Slop, parasocial y rage bait fueron candidatas a palabra del año en 2025. En 2026, una de las favoritas para ese título, al menos entre encuestadores y estrategas electorales, es “asequibilidad”, normalmente acompañada de la palabra “crisis”. Tras haber encontrado por fin un lema que parece funcionar contra el hechizo del trumpismo, los demócratas no hablarán de otra cosa de aquí a las elecciones de mitad de mandato en noviembre. En Europa, que es mejor compartiendo memes estadounidenses que creando los suyos propios, se habla de crisis del coste de la vida. Está surgiendo un consenso a ambos lados del Atlántico de que los precios están fuera de control. Pero, ¿realmente lo están?
La asequibilidad es un término difuso que puede significar cualquier cosa que a uno le parezca cierta. Decirle a la gente que deje de quejarse y que se conforme con lo que tiene —la estrategia de María Antonieta— no está funcionando para una Casa Blanca cuyo tono y decoración recuerdan cada vez más a Versalles. Para desesperación de muchos, los votantes quieren cosas contradictorias: precios bajos cuando compran, salarios altos para ellos mismos; pocos inmigrantes pero mucha mano de obra barata; que suban los precios de la vivienda cuando son propietarios y que bajen cuando sus hijos quieren comprar.
Las economías prósperas están llenas de tensiones como estas. Los políticos, de forma natural, dicen lo que resulta atractivo en las encuestas para ganar elecciones. Si la única consecuencia de la cuestión de la asequibilidad fuera que los votantes castigaran a los gobiernos por los altos precios, no sería tan grave. Pero si se diagnostica mal el problema, aumenta el riesgo de que se introduzcan políticas perjudiciales para “arreglarlo”.
Eso se debe a que hablar de una crisis de asequibilidad mezcla preocupaciones ficticias con otras reales. Empecemos por los problemas imaginados. La gente es muy sensible a los precios de aquellas cosas que compra a menudo. Un litro de leche costaba 3 dólares en las tiendas estadounidenses en enero de 2019 y ahora cuesta 4 dólares. Los precios de los alimentos también han subido en Europa, al igual que los de la energía. Sin embargo, los salarios están creciendo más deprisa que los precios a todos los niveles de renta, tanto en Europa como en Estados Unidos. En este sentido, no existe una crisis de asequibilidad. Además, nadie debería querer realmente que los precios vuelvan a los niveles de 2019. Si ese fuera el objetivo, los responsables políticos tendrían que tratar de seguir el ejemplo de Grecia tras su crisis de deuda, cuando sufrió una depresión y una deflación.
A medida que las sociedades se enriquecen, el gasto en bienes disminuye en beneficio de los servicios
Sin embargo, la historia de la asequibilidad va mucho más allá del precio de la leche o de la electricidad. A medida que las sociedades se enriquecen, la proporción del gasto destinado a bienes disminuye y aumenta la que se dedica a servicios. Cuando Trump nació, el 60% del consumo de los hogares estadounidenses se destinaba a bienes. Ahora, ese porcentaje está por debajo del 40%, mientras que el gasto en servicios ha crecido. Muchas personas han olvidado cuánto tiempo debían ahorrar sus padres para comprar un televisor y, por tanto, no valoran las cadenas de suministro globalizadas que han permitido que los bienes sean mucho mejores y más baratos.
Mientras tanto, les sorprende lo caro que resulta ahora cortarse el pelo, por no hablar de lo que cuesta el cuidado infantil. Aunque tanto los bienes como los servicios se incluyen en los índices de inflación, los servicios siguen siendo obstinadamente resistentes a las enormes ganancias de productividad que se han visto en la industria. En la eurozona, la dificultad de acceso a los servicios se presenta de otra forma. Como los precios de servicios como la sanidad o el alquiler de viviendas están más regulados, el problema es más bien la disponibilidad que la asequibilidad, y a menudo se resuelve haciendo cola, lo que tampoco resulta satisfactorio.
Ese es el primer gran problema de accesibilidad real. El segundo es que, aunque los salarios reales sí han aumentado, no lo han hecho al mismo ritmo que los activos. La relación entre riqueza y PIB está cerca de máximos históricos en Estados Unidos. Para entender las consecuencias de esto, imagina a dos personas que ganan el mismo sueldo, situándolas entre el 10% de la población con mayores ingresos. Su nivel de vida sería la envidia de magnates o monarcas de épocas pasadas.
Imagina ahora que una de estas personas heredó un millón de dólares hace diez años. Si ese afortunado hubiera invertido el dinero en el S&P 500, ahora tendría cuatro millones. Cuando estas dos personas quieren comprarse un coche o un teléfono, no hay problema. Ford o Apple pueden fabricar una unidad adicional y venderla al mismo precio. Pero cuando quieren adquirir bienes posicionales, como un piso en San Francisco con buenas vistas, entran en competencia. Para una de ellas, esto se vive como una crisis de asequibilidad.
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Estos son, en esencia, problemas derivados de la abundancia, no del estancamiento económico. Eso los convierte en un reto complicado para quienes diseñan las políticas públicas. Para abaratar los precios de la vivienda y la energía, por ejemplo, los gobiernos deben facilitar la construcción de más viviendas y parques eólicos. Casi todo el mundo está a favor de esto, pero solo cuando no afecta a su propio entorno. En Estados Unidos, los precios de los servicios se ven inflados por absurdas normativas de licencias profesionales, que floristas y peluqueros con licencia defienden con uñas y dientes. Rebajar los aranceles ayudaría a frenar la inflación, pero las empresas protegidas por estas medidas presionan con fuerza para mantenerlas.
Aplicar políticas sensatas es complicado e incluso va contra corriente en un mundo que, por la insistencia de Estados Unidos, se ha vuelto en contra de los mercados libres y el comercio internacional. El peligro es que los políticos recurran a remedios falsos que empeoran las cosas, como los controles de precios. Además, en 2026 la economía estadounidense experimentará un impulso fiscal gracias a las rebajas de impuestos, y la Reserva Federal estará sometida a presiones políticas para bajar los tipos de interés. Trump propone enviar cheques de 2.000 dólares a los contribuyentes, financiados con los ingresos de los aranceles. Es difícil imaginar una combinación de políticas mejor diseñada para provocar un aumento de los precios que aplicar nuevos impuestos a las importaciones y, después, dar dinero gratis a la gente para que los gaste precisamente en eso. Parece que las lecciones económicas que se aprendieron en los años setenta, cuando Richard Nixon introdujo controles de precios—y luego los abandonó—tendrán que volver a aprenderse. Eso podría ser doloroso.
Una vez que ciertas historias sobre la economía calan, resulta difícil cambiarlas. Durante la última década, en Estados Unidos se ha extendido la idea de que los trabajadores manuales fueron abandonados por las élites de la costa y después se rebelaron en un alzamiento populista. Pero los datos demuestran que esto no es cierto: los salarios reales de los trabajadores sin estudios universitarios ya estaban subiendo en 2016, cuando Trump fue elegido por primera vez. Desde entonces, han seguido aumentando. Sin embargo, este relato ha servido para justificar una serie de políticas económicas autolesivas. La crisis de la asequibilidad podría convertirse en otro de esos relatos que, de tanto repetirse, acaban por aceptarse como verdaderos, aunque contradigan los hechos. Eso la convierte en una trampa.
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