El pleno del Congreso de los Diputados ha aceptado tomar en consideración la proposición de Ley sobre la preservación de los conjuntos urbanos costeros tradicionales, como los clubs de playa. Una iniciativa que permitiría la subsistencia de estas entidades ahora amenazadas por una demarcación de Costas que apuesta por la demolición de 44 de ellos.
El texto presentado por el PP y votado por la mayoría de diputados, con la excepción de los partidos de gobierno, refiere que las edificaciones de baja densidad ubicadas en el dominio marítimo terrestre forman parte de l entorno paisajístico y están asociadas a un modo de vida marinero. Con ello, se pretende modificar la disposición adicional undécima de la ley de costas para establecer “el abrigo legislativo para esos núcleos urbanos” protegidos en muchos casos ya que se reconocen como valores propios, por lo que la mayoría de los cuales ya son Bienes de Interés Local.
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Por otro lado, enmiendas paralelas a la Ley de Costas impulsadas por el grupo parlamentario de Junts siguen su curso. El grupo catalán ha apoyado la proposición. del Partido Popular, con ánimo de paralizar los expedientes de derribo auspiciados. por la Demarcación de Costas del Estado. Pese a ello, tal como reconoció el diputado catalán, Isidre Gavin “no ponemos demasiadas esperanzas en que prospere” ya que el gobierno socialista, ante una iniciativa que no pueden ganar “se enrocan y evitan que progrese”.
Por su parte, la Federació Catalana de Vela, que aglutina las iniciativas de los clubs de playa, considera la proposición “como un paso importante” aunque discrepa de la argumentación del PP porqué los clubs náuticos no pueden limitar su actividad a los 760 m2 que fija la nueva normativa y reclaman estructurar los espacios en función de las necesidades de cada entidad. “No imaginamos la Base Náutica de Barcelona en un espacio de 700 metros” ejemplifican desde la entidad.
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La proposición de ley, una vez superado el debate, se remitirá a la comisión competente y se abrirá el correspondiente plazo de enmiendas a la totalidad y al articulado. Una vez celebrado el debate, la iniciativa continuará su tramitación en el Congreso y si se aprueba, se remitirá al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria.
La modificación de la ley se refiere a que los bienes declarados de interés cultural situados en dominio público marítimo-terrestre quedarán sujetos al régimen concesional previsto en la Ley, a cuyo efecto la Administración otorgará la correspondiente concesión. A los bienes declarados BCIL o BCIN se les aplicará las medidas derivadas de dicho régimen.
De prosperar la modificación de la Ley, los conjuntos declarados bienes culturales , serán excluidos del dominio público marítimo terrestre mediante la práctica de un deslinde que los excluya y se regirán por el régimen de los terrenos incluidos en zona de servidumbre de protección, previo acuerdo con el Ministerio que tenga la competencia en costas y tras el reconocimiento en el Catálogo de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma correspondiente.
