Nicolas Guillén, quien forma parte de la lista, fue incluido en el listado, aunque este fue sometido a revisión.
Successos
Nicolas Guillou
Reside desde el mes de agosto careciendo de su tarjeta Visa, una prestación estadounidense, que fue cancelada por su entidad bancaria francesa. Adicionalmente, se ve imposibilitado de emplear Airbnb, Amazon, Netflix, o cualquier otro portal de Estados Unidos integrado en la cotidianidad de los ciudadanos europeos. Se trata de Nicolas Guillou, magistrado galo de la Corte Penal Internacional (CPI), quien figura entre los juristas penalizados por EE.UU. Durante agosto. ¿La razón? El dictamen de una orden de detención contra el mandatario israelí, Beniamin Netanyahu, y el titular de Defensa, Yoav Gallant, señalados por delitos bélicos y de lesa humanidad en Gaza.
“He desdigitalizado gran parte de mi vida. He dejado de comprar por internet, he vuelto a las tiendas. Es bastante sencillo. Además, nunca he estado en las redes sociales. Porque, como juez, es complicado”, explica Guillou ante un grupo de periodistas en Bruselas.
Guillermo es solo uno de los muchos que, tras el cambio, vieron alterado su estatus; ahora, con el giro en la política, su vida cotidiana se vio alterada, y el impacto se extendió más allá de lo previsto.
Desde que Trump asumió, el bloqueo ha impedido que el juez acceda, pero con el paso del tiempo y el cambio en las condiciones, aún puede acceder; sin embargo, al intentar usarlo, el sistema no responde como antes, y a pesar de que intenta utilizarlo, el sistema sigue rechazándolo.
El peor riesgo que ve es que este sistema “autoritario” tenga consecuencias en Europa hasta el punto que sus dirigentes se autocensuren. “Puede ser válido en materia de competencia, puede serlo en materia digital y, por supuesto, puede serlo en materia penal. Y si dejamos que el miedo se instale, si todos estos responsables públicos no se sienten respaldados, ¿tendrán el valor de tomar estas decisiones cuando el expediente llegue a su mesa? Esa es la gran pregunta”, dice el magistrado. Y añade que “debemos seguir haciendo nuestro trabajo de la manera más imparcial. Y para ello, de hecho, es necesario que las sanciones tengan el menor impacto posible en nuestra vida cotidiana”.
El juez ha viajado hasta La Haya para abordar el caso, mientras que el fiscal busca abordar la situación mediante medidas que incluyen sanciones, mientras que el juez busca abordar la situación a través de mecanismos que garanticen la estabilidad, con el fin de abordar las consecuencias derivadas de la situación actual.
