Rapsodia húngara
Newsletter 'Europa'
Ucrania, que ha entrado en el quinto año de guerra, puede entrar en quiebra si Budapest no levanta su veto a la ayuda de la UE
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Kyiv en 2024
Budapest trae ingratos recuerdos a los ucranianos. Allí se firmó, el 5 de diciembre de 1994, el Memorándum por el cual Ucrania cedió a Rusia todo el arsenal nuclear que la extinta Unión Soviética había estacionado en su territorio -unas 3.000 cabezas atómicas- a cambio de garantías sobre su seguridad y respeto a su soberanía e integridad territorial. El acuerdo, que lleva el nombre de la capital húngara, fue firmado por ambos países y por otros dos que actuaron como garantes, Estados Unidos y el Reino Unido (a los que luego se sumaron China y Francia). Como la Historia ha demostrado, fue papel mojado. Y no son pocos quienes piensan hoy que aquella cesión fue un suicidio.
Ucrania ha entrado en el quinto año de guerra -el pasado martes, 24 de febrero, se cumplieron cuatro años de la invasión rusa- sabiendo, pues, que los compromisos de Moscú no valen nada y las garantías de seguridad de Washington, apenas. Lo que hace que las actuales negociaciones para un eventual alto el fuego -promovidas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y lastradas por las exigencias maximalistas del presidente ruso, Vladímir Putin- se parezcan a un juego de engaños. Moscú hace ver que quiere la paz pero solo busca ganar tiempo. Y Kyiv lo sabe. Convertida en una guerra de desgaste, que se ha cobrado ya la vida de al menos 450.000 soldados (las dos terceras partes, rusos) según cálculos del Center for Strategic and International Studies (CSIS), y de 15.000 civiles, según la ONU, el conflicto tiene los visos de alargarse indefinidamente.
Hoy por hoy, ninguno de los dos contendientes parece en disposición de imponerse de forma incontestable en el campo de batalla. Rusia tiene el ejército más numeroso y potente, pero sus avances sobre el terreno son extremadamente lentos y exiguos, y empieza a tener problemas de reclutamiento. Ucrania, que ha demostrado una gran resiliencia y habilidad para afrontar al agresor, es más débil y está en peores condiciones, pero sigue resistiendo con tenacidad y no piensa rendirse. Como le expresó a nuestro compañero Xavier Mas de Xaxàs un joven capitán ucraniano en el frente de Kramatorsk: “Vamos a luchar hasta la derrota definitiva”. Todo indica, pues, que la guerra no terminará hasta que uno de los dos bandos desfallezca.
Si Ucrania no recibe el crédito de 90.000 millones de la UE, en abril puede entrar en quiebra
La resistencia de Ucrania, hoy más que nunca, depende de Europa. Los EE.UU. De Trump, tan comprensivos y conciliadores con el agresor ruso, han dejado de enviar ayuda a Kyiv y las armas que suministra son las que previamente han comprado -y pagado- los europeos. La UE consiguió, tras arduas negociaciones, un frágil acuerdo en diciembre pasado para habilitar -mediante una emisión de deuda conjunta- un crédito de 90.000 millones de euros para seguir financiando a Kyiv en 2026 y 2027. Acordado por los jefes de Estado y de gobierno de los 27 -a cambio de recurrir al mecanismo de cooperación reforzada y eximir de todo compromiso a los más renuentes: Hungría, Eslovaquia y la República Checa-, el crédito es fundamental para la supervivencia de Ucrania, que de no recibir el dinero en abril podría entrar en bancarrota.
En estas dramáticas circunstancias, y cuando ya solo quedaban pasos de trámite para aplicar el acuerdo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha decidido vetarlo (así como la aprobación del 20º paquete de sanciones contra Moscú, que esta vez incluía medidas para ahogar el transporte de petróleo ruso por el mar Báltico, negando a sus barcos todo servicio en sus puertos). No es la primera vez que Orbán, amigo declarado de Putin, veta o retrasa la ayuda a Ucrania. Pero esta vez ha sido recibido por sus homólogos europeos como una puñalada por la espalda. Y dejó en mala postura al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que viajaron el martes a Kyiv -en el aniversario del inicio de la guerra- con las manos vacías.
