El Defensor del Pueblo comienza una investigación reciente sobre cuatro residencias privadas para la tercera edad que disponen de plazas concertadas en Madrid.
Asistencia geriátrica
Dichas instalaciones se encuentran situadas en Leganés, Villanueva de la Cañada, Madrid y Alcalá de Henares.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha puesto en marcha dos actuaciones vinculadas con la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, inició ayer un procedimiento de oficio, es decir, una indagación, dirigida a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid con el fin de solicitar datos acerca de cuatro centros para mayores gestionados de forma privada, aunque disponen de plazas subvencionadas en el territorio.
Se refiere a la residencia para la tercera edad Geroplan El Encinar, emplazada en Leganés; Bouco Villanueva de la Cañada, situada en ese municipio; Amavir Usera, en la capital y Domus Vi Espartales, en Alcalá de Henares.
Siguiente intervención, posterior a la de noviembre.
Este procedimiento representa la segunda fase de una investigación previa iniciada durante el mes de noviembre del ejercicio anterior relativa a cinco centros de titularidad pública que habían acumulado múltiples reclamaciones. Dentro de aquel análisis inicial se incluían tres situadas en la ciudad (Residencia para personas mayores Nuestra Señora del Carmen, Doctor González Bueno, Gran Residencia), además de la Residencia de Colmenar Viejo y la Francisco de Vitoria, localizada en Alcalá de Henares.
Las reclamaciones presentadas acerca de los nueve centros residenciales tratan sobre “falta de personal que redunda en una asistencia deficiente para los residentes y la imposibilidad de ofrecer los cuidados básicos, respecto a aspectos como la higiene, la vigilancia de la salud o la administración correcta de medicación”, de acuerdo con portavoces autorizados de la entidad. Asimismo, se expone “la escasez de productos básicos, una alimentación inadecuada, deficiencias en las instalaciones y mal mantenimiento de las mismas, limpieza deficiente de habitaciones y zonas comunes, así como insuficiencia o falta de actividades para los residentes”.
Por otra parte, las reclamaciones que Gabilondo obtuvo acerca de dichas instalaciones revelaban que “no reciben respuesta a sus reclamaciones y que no se producen suficientes inspecciones”.
Debido a que el Gabinete de Isabel Díaz Ayuso no aportó aclaraciones sobre el primer suceso, el organismo encabezado por Gabilondo remitió la petición inicial el pasado 19 de enero para demandar datos acerca de la administración de esos cuatro complejos públicos.
La intervención efectuada ayer “es similar a la de noviembre, pero en esta ocasión sobre residencias privadas con plazas concertadas”, indican voces de la institución. Por ahora, el personal de Gabilondo aguarda “la respuesta de la Administración” del expediente abierto el pasado año.