Liberadas 15 víctimas de explotación sexual que fueron captadas en redes sociales
Suceso
Doce personas han sido detenidas en Baleares y dos en Catalunya
La Policía Nacional ha liberado a 15 víctimas de explotación sexual captadas por una organización criminal a través de anuncios en redes sociales, gracias a dos denuncias anónimas recibidas en el correo electrónico del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata y a la colaboración de una víctima fugada.
Según informó este sábado la Policía, la investigación ha desmantelado una red delictiva, mayoritariamente de origen asiático, que presuntamente se lucraba con la explotación sexual de las víctimas y con la venta de vigorizantes sexuales y sustancias estupefacientes. La operación ha contado con la colaboración de la ONG Our Rescue.
El entramado imponía a las víctimas un régimen de esclavitud, obligándolas a estar disponibles de forma permanente y controlando en todo momento su actividad. Además, eran forzadas a realizar servicios a domicilio, siendo trasladadas y vigiladas continuamente por los miembros de la red criminal.
Siete personas en prisión
La operación ha culminado con 14 personas detenidas en Baleares (12) y Barcelona (2), siete de las cuales han ingresado en prisión provisional. Asimismo, se han llevado a cabo 10 entradas y registros de inmuebles, decretándose la clausura de tres de ellos donde se ejercía la prostitución.
La operación ha permitido intervenir cinco vehículos de alta gama, 190.000 euros en efectivo, armas diversas (pistolas Taser y de aire comprimido, puñales, cuchillos, katanas y nunchakus), joyas, relojes, teléfonos móviles y otros artículos de lujo, además de abundante documentación sobre la actividad delictiva.
Información anónima clave
La investigación se inició en abril de 2025, mediante la información obtenida a través del correo '[email protected]' del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos. En este buzón se recibieron dos comunicaciones anónimas solicitando ayuda para mujeres de origen asiático recluidas en pisos de alterne.
De forma paralela, una de las víctimas, tras haber conseguido huir del local en el que la tenían recluida y obligada a ejercer la prostitución, acudió al cuerpo policial pidiendo auxilio. El resultado de las declaraciones y la colaboración de esta víctima resultó crucial para el inicio de la investigación.
Durante el desarrollo de la misma, las pesquisas policiales permitieron establecer una conexión con una operación policial desarrollada durante el año 2024, en la que se desmanteló parte de una red criminal dedicada a la trata de mujeres de origen chino con fines de explotación sexual en prostíbulos clandestinos.
En concreto, la propietaria de uno de los locales investigados en aquella ocasión figuraba como una de las principales cabecillas de la organización criminal ahora investigada, logrando finalmente la desarticulación total de este entramado criminal en la ciudad de Palma de Mallorca.
Captación y engaño
Las víctimas eran captadas mediante anuncios en las redes sociales y engañadas sobre la verdadera naturaleza de la actividad que iban a desempeñar, siendo obligadas a ejercer la prostitución. Algunas de ellas manifestaron que ya estaban en la península y otras que habían viajado desde China hasta España.
Aceptaban supuestas ofertas de trabajo como masajistas de carácter terapéutico, con un salario aproximado de 2.000 euros mensuales, o bien como cocineras o cuidadoras. La red criminal asumía los gastos del traslado, generando una deuda que las mujeres debían saldar ejerciendo la prostitución.
La organización se hacía cargo del traslado desde la península hasta la ciudad de Palma. Una vez en la isla, las víctimas eran recogidas y trasladadas hasta los prostíbulos, donde las obligaban a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Las mujeres no tenían libertad ambulatoria y estaban sin posibilidad de rechazar a ningún cliente, llegando a ser agredidas física y sexualmente. Además, eran obligadas a realizar servicios sexuales a domicilio e incluso sin preservativo, por lo que la organización cobraba más a los clientes.
Servicios sexuales incluso sin preservativo
Todas las ganancias generadas debían ser entregadas íntegramente a la organización, recibiendo únicamente el 50% de los beneficios restantes una vez descontados los gastos de alquiler y manutención. La red ofrecía a las víctimas la posibilidad de regularizar su situación administrativa en España a través de matrimonios fraudulentos.
Una vez regularizada su situación, la red utilizaba su identidad para dar de alta el acceso a suministros, cuentas bancarias o números de teléfonos, con el fin de ocultar la identidad de los principales investigados como responsables de los negocios de prostitución.
Los integrantes del entramado criminal también se lucraban con la venta de vigorizantes sexuales y sustancias estupefacientes a los clientes que acudían a los prostíbulos, lo que suponía un incremento considerable de sus ganancias. En uno de los tres prostíbulos investigados se ha constatado que, en el periodo de un año, los beneficios obtenidos ascendieron a 1.200.000 euros.
Igualmente, se ha podido constatar que la organización criminal llevaba un exhaustivo control económico de la actividad delictiva, utilizando distintas páginas web para interactuar con los clientes y ocultar la identidad de los cabecillas. Asimismo, se realizaban envíos de dinero a ciudadanos chinos encargados de efectuar el cambio de moneda a yuanes.