Las relaciones entre Ucrania y Hungría nunca han sido fáciles. La existencia de una importante minoría húngara en la provincia suroccidental ucraniana de Transcarpatia -que históricamente había pertenecido al Reino de Hungría- ha sido foco recurrente de tensiones entre el gobierno ultranacionalista de Budapest y el de Kyiv. Pero ha sido la guerra desencadenada por Putin hace cuatro años contra Ucrania -en la que Orbán ha tomado partido por Moscú- la que ha emponzoñado definitivamente las cosas. En este tiempo, Hungría se ha dedicado a poner palos en las ruedas continuamente en la UE, condicionando o retrasando las ayudas a Kyiv y las sanciones contra Moscú.
La razón esgrimida por el primer ministro húngaro para justificar su último veto es la interrupción del suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba (“Amistad”), que conduce a través de Ucrania crudo ruso hacia Hungría y Eslovaquia. Este último país, que dirige un aliado de Orbán, Robert Fico, ha amenazado a su vez a Kyiv con cortarle el suministro de electricidad de emergencia como represalia. Según el gobierno ucraniano, la interrupción en el envío de petróleo no ha sido un capricho sino producto de los daños causados en el oleoducto el mes pasado por un ataque ruso, aún no reparados. Pero ni Budapest ni Bratislava lo creen y sospechan que detrás del corte hay una intención política. Orbán y Fico acordaron el viernes constituir un comité conjunto para investigar la veracidad de las alegaciones ucranianas.
(La UE tiene el objetivo de reducir gradualmente la importación de petróleo ruso hasta cortarla definitivamente a finales del 2027, pero mientras tanto sigue gastando 20.000 millones anuales en ello, en gran medida debido a las compras húngaras y eslovacas.)
En un mensaje a través de la red social X el jueves, Viktor Orbán lanzó duros ataques contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien acusó de practicar una “política antihúngara” y de maniobrar “con Bruselas y la oposición húngara” para “llevar al poder a un gobierno proucraniano en Hungría”. Paralelamente, ordenó el despliegue del ejército en instalaciones energéticas clave sugiriendo que, tras bloquear el oleoducto, los ucranianos podrían estar preparando sabotajes.
Lee también
La sobreactuación de Orbán tiene una explicación: el próximo 12 de abril Hungría celebra elecciones legislativas y, por primera vez desde el 2010, el primer ministro húngaro se enfrenta al serio riesgo de perder el poder. Su principal rival, Péter Magyar, un antiguo aliado suyo en el Fidesz, al frente hoy del partido Tisza (Respeto y Libertad), está consiguiendo con un discurso proeuropeo y anticorrupción concentrar el voto de oposición hasta el punto de que los sondeos de opinión independientes le otorgan 10 puntos de ventaja. Acorralado, Orbán trata desesperadamente de cambiar la tendencia con un discurso tremendista, presentando a Hungría como un país en situación de emergencia atacado desde el exterior y para el que la verdadera amenaza no vendría de Moscú sino de Bruselas.
Un eventual relevo político en Budapest tendría un enorme impacto político en Europa y más allá. La derrota de Orbán rompería la progresión de las fuerzas políticas de corte autoritario e iliberal en la Europa del Este -que ya obtuvieron una primera derrota en Polonia en 2023-, privaría a la extrema derecha nacionalista de uno de sus líderes clave, daría un respiro a Ucrania y sería una sonora bofetada para los planes políticos de EE.UU. En el continente, que pasan por erosionar a la UE desde dentro promoviendo a las fuerzas soberanistas y ultraconservadoras. Hace diez días, en plena campaña electoral, el secretario de Estado, Marco Rubio, viajó a Budapest para explicitar su apoyo a Orbán: “El presidente Trump está profundamente comprometido con su éxito, porque su éxito es nuestro éxito”, declaró. Fácil deducir que significaría su derrota…
Mientras tanto, los 27 están desplegando toda su diplomacia y buscando todos los resquicios legales posibles para levantar cuanto antes el veto de Hungría. Porque el 12 de abril está cerca, pero para Ucrania puede ser demasiado tarde.
