La administración Trump está poniendo fin a los esfuerzos para lograr acuerdos de supervisión federal sobre los departamentos de policía de Minneapolis y Louisville, Kentucky, a pesar de que investigaciones gubernamentales previas concluyeron que ambas fuerzas violaban sistemáticamente los derechos civiles de personas negras.
En un importante retroceso en las investigaciones federales sobre derechos civiles, el Departamento de Justicia anunció este miércoles que también pondrá fin a las investigaciones y revocará las conclusiones sobre mala conducta en otros seis departamentos de policía, calificando dichas pesquisas —muchas iniciadas tras la ola de protestas mundiales por la justicia racial en 2020— como excesivas.
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“La microgestión federal de las policías locales debería ser una excepción poco común, no la norma”, declaró Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta a cargo de la División de Derechos Civiles del Departamento. Añadió que el control de las fuerzas policiales debe recaer en las comunidades, no en burócratas no electos.
Retirada de demandas
Dhillon indicó que su oficina buscará retirar las demandas pendientes contra las dos ciudades y revocar las conclusiones anteriores del departamento sobre violaciones constitucionales.
Este domingo se cumple el quinto aniversario de la muerte de George Floyd, un hombre negro asesinado por el agente blanco Derek Chauvin, quien se arrodilló sobre su cuello mientras Floyd suplicaba repetidamente que no podía respirar. El asesinato de Floyd, junto con el de Breonna Taylor, quien murió por disparos de la policía de Louisville durante la ejecución de una orden de registro sin previo aviso, desató protestas mundiales contra el racismo sistémico en la actuación policial, durante el último año del primer mandato del presidente republicano Donald Trump.
Los alcaldes de Minneapolis y Louisville han asegurado que continuarán aplicando las reformas pactadas en los acuerdos federales a pesar de la decisión del Departamento de Justicia.
Revocar las políticas de Biden
Las medidas anunciadas este miércoles deshacen en gran parte años de trabajo en materia de supervisión policial durante la administración Biden, y representan un repliegue del papel histórico del Departamento en la investigación y supervisión de cuerpos policiales con antecedentes problemáticos.
El abogado de derechos civiles Ben Crump, quien representó a las familias de Floyd y Taylor, denunció que: “El Departamento de Justicia no solo está deshaciendo las reformas, sino que está intentando borrar la verdad y contradecir los principios mismos de la justicia”.