Obviedades sobre inversiones

Estoy convencido de que el desorden que afecta a la economía de Cataluña, así como al tránsito de sus empleados y bienes por culpa de Rodalies, no se resolverá de forma inmediata. Resulta evidente que cualquier intervención en las infraestructuras demanda mucho más que un simple desembolso operativo: exige una planificación territorial, la obtención de recursos en la administración de fondos públicos, sin un pronto pago , y su implementación mediante personal cualificado junto a supervisiones que aseguren su estabilidad a largo plazo.

Por lo tanto, en este momento solo resta aguardar y supervisar que los procedimientos se lleven a cabo de la forma más adecuada. Un escenario como el presente no se alcanza de forma repentina. Diversas administraciones de España, en ocasiones respaldadas por sus aliados catalanes, han promocionado periódicamente con gran entusiasmo la noción de que “con ellos ahora sí”. Y ya somos conscientes de que nada de lo prometido ha ocurrido, no únicamente por las cifras de desarrollo real, sino debido a que hemos sufrido las consecuencias de las demoras y los percances. Sin duda, en la actualidad no sirve de nada señalar responsables: existen variados rostros, y no todos son externos. Resulta evidente que el historial de compromisos incumplidos desgasta la credibilidad en la política y las formaciones, afectando negativamente a su prestigio.

Enfoquémonos en este instante no en las responsabilidades ajenas, sino en las propias. ¿Dónde se hallaban diversos medios de comunicación, entidades civiles, sindicatos y agrupaciones empresariales que actualmente protestan al grito de “hace tiempo que lo decíamos” cuando algunos señalábamos la carencia de fondos en Catalunya? ¿Qué respaldo brindaron a las iniciativas de transformación cuando gran parte de estos organismos solicitaban calma para ganar margen político en favor de los suyos? Muchos de quienes ahora denuncian la política y el desgaste democrático han tenido parte de culpa. Evidentemente, esta observación, por amarga que resulte, no logrará grandes cambios inmediatos, pero sí debería motivar una rectificación ante la costumbre de ignorar el asunto de la financiación de Catalunya.

Con el propósito de que esto resulte eficaz, sugeriría tres medidas detalladas pero de impacto profundo. En primer lugar, que la cuestión de las inversiones de la Generalitat destinadas a financiar infraestructuras gozara de autonomía, evitando quedar relegada frente al gasto corriente de los servicios públicos, que suele ser más vistoso de forma inmediata. Asimismo, que tal obligación se desvinculara del periodo presupuestario anual de corte político, quedando bajo la supervisión de expertos independientes del ámbito profesional y académico. En segundo término, que un comité consultivo externo vigilara su ejecución. Tras la supresión del Carec, liderado por Salvador Alemany, y del posterior Capec dirigido por quien suscribe, actualmente todo depende de las administraciones vigentes. Tercero, que el valor del capital público se integre en los criterios de valoración de las políticas gubernamentales, incluyendo los gastos de conservación y el coste de oportunidad de los proyectos que aún aguardan en la economía catalana. Basta observar las autopistas. De lograrse esto, ¡se podría asegurar que la crisis realmente representó una oportunidad!