Apartur y agrupaciones del sector hotelero realizan gestiones de presión con la intención de que Barcelona “regule, y no prohíba”
Acto en el Círculo Ecuestre
Un análisis revela que la disponibilidad de viviendas de uso turístico no ha derivado en una subida sustancial en las rentas mensuales durante el periodo reciente.
Umberto Salerno (en calidad de moderador), Enrique Alcántara, Kike Sarasola, Pablo Molina y Gonzalo Bernardos
“No existe relación entre las viviendas de uso turístico y el aumento del precio de los alquileres de Barcelona”. Este lema, reiterado en numerosas ocasiones, constituyó el eje central del evento El impacto real de eliminar los pisos turísticos, que tuvo lugar en el Círculo Ecuestre durante la matinal de este martes. Dicha situación se produce en un escenario definido por la determinación de la administración de Jaume Collboni de suprimir para el 2028 la totalidad de los permisos de apartamentos vacacionales en la urbe; una iniciativa orientada, de acuerdo con el Consistorio, a enfrentar la problemática habitacional.
El acto se inició con la explicación de un análisis desarrollado por PwC junto a Apartur, el cual defiende que la existencia de apartamentos vacacionales no ha provocado un encarecimiento notable de las rentas en los diez años. Tras esto, el diálogo reunió a cuatro expertos de los ámbitos económico, comercial y jurídico, ante una audiencia que incluía a representantes de las agrupaciones municipales de Junts, PP y Vox.
Según Enrique Alcántara, quien preside Apartur, Barcelona se convertirá desde el año 2028 en “una ciudad menos accesible, menos competitiva y más pobre, y todo ello sin haber resuelto el problema de la vivienda”. Alcántara señalaba que eliminar los permisos implicaría prescindir de aproximadamente el 40% de la oferta de hospedaje para turistas en Barcelona, algo que, en su opinión, afectará directamente a las familias viajeras y al coste de las habitaciones de hotel, las cuales “se disparará”. Asimismo, avisaba sobre una repercusión financiera mayor, calculando la desaparición de cerca de 40.000 empleos y la posibilidad de que la urbe sea excluida de las principales citas mundiales: “No se podrá celebrar un Mobile World Congress o un Primavera Sound”, ha augurado.
Bajo una visión corporativa, Kike Sarasola, presidente de Room Mate Hotels, ha subrayado la importancia de las peticiones del mercado. “Hace diez años empecé a hacer apartamentos turísticos porque el cliente me lo pedía”, indicó, al tiempo que dudaba de si el Ayuntamiento gestiona adecuadamente la información de la que dispone: “¿Alguien les ha mostrado estos datos? Igual no saben leer...”. Con todo, aceptó que el sistema admite modificaciones: “Creo que algunos alojamientos turísticos se tienen que regular de otra manera; por ejemplo, evitando mezclar vecinos y pisos turísticos en un mismo edificio...”.
La revisión jurídica fue efectuada por Pablo Molina, experto en Derecho Urbanístico de Garrigues, quien advertía sobre las repercusiones legales de la orden. Bajo su criterio, Barcelona se arriesga a transformarse en una localidad “menos variada” bajo la perspectiva del urbanismo, pero, principalmente, de “generar inseguridad jurídica”. “Se habían otorgado licencias indefinidas y ahora resulta que eran temporales; eso es una trampa”, afirmó. Molina avisaba que tal antecedente podría trasladarse a diversos ámbitos vinculados a autorizaciones: “Ya no son títulos habilitantes estables, lo son hasta que el gobernante decida otra cosa”. Esa percepción de interinidad, sumaba, aporta una vulnerabilidad que “empobrece la ciudad y su diversidad económica”.
El experto en economía Gonzalo Bernardos se ha mostrado sumamente severo frente al “relato político” que, según su visión, ha predominado recientemente. “Los comunes han instaurado la idea de que los alojamientos turísticos suben el precio del alquiler”, manifestó, para después contrastar datos: en las zonas más humildes de Barcelona, los apartamentos vacacionales no llegan al 0,3% del total inmobiliario, y justamente en esos puntos es donde más se ha encarecido el arrendamiento bajo la gestión de Ada Colau. Bernardos se refirió a una “cruzada contra el turismo”, expresando un firme rechazo a la posibilidad de que Barcelona acabe transformada en “una ciudad de provincias sin actividad económica”.
Durante la discusión se trataron igualmente temas tales como la “turismofobia” y la “masificación”. Sarasola admitía que existen escenarios complejos, como el arribo conjunto de embarcaciones turísticas a puntos saturados, aunque recalcó que “los políticos nos culpan a nosotros y eso es injusto”. El remedio, sostiene, consiste en “cupos y regulación”, en lugar de “prohibiciones generales”. Bernardos compartía la visión de optimizar la administración de las corrientes turísticas y sugirió crear “nuevas atracciones turísticas” con el fin de repartir a los turistas por la urbe.
Cuando los asistentes le preguntaron sobre la trayectoria jurídica que podría seguir esta norma, Molina destacó que, legalmente, se presentan dos alternativas: “La exigencia de renovación de prórroga de estas licencias y la lucha contra su extinción”.
“Y unas elecciones por en medio”, ha añadido un concejal desde la bancada.