¡Que vienen los inmigrantes!
Newsletter En clave económica
El proceso excepcional para legalizar a medio millón de inmigrantes resulta tan crucial como controvertido en el ámbito parlamentario. Nuevamente, Pedro Sánchez se distancia de la tendencia mayoritaria europea, impulsado por conveniencias políticas, aunque respondiendo a los requerimientos de un sistema económico que se hundiría sin la mano de obra extranjera. Estos ciudadanos de otros países, lejos de las noticias falsas y las opiniones subjetivas, no saturan el Estado de bienestar ni implican un desembolso adicional para las arcas del Estado. Una cuestión distinta es la percepción de que están transformando el tejido social al que estábamos habituados.
Sin inmigración, la economía se para.
Los dos itinerarios ferroviarios para completar los 30 quilómetros que separan Barcelona de la cercana Sabadell atraviesan realidades muy diferentes. Al optar por los Ferrocarriles de la Generalitat, que transitan por la zona alta y distinguida de Barcelona para continuar hacia Sant Cugat, una de las localidades con mayor renta de España, el viajero encuentra vagones impecables, una puntualidad rigurosa y una clientela compuesta mayoritariamente por profesionales, universitarios y personas de clase media alta.
Si, por el contrario, se decanta por Rodalies, que transita por distritos como Sant Andreu y poblaciones como Montcada i Reixac, marcado por constantes siniestros en los pasos a nivel que atraviesan las vías, la puntualidad constituye una ilusión inalcanzable, con demoras crónicas presentes mucho antes del desorden de la quincena reciente, y el tipo de usuario es totalmente diferente. Frente al perfil acomodado que suele usar los Ferrocarriles de la Generalitat, hallamos una gran concurrencia de receptores del SMI, repartidores con sus bicicletas y una alta proporción de inmigrantes. Constituyen dos retratos de la comunidad, ambos sumamente verídicos.
Varios de los inmigrantes que utilizan Rodalies podrían optar a la regularización promovida por el Gobierno español, pese a que la mayoría ya dispone de su situación legal resuelta, posee un empleo y colabora activamente en el fortalecimiento de la economía española de los últimos tiempos. Se trata de un avance vigoroso evidenciado por los datos macroeconómicos, tras un 2025 que ha finalizado con un aumento del PIB del 2,8%, pero con un porcentaje considerable de habitantes que no percibe los beneficios de este teórico éxito.
“Los necesitamos como el aire que respiramos”, sostiene la asociación empresarial de Cataluña, al tiempo que la CEOE admite su carácter esencial, aunque elude manifestarlo abiertamente.
Quienes se consideran relegados a la última posición notan que, de las excelentes cifras del PIB, apenas reciben migajas, mientras que el coste de los alimentos y el hogar les golpean directamente. Esta situación no afecta únicamente a los empleados con menores rentas, sino igualmente a las remuneraciones intermedias. La realidad es que las alzas continuas del salario mínimo durante los ejercicios recientes, incluyendo los los 1.221 euros al mes recién pactados para el 2026, han logrado dignificar estos pagos, aunque no han generado un impacto en cadena que eleve las retribuciones en los estratos justo por encima. En dicho segmento existe un bloqueo significativo.
El hecho de que el SMI alcance uno de los salarios más frecuentes no representa necesariamente un indicio positivo, sino más bien un reflejo de que trabajadores que por su formación o trayectoria merecerían una remuneración superior se encuentran estancados en un nivel inferior. Una franja donde se hallarían atrapados diez millones de asalariados, de acuerdo con las estimaciones de CC.OO, aquellos situados por debajo de la retribución media.
De cualquier modo, y más allá de si el nivel de los sueldos es el adecuado, la contribución de los inmigrantes ha resultado, resulta y resultará fundamental para el progreso de España. La corriente de llegadas se mantendrá, nos agrade o no. Principalmente, porque su labor es indispensable. Es relevante la postura adoptada por la CEOE respecto a la regularización de medio millón de extranjeros comunicada por el Gobierno. Lo desean, por supuesto; sin embargo, no se atreven a expresarlo abiertamente para evitar mostrarse cercanos a un Ejecutivo con el que sostienen un vínculo complejo. No es posible actuar al margen del Congreso, fue la contestación de la entidad patronal ante este proceso. Esto supone un reproche a la forma, aunque no oculta que les interesa el fin perseguido. El propio Antonio Garamendi lo manifestó en octubre al declarar que “somos un país de acogida y necesitamos gente de fuera para trabajar”
Se muestra más contundente al respecto Foment del Treball, con su representante Josep Sánchez Llibre, festejando la regularización puesto que “los empresarios necesitamos la inmigración como el aire que respiramos cada día o el agua que bebemos cada día”. En diciembre, el gabinete de estudios de la patronal catalana ya expuso un informe que advierte sobre el requerimiento de 1,4 millones de inmigrantes superior en los ejercicios futuros para contrarrestar el envejecimiento demográfico y la escasa natalidad.
Un ajuste legal respaldado por la iglesia católica que, liderada por Cáritas, promovió una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de ejecutar dicho trámite, si bien la realidad es que el PSOE la ha gestionado recientemente de forma distinta, acordando con Podemos, mediante una de esas maniobras tan inesperadas y cuestionadas del Gobierno Sánchez. Una institución eclesiástica mayormente posicionada a favor, aunque no de manera unánime. Las facciones más conservadoras, personificadas en el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, reaccionaron exigiendo la construcción de una barrera para impedir nuevos ingresos. “¿Cuántos podemos asumir? Todos no caben”, declaró el prelado en una expresión de dudosa caridad cristiana que ignora el hecho de que, si continúan arribando, se debe a que el mercado laboral los demanda.
Existen 3,5 millones de empleados extranjeros, lo que supone el 16% de la cifra total de ocupados.
¿Representan una cifra elevada? ¿A cuánto ascienden actualmente? Lo cierto es que son bastantes. Concretamente, suponen el 16% de los ocupados españoles, de acuerdo con la EPA de la semana previa que ofrecía las cifras del ejercicio anterior. Existen 3,5 millones de trabajadores inmigrantes, dentro de los 22.46 millones que impulsan el mercado laboral español. Además, el crecimiento es persistente; durante 2025, cuatro de cada diez nuevas incorporaciones fueron inmigrantes. Y continuarán arribando. De lo contrario, el país se detendría.
Por otro lado, es posible que incomode la transformación del entorno vecinal, con una gran cantidad de pakis para realizar compras, con las estructuras de obra llenas de latinoamericanos y encontrándonos con mujeres que portan velo en las rutas habituales. Tal vez esto no agrade a ciertos individuos, quienes perciben que su realidad cotidiana ha sido alterada.
Resulta sencillo suponer que entorpecen el ingreso a la Seguridad Social, que se adueñan de los apoyos públicos o que elevan el gasto del Estado, por más que dichas aseveraciones sean equivocadas. Las estadísticas son nítidas, y la visión común de que absorben desembolsos y ayudas colisiona con una realidad que evidencia que, en el plano económico, su entrega es bastante más elevada que el coste que suponen. Con todo, es una realidad que en el enfrentamiento entre sensaciones y cifras, las primeras suelen llevar la delantera.