El 11 de junio de 2024 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya. La norma extingue la responsabilidad penal de cientos de personas investigadas o condenadas por su participación en los hechos relacionados con el proceso independentista entre el 1 de enero de 2011 y el 13 de noviembre de 2023. Aunque los contextos históricos, jurídicos y políticos son muy diferentes, la aprobación de esta medida permite establecer un paralelismo con el final de la guerra de Secesión en 1652. El poder central, representado entonces por Juan José de Austria, prefirió entonces un perdón amplio a la represión generalizada.
Todo había empezado doce años antes como protesta contra los abusos de los tercios reales alojados en Catalunya durante la guerra franco-española. El conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, pretendía convertir el Principado en un frente militar y obligarlo a contribuir con hombres y recursos en proporción mucho mayor a la tradicional. Los excesos de las tropas desencadenaron el levantamiento popular del Corpus de Sangre, el asesinato del virrey conde de Santa Coloma y, en enero de 1641, la efímera proclamación de una república catalana bajo la presidencia de Pau Claris. Semanas después, Catalunya aceptó la soberanía de Luis XIII de Francia.
'El Corpus de Sang', de H. Miralles (1910)
El Principado quedó partido en dos, entre partidarios y enemigos del rey. Tras una larga contienda, Barcelona resistió un asedio implacable entre 1651 y 1652. Cuando finalmente se rindió, la ciudad era un cementerio: la población había caído de 40.000 a menos de 15.000 habitantes entre el hambre y una epidemia de peste. Un informe coetáneo describía a sus habitantes como “tan extinguidos que parecen difuntos”.
El encargado de recibir la rendición fue don Juan José de Austria (1629-1679), hijo natural de Felipe IV con la actriz María Calderón. Su primera decisión fue promulgar un Perdón General. Confirmó las Constituciones de Catalunya, restauró las instituciones tradicionales y mantuvo el sistema de insaculación para la designación de cargos, aunque la Corona se reservó la capacidad de aprobar previamente los nombres que entraban en las bolsas de sorteo, lo que le otorgó un control efectivo pero discreto sobre la vida política del Principado.
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No se instalaron guarniciones de tropas castellanas en el interior. Juan José actuó así porque sabía que, dado el amor de los catalanes por sus libertades, un exceso de rigor resultaría contraproducente. La clemencia no fue solo generosidad, sino una estrategia política calculada. Los resultados fueron notables. Durante las décadas siguientes Catalunya experimentó una rápida recuperación demográfica y económica. Las élites colaboraron activamente con la monarquía: financiaron compañías de soldados, prestaron dinero y ocuparon cargos en la corte. A cambio recibieron cientos de títulos de la pequeña nobleza.
En 1669, cuando Juan José organizó el golpe que derrocó al valido Nithard durante la minoría de edad de Carlos II, contó con el respaldo explícito de catalanes y aragoneses; fue la primera vez que los territorios de la antigua Corona de Aragón decidieron quién mandaba en el centro. De ahí que diversos historiadores consideren al hijo de Felipe IV como el artífice de una reconciliación que permitió medio siglo de estabilidad relativa. Joseph Pérez llegó a sugerir que, con él, “quizá se estaban gestando las condiciones para un poder de nuevo cuño, de carácter federalista”. Esta estabilidad se quebró en la guerra de Sucesión (1701-1714), cuando Catalunya se alzó contra Felipe V y el Decreto de Nueva Planta abolió sus instituciones propias.
Firma de Felipe V sancionando el decreto de Nueva Planta, por el que se reorganizaba el gobierno y administración de Catalunya tras la guerra de Sucesión
¿Qué paralelismos podemos establecer con la actualidad? Tras la declaración unilateral de independencia de 2017, el gobierno conservador de Mariano Rajoy suspendió temporalmente el régimen autonómico. Hubo que esperar al año siguiente para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez levantara la intervención. Para asegurar su investidura en noviembre de 2023, Sánchez pactó con Junts per Catalunya y Esquerra Republicana la aprobación de una ley de amnistía. La disposición extinguía la responsabilidad penal por delitos como malversación, desobediencia o prevaricación relacionados con la consulta del 9-N.
A diferencia del perdón real de 1652, que fue una prerrogativa unilateral del monarca, la amnistía de 2024 es una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales y sometida al control de constitucionalidad y a la aplicación judicial caso por caso. En ambos episodios, tras una crisis grave que cuestionó la unidad política, los gobiernos respectivos eligieron la vía de la gracia y la reintegración institucional antes que la sanción generalizada.
En ambos casos la decisión respondió también a necesidades políticas más amplias: Juan José de Austria necesitaba el apoyo de la periferia para sus proyectos en Madrid; Pedro Sánchez requería los escaños independentistas para mantener la mayoría parlamentaria.
Las diferencias, sin embargo, son abismales: una monarquía absoluta del siglo XVII frente a una monarquía parlamentaria del siglo XXI; una guerra con decenas de miles de muertos frente a un conflicto sin víctimas mortales; una prerrogativa real frente a una ley aprobada por representantes electos. No obstante, aunque la historia no se repite, a veces rima. El perdón de Juan José de Austria permitió medio siglo de convivencia relativamente estable. Si la amnistía de 2024 logra un efecto similar o, por el contrario, abre nuevas fracturas, es algo que solo el futuro podrá determinar.