Los cinco alcaldes del Maresme Sur en cuyos municipios está previsto que se lleve a cabo el proyecto inicial de pacificación de la carretera N-II mantuvieron ayer una reunión para acordar elevar su más enérgica protesta ante el departament de Territori i Sostenibilidad. Reaccionan indignados a la propuesta de la Generalitat de mejorar los materiales que se emplearán en la obra por copago, “a cargo de las finanzas municipales”.
Los ediles de Montgat, el Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar y Cabrera de Mar, no están dispuestos a un dispendio suplementario para la pacificación de la N-II y reclaman que exista una uniformidad en las actuaciones y en el diseño. Por ello, reclaman ser atendidos por el Secretari de Mobilitat, Manel Nadal.
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Si bien muestran su conformidad con el proyecto elaborado por Batlle i Roig, que llevaban esperando más de 17 años, les sorprende muy negativamente que la Generalitat opte por requerir una aportación municipal suplementaria y cuantiosa si se pretenden mejorar los elementos que conformarán el diseño de la nueva vía urbana pacificada.
Los ayuntamientos de la comarca costera se niegan rotundamente a aportar fondos municipales a una obra que debía haber ejecutado la Generalitat hace años y que se paralizó en parte por el desvío de los primeros 97,6 millones que transfirió el Ministerio, que se destinaron a sanear deudas en temas de Vivienda, que nada tenían que ver con la urbanización de la N-II.
Cabrera de Mar debería abonar un millón de euros para tener materiales premium
Un ejemplo paradigmático seria el municipio de Cabrera de Mar, el más pequeño de los cinco en conflicto. Con una extensión de 9,02 km2 y 5.000 habitantes, la N-II transcurre a lo largo de tres kilómetros por su término municipal. Su alcalde, Óscar Fernandez, reconoce que “deberíamos invertir un millón de euros” del que ahora no disponen, si decidiesen optar por la propuesta de la Generalitat de “mejorar el proyecto con materiales premium”.
Los alcaldes, lamentan la opción presentada por la Generalitat y pedirán que la administración evite criminalizar a los municipios con menos recursos económicos, en una obra que “debería tener un diseño único y uniforme” en todas las poblaciones.
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Un problema añadido, según los alcaldes, es que una vez finalizada la obra de pacificación, la carretera N-II pase a ser una vía urbana cuya titularidad podría ser transferida a los municipios. “Con los recursos municipales actuales no podemos mantener una nueva calle como la N-II” con los costes de mantenimiento que supone. De ahí que exijan a la Generalitat que también transfiera los fondos para su mantenimiento.
“No aceptaremos el proyecto de pacificación si se nos somete a este tipo de chantajes” apuntan algunos ediles, ya que se impondría “una carga que ahogaría aún más las finanzas municipales”. Critican que con esta propuesta la Generalitat intente que “al gobierno catalán la pacificación de la vía del Maresme le suponga un coste mínimo”. Además, deploran que el Govern de Salvador Illa no tenga en cuenta que “si debemos pagar para la pacificación y el mantenimiento de la N-II nos veríamos obligados a aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos” lo que juzgan intolerable
