El fiscal del crimen de la Guardia Urbana y la del juicio a Alves investigarán el caso Flecha
Un caso sin precedentes
El Ministerio Público encarga las pesquisas sobre el catedrático de la UB a su nueva sección de personas vulnerables
El fiscal Félix Martín, durante el juicio del crimen de la Guardia Urbana”, en el 2020 EFE/Quique García
La Fiscalía de Barcelona ha encargado la investigación del caso Flecha a su nueva sección para la protección de personas vulnerables, que dirigirá el fiscal del crimen de la Guardia Urbana, Félix Martín, junto a la fiscal del caso Dani Alves, Elisabet Jiménez. Según ha podido saber Guyana Guardian, este martes la fiscal jefa Neus Pujal ha firmado el decreto de incoación de diligencias que supone el arranque de la investigación al catedrático de la UB Ramón Flecha y al grupo de investigación CREA, que fundó y lideró.
El Ministerio Público da “verosimilitud indiciaria” al informe presentado por la Universitat de Barcelona (UB) sobre los presuntos casos de coerción sexual y abuso de poder producidos durante treinta años en el seno del grupo CREA.
Después de recibir la denuncia de 16 antiguos integrantes del grupo, en diciembre la UB trasladó a la Fiscalía un informe interno en el que daba cuenta de presuntas conductas “muy graves” que encajarían en la posible existencia de “un grupo coercitivo de alto control”.
Fiscalía
Da “verosimilitud indiciaria” al informe de la UB que señala la posible existencia de “un grupo coercitivo de alto control”
A finales de diciembre, la fiscal jefa de Barcelona, Neus Pujal, creó una nueva unidad especializada dentro del Ministerio Público que se encargará de investigar los delitos contra las personas vulnerables. El nombre completo de la nueva unidad es: sección especializada en delitos violentos contra niños, niñas y adolescentes así como otros colectivos vulnerables y perfiles delictivos complejos.
La sección abarca también la investigación de casos de “vulnerabilidad situacional”, en los que la víctima no era vulnerable de inicio, pero que debido a la situación que atraviesa lo acaba siendo, como presuntamente habría sucedido en el caso Flecha.
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Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, cuyo caso más mediático fue el crimen de la Guardia Urbana, abandonará su labor en el tribunal del jurado para dedicarse a este nuevo servicio pionero en España. Su caso más mediático fue el crimen de la Guardia Urbana donde logró la pena máxima de los agentes Rosa Peral y Albert López por la muerte de un compañero de la policía barcelonesa gracias a la suma de indicios y sin una prueba directa de los hechos. Su sensibilidad con las víctimas durante los juicios, el trato respetuoso con los acusados y la pasión que desprende en sus alegatos le han valido el reconocimiento de su profesión y fue designado director de formación de la escuela de Fiscales.
Trabajará con Elisabet Jiménez Cabestany que compaginará su trabajo en el juzgado de instrucción con su labor en la nueva sección de la fiscalía. Su gran caso fue el de Dani Alves, en el que defendió con vehemencia la culpabilidad del exfutbolista y expresó con rotundidad el significado del consentimiento en las relaciones sexuales.
La primera decisión que tomará la nueva sección es la creación de un grupo conjunto de investigación con agentes procedentes de dos unidades de los Mossos d’Esquadra: la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) y el Área Central de Análisis y Elaboración de Inteligencia de la comisaría general de información, especializado en comportamientos sectarios. De esta manera, la investigación quiere poner el foco en las víctimas y en el comportamiento de los presuntos autores.
Un enfoque pionero
La investigación se apoyará en un equipo conjunto con expertos en agresiones sexuales y sectas de los Mossos
La Fiscalía tiene seis meses para investigar el asunto y certificar si los comportamientos descritos encajan con algún tipo penal. Se trata de un supuesto caso de coerción sexual y abuso de poder, en el que la presión del grupo, bajo el liderazgo de Flecha y con el apoyo de dirigentes destacadas, acabó doblegando presuntamente la voluntad de algunas mujeres, de las que el catedrático obtenía beneficios sexuales, laborales y académicos.
La fiscalía pedirá la comparecencia de los denunciantes para que expliquen los comportamientos presuntamente delictivos del grupo CREA. En el supuesto de que el fiscal considere que hay indicios de delito presentará una denuncia y el caso quedará judicializado. Para evitar la revictimización de los afectados, el fiscal prevé unas declaraciones exhaustivas que bastará ratificar luego en el juzgado sin necesidad de revivir todo el traumático proceso. Varias de las denunciantes ya han declarado ante la comisión de investigación de la UB en los últimos meses.
Catedrático de Sociología de la UB, Ramón Flecha tiene 73 años y está jubilado. No es la primera vez que sus prácticas al frente de CREA, el grupo de investigación que fundó en 1991, llegan a la justicia. En 2004 y 2016 afrontó dos denuncias colectivas, que los respectivos fiscales archivaron. Hace diez años, los denunciantes acusaron a CREA de funcionamiento sectario. Sin embargo, en ninguna de las dos ocasiones se analizaron las relaciones sexuales que Flecha supuestamente mantenía con mujeres del grupo de investigación, ni la posible existencia de un patrón de coerción sexual. Se trata de un concepto que no está tipificado de forma autónoma en la legislación española, pero que está cobrando fuerza en el debate jurídico.
