB. Pero el sector de la defensa en España parte de muy atrás en esta nueva era iniciada tras la invasión de Ucrania por Rusia y espoleada por la llegada de Trump a la Casa Blanca. La industria nacional necesita ganar escala, realizar adquisiciones, coordinarse y colaborar, algo que en este momento es una utopía.
El expresidente de Indra y actualmente máximo ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, solía recordar que Europa está muy alejada de EE.UU. a la hora de centralizar esfuerzos y gasto en proyectos militares. Así, el ejército norteamericano opera sólo un tipo de tanque pesado, mientras en Europa hay 19. Los estadounidenses cuentan con tres vehículos de infantería; en Europa hay 23. El Pentágono utiliza dos tipos de morteros de 155 milímetros; en Europa se usan 23. La US Navy dispone de cuatro tipos de fragatas; en Europa hay 27. España no es ajena a esta descoordinación, algo que el Gobierno está intentando limar instando a las empresas a trabajar de manera conjunta en consorcios. Se trata de colaborar y aprovechar que una empresa disponga de capacidades donde otras no llegan.
El programa del 8x8, en el que participan Indra, EM&M, Sapa y GDELS, sólo ha podido entregar 11 unidades
El proyecto empresarial conjunto de referencia en este momento es Tess Defence, la compañía que está fabricando el blindado 8x8 VCR Dragón del Ejército de Tierra. En principio, es una buena noticia que varias compañías –Indra, EM&M, Sapa y GDELS– unan sus capacidades en crear un vehículo ‘made in Spain’ para ampliar las capacidades de las Fuerzas Armadas. El problema es que el proyecto ha tenido importantes dificultades y acumula retrasos en las entregas, lo que ha provocado tensión entre las empresas que participan en él. De momento sólo se han entregado once unidades. Este verano Indra ha asumido la mayoría de Tess Defence con el objetivo de empujar el proyecto y vislumbrar el segundo: un vehículo de apoyo a cadenas (VAC), también fabricado en España.
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Con la misión en el horizonte de ejercer de empresa tractora de la industria de defensa española, las miradas se dirigen hacia a Indra. Los dirigentes políticos han dejado de referirse a la cotizada como “campeón nacional” para poner en marcha un grupo especializado en tecnología de vanguardia con un proyecto estrella: el FCAS. Este caza del futuro es un hito para España, pues es la primera vez que el país participa en un proyecto industrial europeo a la par que Alemania y Francia, es decir, aportando el 33% del mismo. Los primeros pasos del avión de combate que surcará los cielos en década y media se están poniendo en Indra, que está agrupando las capacidades de decenas de pequeñas empresas. El FCAS está llamado a ser el ejemplo perfecto de colaboración empresarial.
En Indra, en cambio, también hay polémica. La compañía participada por la SEPI en un 28% está trabajando en la fusión con EM&M, sociedad propiedad de la familia del presidente de la compañía, Ángel Escribano, y a su vez segundo accionista de la multinacional, con un 14,3% del capital social. La operación es secundada por el Gobierno, pero en el consejo de administración existen dudas. La decisión adoptada por el órgano de gobierno en julio fue crear una comisión de estudio de la fusión integrada por consejeros independientes. El objetivo es evitar cualquier tipo de conflicto de interés. La operación también tiene su derivada política. El PP no ha expresado públicamente su posición, pero sí que conoce la situación. Queda pendiente el nombramiento de una nueva consejera tras la renuncia de Ángeles Santamaría, que era independiente. En la última ronda, uno de los designados fue Oriol Pinya, próximo a Junts.
Indra compró la fábrica de Duro Felguera en Gijón para crear una filial que competirá con Santa Bárbara
Otra de las empresas protagonistas de la industria nacional es GDELS/Santa Bárbara, propiedad del gigante estadounidense General Dynamics, que ha anunciado un impulso a sus centros de producción en España. En los últimos meses ha chocado con Indra, que llegó a plantear la compra de la histórica Santa Bárbara. GDELS se negó a negociar y ha presentado un plan de negocio para crecer en nuevos territorios, como Catalunya. Indra, por su parte, ha creado una nueva división de vehículos terrestres, Indra Land, que competiría con GDELS. El primer movimiento de esta pugna ha sido comprar la planta de Gijón de Duro Felguera para convertirla en una gran fábrica.
Sapa es otra de las compañías con un papel protagonista en la industria de defensa nacional. La sociedad de origen vasco especializada en transmisiones de vehículos de combate opta en este momento a un importante contrato en EE.UU. que dimensionaría sus capacidades. Sapa es, a su vez, tercer accionista de Indra y, por tanto, cuenta con voz y voto en el consejo que está estudiando la fusión con EM&M.
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El gigante de la industria nacional de la defensa es en este momento Airbus, una compañía que ingresa cada año más de 12.000 millones de euros gracias a sus dos ramas de negocio: defensa y helicópteros. Líder absoluta en el sector aéreo y espacio, ya ha sido la punta de lanza en varios proyectos de colaboración conjunta, como el Eurofighter. En ejemplos de coordinación es importante destacar también el papel de Navantia, la referencia en el mar. Cien por cien pública y con capacidad para asumir una mayor carga de trabajo en los próximos años, la compañía ya estudia su próximo gran proyecto: un nuevo portaaviones.
En EE.UU. tuvo lugar la llamada “última cena”, que motivó fusiones para crecer; en España es inviable
Las pequeñas empresas, por su parte, que son clave en buena parte de los proyectos debido a su alto nivel de especialización tecnológica, tampoco quieren ser fagocitadas por las grandes en un momento expansivo. Un ejemplo claro es el del grupo Oesía. Su presidente, Luis Furnells, reconocía a La Vanguardia un interés por parte de competidores españoles y extranjeros en comprar la compañía. Él fue tajante: “No está en venta”.
En medio de esta maraña empresarial se encuentra el Gobierno, el principal contratista del sector. Fuentes de las compañías advierten que el Ministerio de Defensa también es actor protagonista en el momento actual, ya que puede realizar adjudicaciones, lo cual está provocando reticencias entre competidores. El artículo 346 del Tratado de la UE permite a los gobiernos aplicar un procedimiento de adjudicación directa de contratos para proteger los intereses esenciales de la seguridad nacional. Por ejemplo, los Eurofighter o el 8x8, entre otros, se contratan así porque en ambos casos sólo existe un proveedor, Airbus y Tess Defence. De la treintena de contratos de momento licitados desde el lanzamiento del Plan Industrial, hay algunos que sí tienen la consideración de “reservados”. Pero hay otras decisiones sobre las que el sector pide transparencia.
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La industria de defensa, en definitiva, se encuentra preparada para absorber la lluvia de millones, pero lo hace atomizada. En 1993, durante el mandato de Bill Clinton, el por entonces secretario de Estado de Defensa, Les Aspin, convocó la conocida como “última cena”. Convocó a las principales empresas armamentísticas de EE.UU. e instó a fusiones o acuerdos para crecer. En este momento, una última cena a la española no es posible.
