Inmigración: 8 millones y dos retos

Cuesta recordar otro momento en que Europa hubiera hablado tanto de inmigración y, al mismo tiempo, hubiera esquivado tanto afrontarla. Hablamos de un fenómeno determinado por fuerzas que desbordan cualquier frontera administrativa y que ninguna legislación puede frenar del todo. En este escenario, los partidos de gobierno han aplazado un debate que sabían imprescindible pero incómodo. Y en lugar de abordar qué modelo necesitamos, a menudo se han limitado –en el mejor de los casos– a discutir cuestiones estrictamente burocráticas.

En este silencio –o quizá renuncia– los extremismos han encontrado su oportunidad. Han ocupado el espacio abandonado con diagnósticos y soluciones simplistas y han convertido un reto profundamente complejo en un auténtico campo de batalla emocional. A esto se añade la confusión vinculada al hecho que muchas de las problemáticas atribuidas a la inmigración tienen, a menudo, la raíz en un modelo económico precarizado desde hace décadas y en unos servicios públicos debilitados por déficits estructurales que preceden cualquier flujo migratorio. 

El reto está claro: hay que volver a situar la inmigración en el terreno del rigor y de la verdad, incluso cuando es incómoda. Y es en este punto donde Catalunya se tiene que mirar en el espejo. El país tiene por delante dos grandes tareas que marcarán su futuro. La primera, definir sin ambages qué modelo de inmigración quiere, puede y necesita. La segunda, todavía más decisiva, integrar a los ocho millones de personas que ya convivimos en el Principado.

Catalunya ha sido siempre tierra de acogida, pero también es –y debe seguir siendo– tierra de orden, de ambición y de proyecto. Y un país que se toma en serio su futuro sabe que la inmigración se tiene que planificar. Aquí radica el punto esencial. Necesitamos un modelo que vincule la llegada de personas a las necesidades reales del país –demográficas y laborales–, pero también a las capacidades efectivas de acogida, condicionadas por la sostenibilidad de los servicios públicos y la cohesión social. Este es el debate que, como ciudadanos, nos hemos ganado el derecho a exigir. 

Catalunya necesita una política de integración que sea efectiva, no declarativa. De aquí deriva la demanda –imperiosa– de un modelo basado en la corresponsabilidad, con una arquitectura clara de derechos y deberes: planificar los flujos de entrada, gestionar con rigor también los de salida, garantizar derechos básicos para todas las personas que llegan legalmente y, al mismo tiempo, reservar el acceso progresivo a los derechos sociales a una contribución efectiva a las arcas públicas y a un proceso real de arraigo: conocimiento de la lengua y de la cultura, y adhesión a los valores democráticos. Eso no es exclusión; es construir sociedad. Es lo que hacen los países que mejor integran.

Y, sin embargo, el verdadero desafío es –como decía al principio– integrar a quienes ya están. Catalunya no es solo un lugar; es un proyecto. Un proyecto construido en torno a una lengua, a unos valores y a un sentido compartido de futuro. Y eso exige superar el miedo a afrontar debates que algunos han evitado y otros, pervertido. Llegados aquí, resuena con claridad renovada una frase del presidente Pujol: “No se puede hacer política de inmigración desde el miedo ni desde el rechazo, sino desde la responsabilidad y la voluntad de integración”. Este es el trabajo. No hay ninguno más urgente. No hay ninguno más trascendente. El país se lo merece.