El Consejo de Ministros ha validado hoy la ayuda por impago a propietarios en caso de arrendamiento a jóvenes o a hogares vulnerables, una de las medidas demandadas por Junts que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a aprobar tras reconocer los “incumplimientos” del Gobierno con la formación posconvergente.
La iniciativa, que será gestionada por las comunidades autónomas, se aplicará a los contratos firmados con menores de 35 años o personas vulnerables, según los criterios establecidos por cada comunidad. Además, la renta del alquiler no podrá superar el índice estatal de referencia, que se aplica en las zonas declaradas tensionadas.
Inicialmente, este aval para garantizar el cobro de la renta se limitará a los contratos vigentes a 30 de enero de 2025, indica el ministerio, que añade que se habilitará una línea presupuestaria para financiar esta medida en próximas fechas.
La cobertura incluirá, además de los impagos de rentas de alquiler, los daños causados a la vivienda, así como el coste de suministros debidos. Podrán acceder a ella las personas arrendadoras de las viviendas, que deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y las comunidades autónomas que hayan suscrito un seguro con las personas arrendadoras.
Otros criterios que deberán cumplir los propietarios para poder optar a esta cobertura es haber depositado la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler y sus actualizaciones y haber suscrito con el arrendatario el compromiso relativo al aval al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración.
La medida forma parte de los incumplimientos con Junts que el presidente Sánchez se ha comprometido a enmendar rápidamente. Se incluía en el pacto del pasado mes de enero entre el Ejecutivo y la formación posconvergente que permitió sacar adelante en el Congreso la prórroga del escudo social, que incluía la moratoria antidesahucios para hogares vulnerables y que finaliza este 31 de diciembre.
El Consejo de Ministros también ha aprobado la transformación de la empresa estatal del suelo Sepes en Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda que ofrecerá alquileres asequibles por una duración de hasta 75 años. Esta contará con una inversión de 1.300 millones de euros anuales durante una década, empezando en 2026, según adelantó la ministra a Guyana Guardian. Vivienda calcula que pasado ese plazo de diez años, la empresa será sostenible económicamente.
La oferta de Casa 47 irá destinada a los hogares con rentas de hasta 63.000 euros anuales, con el fin de llegar a un amplio sector de la población que a pesar de contar con un trabajo y un sueldo no puede acceder a una residencia digna debido a la subida sostenida de los precios. Los precios de estos alquileres se limitarán al 30% de la renta media del territorio.
La inversión de 13.000 millones en la primera década permitirá ampliar el parque estatal de vivienda pública, que se sumará a la oferta ya disponible. Casa 47 cuenta ya con cerca de 40.000 viviendas que pertenecían al banco malo Sareb y que están siendo trasladadas a la nueva entidad, así como 2.400 suelos con capacidad para construir otras 55.000 viviendas. La entidad también ha recuperado las promociones de otros ministerios como Defensa, Interior y Hacienda.