Trabajo y las centrales obreras ratifican la puesta al día de la estabilidad laboral sin la patronal.
Empleo
Un componente primordial de las disposiciones, enfocadas en aminorar el total de fallecimientos y afecciones del trabajo, requerirá un complejo respaldo parlamentario.
La responsable de Trabajo Yolanda Díaz, acompañada por los dirigentes de UGT, Pepe Álvarez, y CC.OO., Unai Sorod durante la ceremonia de firma del acuerdo
La dinámica de pactos bilaterales en el marco del diálogo social, ante el alejamiento de los empresarios, continúa vigente tras el consenso para actualizar la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Este compromiso ha sido suscrito hoy por la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a los líderes sindicales de CC.OO., Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, sin la participación de la representación empresarial. De hecho, la CEOE se apartó del proceso en noviembre, momento en que Trabajo lanzó una advertencia final al estimar que bloqueaban unas conversaciones prolongadas durante demasiado tiempo que requerían una resolución definitiva.
Durante el acto, Yolanda Díaz ha manifestado su pesar por el hecho de que la CEOE no se haya sumado al acuerdo. “Esta reforma tiene el marchamo de la patronal. Por eso, no se comprende que no estén hoy aquí. Tenemos muchas diferencias con ellos, pero evitar que la gente muera en su puesto de trabajo no puede ser una diferencia. Con la vida no se juega”, ha declarado la ministra.
Díaz censura a la patronal por su falta de participación, y Garamendi responde que los acuerdos sin ellos no son diálogo social
Asimismo, Pepe Álvarez ha cuestionado a la CEOE al sostener que “es imperdonable que la patronal no esté hoy aquí, cuando hablamos de una de las lacras más importantes que tenemos”. Por otro lado, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha respondido igualmente durante esta jornada que un pacto suscrito únicamente por el ministerio y los sindicatos no puede calificarse como diálogo social.
Modificación de una norma vigente desde 1995
Esta reforma pretende actualizar la normativa vigente desde 1995 para aminorar la siniestralidad en el trabajo, que se mantiene en cotas altas. En 2025, se registraron hasta noviembre, según las últimas estadísticas, 686 fallecidos, lo que implica una leve reducción respecto a los 741 registrados en 2024. Esto supone una media de más de dos muertes cada jornada. Asimismo, otro de sus objetivos es perfeccionar la detección y prevención de las dolencias profesionales.
Esto significa que se debe intervenir en los “accidentes de toda la vida”, como los tropiezos, choques y descargas, que persisten todavía; además de encarar los desafíos que genera el actual escenario de un entorno de trabajo en evolución.
Con el objetivo de lograrlo, se busca tratar los riesgos psicosociales, el bienestar mental, el calentamiento global, la transformación digital y el trabajo remoto. La legislación entrante proyecta una intervención superior de los empleados en los planes preventivos de las organizaciones, con el fin de garantizar su ejecución, y también establecer figuras territoriales de prevención para aquellas pymes de menor tamaño que no dispongan de representación sindical.
Asimismo, se disponen normativas más rigurosas acerca de factores cancerígenos, biológicos y químicos; avances en la documentación y el reporte de siniestros laborales y el listado de patologías profesionales. Un punto extra es fortalecer la actividad de la inspección de Trabajo e integrar la visión de género en la seguridad laboral.
Gran parte de las medidas estarán incluidas en un anteproyecto de ley que, al requerir la aprobación del parlamento, enfrentará dificultades para avanzar. La actual debilidad parlamentaria del Gobierno, con el PP alejándose habitualmente de las iniciativas que no cuentan con el respaldo de la CEOE, permite anticipar su voto negativo.
Es cierto que existen algunas acciones que pueden implementarse mediante reglamentos, sin necesidad de recurrir al Parlamento, pero el objetivo del Ministerio de Trabajo es que estas complementen el anteproyecto de ley, no que lo precedan. Por lo tanto, todo dependerá de cómo sea recibida la propuesta en el legislativo. A través de un reglamento se buscan incluir nuevas disposiciones para evaluar los riesgos psicosociales, obligando a todas las empresas a realizar este tipo de evaluación, así como una revisión sobre los impactos del cambio climático, particularmente la exposición de los trabajadores a condiciones meteorológicas.