El Govern constituyó este miércoles el grupo de trabajo para analizar la prohibición de la compra de vivienda para invertir, lo que denominan como “compra especulativa”. La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, afirmó que se estudiará cuál es “el camino jurídico más sólido” para limitar estas operaciones, con el objetivo de ofrecer unas conclusiones antes de que acabe el año. Durante el primer trimestre del 2026, se presentará la propuesta a los grupos parlamentarios para recabar apoyos.
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La iniciativa de regular estas adquisiciones nace del grupo de los Comunes como parte de la negociación política que mantiene con el Govern de Salvador Illa. Su activación ha causado estupor y preocupación en sectores empresariales e inmobiliario, que la consideran anticonstitucional.
La Generalitat compra otros 1.064 pisos a InmoCaixa por 87,2 millones de euros
El grupo de trabajo que evaluará la prohibición está formado por el director del Àrea d’Habitatge i Ciutat de l’Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) y ex portavoz del Sindicat de Llogateras, Jaime Palomera, el autor del informe del Área Metropolitana de Barcelona favorable a limitar estas compras, Pablo Feu, y las juristas Fuensanta Alcalà y Rosa Fornàs, además de miembros del departament de Territori i Habitatge y de los Comunes.
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Por otro lado, Illa anunció hoy una nueva compra de 1.064 pisos propiedad de InmoCaixa, la filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, por 87,2 millones de euros. Durante una conferencia política en Sabadell bajo el título “Oportunitats per liderar”, el president explicó que estos inmuebles están distribuidos por una quincena de municipios –Barcelona, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat (Carrilet), Mataró, Montornés del Vallés, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Tordera, Olot, Lleida, Tarragona y Sabadell– y que la adquisición supone una “inversión” porque permitirá incorporar estas viviendas al parque público de alquiler asequible de forma permanente.
Se trata de pisos que estaban a punto de perder la condición de vivienda protegida, por lo que las personas que las habitan podían ver incrementado su alquiler una vez caducada esa condición, pero con la compra el Govern dice “garantizar” la “estabilidad residencial de las personas que las habitan”, de manera que podrán seguir viviendo en ellas pagando la misma renta”, explicó Illa. Esta adquisición se une a la de otros 1.300 pisos que el Ejecutivo catalán ha adquirido de manos de grandes tenedores y fondos de inversión. Del total, la Generalitat ha comprado a InmoCaixa un total de 1.900 pisos en algo más de un año.
