En los últimos meses los semáforos y postes de la luz de muchas calles y plazas de Barcelona se han convertido en soporte publicitario de grupos de avispados que se dedican a la compraventa de vehículos saltándose todas las normativas. Los carteles plastificados, todos con un mismo diseño, tipografía y color pero con diferentes números de teléfonos de contacto, se habían convertido de la noche a la mañana en un elemento más, a todas luces distorsionador, del paisaje urbano de la capital catalana hasta que el Ayuntamiento, atendiendo a la denuncia de algunos vecinos, ha decidido tomar cartas en el asunto y acabar con esta práctica ilegal.
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Los carteles proliferaron en los últimos meses y no solo en una zona determinada de la ciudad. Aparecieron por igual en Pedralbes que en Nou Barris o en el Eixample. En algún cruce de calles, como en el de avenida Diagonal con Muntaner, fueron colocados del modo más grosero en las cuatro esquinas. Y así permanecieron hasta que hace unos días la autoridad municipal decidió pasar a la acción.
Otro cartel anunciador, en este caso en la calle Aragó
Fuentes municipales apuntan que se está realizando un seguimiento de esta incidencia, y que tal y como se lleva a cabo cuando se detecta la colocación de carteles que incumplen la ordenanza de la convivencia en el espacio público –actualmente en proceso de modificación– se abre un expediente sancionador. Así ha sucedido ya en más de medio centenar de casos, incluidos una decena considerados graves por la acumulación de carteles y por haberse efectuado de manera continuada.
El barrio de Pedralbes tampoco se libró de los carteles plastificados
La ordenanza del civismo prohibe la colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de publicidad, anuncio o propaganda fuera de los lugares expresamente habilitados por la autoridad municipal para ello. Quien incumple esta normativa puede ser sancionado con multas de entre 120 y 750 euros, si la infracción es calificada como leve, y de entre 751 y 1.500 euros, en los casos considerados graves. Las personas que colocan incorrectamente un cartel o las empresas que han contratado la difusión han de responder directa y solidariamente de las infracciones cometidas.
