El nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu que debía entrar en vigor este mes de enero retrasará un año su entrada en vigor. Es un aplazamiento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había apuntado en declaraciones esta mañana y que después se llevó a cabo en el Consejo de Ministros.
Con esta modificación, para los empresarios y profesionales contribuyentes del impuesto de Sociedades, la implantación del nuevo sistema, prevista inicialmente para enero del 2026 se traslada a enero del 2027. Y para el resto de empresas y los autónomos, el plazo pasa del 1 de julio del 2026 al 1 de julio del 2027.
Verifactu es un sistema de verificación de facturas electrónicas impulsado por la Agencia Tributaria para potenciar la digitalización en los procesos de contabilidad digital y para tener más instrumentos para combatir el fraude, que es el gran objetivo de la medida. El sistema asegura que las facturas sean auténticas y asegura su trazabilidad a lo largo de todo el proceso.
Supone disponer de un software certificado y homologado para que se remitan a tiempo real a Hacienda las facturas y los tickets que se emitan. Son documentos que incorporan una huella digital y un QR que al escanearlo garantiza que cumple con la Agencia Tributaria.
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El aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu era una petición repetida de las pymes y los autónomos, que son los que tenían más dificultades a priori para llevar a cabo la transformación en el margen de tiempo que quedaba. Tanto ATA, como Cepyme y Pimec han celebrado la prórroga, y en el caso de la organización de los autónomos y de la patronal catalana, han agradecido a Junts la presión ejercida para conseguirla. En cambio, desde la patronal catalana Cecot se ha criticado el aplazamiento porque genera desconcierto entre las empresas.
ATA, ligada a la CEOE, lo había solicitado en varias ocasiones, proponiendo que el año próximo su implantación fuera voluntaria y que la obligatoria quedara para el 2027. Ahora que se ha dado un año más de margen, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha manifestado su agradecimiento a la presión de Junts. “Agradecemos a Junts que haya hecho bandera de esta demanda”, ha dicho.
Amor también ha añadido que es un alivio para los autónomos, en un momento donde cada día tienen más cargas; y que la entrada en vigor generaba mucha incertidumbre, mucha inquietud entre lo autónomos. “Los autonómos hoy pueden respirar más tranquilos”, ha afirmado.
Por su parte, Cepyme también ha celebrado la prórroga argumentando que una parte muy significativa de las pymes no estaría preparada para el 1 de enero. Esta decisión “avanza en la buena dirección y reconoce la realidad de miles de pymes y pequeñas empresas cuyos tiempos, recursos y capacidades técnicas no son equiparables a los de la gran empresa”, ha afirmado su presidenta Ángela de Miguel.
Además, ha señalado las dificultades específicas de la hostelería o de los pequeños comercios que dependen de básculas cuyos tickets actúan como facturas simplificadas, y que debían realizar inversiones elevadas en plazos reducidos. Las alternativas que se proponían, según Cepyme, eran soluciones menos competitivas y que implicaban tiempos de cobro mayores.
También las patronales catalanas Pimec y Foment del Treball han celebrado la moratoria que permitirá una adaptación a la factura electrónica de manera progresiva, sin poner en riesgo su viabilidad económica. Por un lado, el presidente de la primera, Antoni Cañete, ha agradecido la presión ejercida por Junts para conseguir la prórroga. Por otro, la segunda patronal ha asegurado que esto mismo se había reclamado en diversas reuniones para “evitar tensiones operativas y económicas”.
En cambio, la reacción ha sido distinta desde la Cecot que considera que la prórroga llega tarde y que al anunciarla a solo un mes de su entrada en funcionamiento está provocando desconcierto entre las empresas, que ya habían destinado tiempo, recursos y software para cumplir con la normativa. Como consecuencia, pide precisiones sobre la aplicación voluntaria en el 2026 y algún reconocimiento para las empresas que han llevado a cabo la adaptación del sistema.
