La detención del hasta hace una semana alcalde de Estambul y líder de la oposición turca, Ekrem Imamoglu, ha encendido la chispa de la indignación social en Turquía, donde el gobierno de Recep Tayip Erdogan está reprimiendo con dureza las protestas en la capital del país.
El grupo Disk-Basin-Is, sindicato de profesionales de la información, denunció hoy que al menos ocho periodistas han sido arrestados en sus propias casas, y se suman así a las más de 1.133 personas detenidas por la policía en las manifestaciones llevadas a cabo desde el 19 de marzo. Así lo informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, quien agregó que 123 agentes de policía resultaron heridos durante las protestas y que se confiscaron materiales peligrosos como ácido, cócteles molotov y cuchillos.
La asociación asegura que esta medida busca limitar la cobertura de las protestas y la catalogó como un “ataque a la libertad de prensa y al derecho del pueblo a conocer la verdad”, dijo en un comunicado. “¡No se puede ocultar la verdad silenciando a los periodistas!”, escribió el sindicato y exigió la liberación inmediata de todos los periodistas.
Lee también
El ataque judicial del gobierno de Erdogan contra Imamoglu, que hasta ahora era considerado el único rival político capaz de vencer al presidente turco en las elecciones, llega en un momento especialmente sensible para Turquía: una gran parte de la población se ve afectada por una inflación galopante y una pérdida de poder adquisitivo. Todo ello combinado con la cada vez más autoritaria actitud del líder turco, quien planea reforma la constitución para mantenerse en un quinto mandato -dos como primer ministro y otros dos como presidente-.
Las autoridades vinculan sistemáticamente cualquier expresión de enfado pública con el terrorismo. “Algunos sectores han estado explotando el derecho a reunirse y manifestarse, intentando alterar el orden público, incitar disturbios callejeros y atacar a nuestra policía”, declaró Yerlikaya en sus redes sociales.
El ministro también afirmó que algunos de los detenidos fueron identificados como vinculados a grupos catalogados como organizaciones terroristas, mientras que otros tenían antecedentes penales. El político también hizo un llamamiento a la población que no cayera en “provocaciones”.
La causa penal contra Imamoglu, quien ha sido oficialmente destituido de su cargo al frente de la mayor ciudad de Turquía, se basa en la sospecha de dirigir una organización criminal, aceptar sobornos, extorsión, grabación ilegal de datos personales y manipulación de licitaciones. Él ha negado todos los cargos. También se desestimó una solicitud para encarcelarlo por cargos relacionados con el terrorismo, aunque aún enfrenta un proceso judicial.
El municipio había designado previamente a un alcalde interino del consejo gobernante. El político fue trasladado a la prisión de Silivri, al oeste de Estambul, mientras más de 1,7 millones de miembros de su partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), realizaron una elección interna, respaldándolo como su candidato presidencial. El partido afirmó que millones de no afiliados también votaron en una "votación solidaria.”
Junto a Imamoglu, otras 47 personas, la mayoría vinculadas a su partido, fueron encarceladas a la espera de juicio, entre ellos uno de sus principales asesores y dos alcaldes de distrito de Estambul, uno de los cuales fue reemplazado por un designado del gobierno. Más tarde, 44 de los detendidos fueron liberados bajo control judicial.
El líder del CHP fue elegido alcalde de la megaurbe -donde viven 16 millones de personas- en 2019, lo que implicó un duro golpe a Erdogan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que había controlado Estambul durante un cuarto de siglo. El partido de Erdogan intentó anular los resultados de las elecciones municipales, alegando irregularidades, y consiguió que se repitieran los comicios, aunque Imamoglu volvió a vencer y ganó legitimidad.
La represión de las actuales protestas ha provocado la indignación de la Unión Europea, que en su momento ya se mostró “preocupada” por la detención de opositores, y que esta misma mañana ha expresado su deseo de que “Turquía siga anclada a Europa, pero eso requiere un compromiso claro con las normas y prácticas democráticas”, según afirmó el portavoz de la Comisión Guillaume Mercier.