Aranceles: donde dije 15, digo 10. Después del severo correctivo infligido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos a Donald Trump al anular la mayoría de los aranceles aprobados en el llamado Día de la Liberación (por utilizar una vía legal inapropiada), el presidente norteamericano clamó revancha y -acogiéndose a otra norma- anunció nuevos aranceles generales a todo el mundo del 10%. Eso era el viernes de la semana pasada. Al día siguiente, sábado, le parecieron poco y anunció que subía al 15%, lo que al sumarse a tarifas ya existentes suponía de facto una vulneración del acuerdo comercial de Turnberry, alcanzado con la UE en Escocia en junio de 2025. Bruselas pidió explicaciones a Washington y el Parlamento Europeo decidió este lunes suspender temporalmente el proceso de ratificación del acuerdo. Pero una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace -sobre todo, con Trump- y, al final, en el decreto los aranceles -vigentes hasta el 24 de julio- se quedaron en el 10% inicial.
Mercosur, de entrada sí. Ursula von der Leyen comunicó ayer la decisión de la Comisión Europea de aplicar provisionalmente el acuerdo comercial firmado con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), una vez que el primero y el último ya lo ha ratificado oficialmente y a pesar de que el Parlamento Europeo rechazó aprobarlo e impugnarlo ante los tribunales europeos. Varios países, con Alemania a la cabeza -enormemente inquieta por el retroceso de sus exportaciones-, presionaban en este sentido, en contra de la oposición de los más renuentes, como Francia. Emmanuel Macron, lamentó públicamente la decisión de la presidenta del Ejecutivo comunitario: “Para Francia, es una sorpresa, una mala sorpresa, y para el Parlamento Europeo, es una falta de respeto”, declaró el presidente francés.
Urnas mirando al Ártico. Desde que regresó a la Casa Blanca hace un año, Europa gira en gran medida en torno a los caprichos de Donald Trump. Y no sólo los arancelarios. La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, anunció el jueves su decisión de adelantar unos meses las elecciones legislativas -previstas para el mes de octubre a más tardar- y convocar a los ciudadanos a las urnas el próximo 24 de marzo, argumentando que el panorama internacional ha cambiado y el país ha de prepararse para afrontar nuevos retos. El apetito de Trump por hacerse con la “propiedad” de la isla ártica de Groenlandia -perteneciente a la corona danesa-, hasta el punto de llegar amenazar con tomarla por la fuerza antes de conceder una inestable tregua, está detrás de esta decisión. Como también lo está de la convocatoria en Islandia -que teme ser la siguiente en la lista de Washington- de un referéndum para decidir si reanudan las c onversaciones para la adhesión del país a la UE, que Reikiavik abandonó en 2013. Así lo anunció el mismo jueves la primera ministra islandesa, la también socialdemócrata Kristrun Frostadottir, quien avanzó que la consulta se celebrará en los próximos meses. Las cosas se mueven cerca del Círculo Polar.
A vueltas con los embajadores. En el boletín de la semana pasada repasábamos los conflictos y polémicas que -combativos trumpistas- están creado los nuevos embajadores de EE.UU. Con sus -teóricos- aliados europeos. El representante diplomático de Washington en París, el consuegrísimo Charles Kushner, ya protagonizó un incidente el año pasado, al atacar al gobierno francés por su presunta inacción contra el antisemitismo. Esta vez, Kushner ha desairado al ministerio francés de Asuntos Exteriores al desoír una convocatoria del Quai d’Orsay para protestar por las declaraciones de la Administración Trump tras el asesinato de un militante ultraderechista a manos de extremistas de izquierda en Lyon. Vulnerando todos los usos diplomáticos, el embajador no acudió, a consecuencia de lo cual el ministerio ha decidido cerrarle todo contacto con funcionarios del Gobierno francés.
