El Gobierno vasco ha cerrado en las últimas 24 horas dos acuerdos clave con el Ejecutivo central, encauzando dos cuestiones estratégicas. Si este martes lograba un compromiso de calado relativo a la política industrial, con la autorización de alrededor de 5.000 megavatios más para la red eléctrica vasca en los próximos cinco años, este miércoles la noticia es el traspaso a Euskadi de la gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez cumple de esta manera con el PNV y con su gran referencia institucional, el lehendakari, Imanol Pradales, permitiendo a los nacionalistas vascos remarcar su rol de formación útil para la defensa de los intereses vascos en Madrid y engrasando su relación con uno de los pilares de la legislatura.
Unos 822 millones
En primer lugar, el traspaso de la gestión de las prestaciones y subsidios de desempleo supone un avance de calado en el objetivo del PNV de ver cumplido esta legislatura el Estatuto de Gernika. Llega tras una larga negociación y después de que en julio, cuando el acuerdo parecía muy próximo, la negociación terminase frustrándose.
El traspaso se hará efectivo antes de final de año y permitirá al Gobierno vasco contar con una ventanilla única para gestionar tanto las políticas activas de empleo como las pasivas, estas últimas dependientes hasta ahora del Ejecutivo central. En consecuencia, Euskadi asumirá, a través del Servicio vasco de Empleo-Lanbide, la gestión de 30 oficinas del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), en las que actualmente trabajan 534 personas.
El Gobierno vasco se convertirá de esta manera en el primer ejecutivo autonómico en gestionar la prestación contributiva del paro (dirigida a quienes tienen 360 días o más cotizados por desempleo y han perdido el trabajo o han reducido su jornada) y el subsidio de desempleo (de naturaleza asistencial y dirigido a quienes hayan agotado el paro, así como a colectivos vulnerables). En este momento, alrededor de 31.000 vascos cobran la prestación y unos 20.000 perciben el subsidio de desempleo. En total, el Ejecutivo vasco pasará a gestionar 822 millones.
Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social subrayaron que el traspaso “respeta” la caja única del sistema de Seguridad Social.
La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha valorado positivamente que se hayan podido superar los obstáculos para alcanzar un acuerdo, cumpliendo así el pacto entre el Gobierno español y el Ejecutivo vasco. “Esperábamos haber cerrado esta cuestión en la reunión bilateral del mes de julio; sin embargo, no fue posible, hemos redoblado los esfuerzos negociadores y eso ha servido para que, por encima de las dificultades, las posturas hayan acabado confluyendo”, ha señalado.
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En su intervención ante los medios, ha destacado que el acuerdo alcanzado supone un hito, “cerramos el círculo y desde Euskadi nos haremos cargo no sólo de las políticas activas, sino también de las políticas pasivas de empleo correspondientes al bloque de la Seguridad Social en los términos que recogía el Estatuto de Gernika de 1979. Además de la importancia del paso que hemos dado hoy - ha continuado-, podemos decir que empezamos a ver la luz al final del túnel después de 46 años de incumplimiento del compromiso estatutario”.
Aire para la industria vasca
Este acuerdo llega pocas horas después de que el Gobierno vasco lograse ese compromiso para permitir más megavatios para la saturada red eléctrica de la que se nutre la industria vasca. En la práctica se pasará de los 12.000 MW actuales a 17.000 MW (un 41,7% más). El Ejecutivo vasco pedía llegar a los 18.000 MW, aunque la satisfacción en Ajuria Enea tras el acuerdo del martes es plena.
No en vano, desde que accedió al cargo hace 15 meses, el lehendakari Pradales había buscado hacer bandera de la defensa de la industria vasca. Sin embargo, este objetivo se había encontrado con obstáculos de calado: la crisis de la industria alemana, la inestabilidad en Francia –principal destino exportador de la industria vasca–, la política arancelaria de la Administración norteamericana y, especialmente, la saturación de la red eléctrica.
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En un momento en el que la descarbonización de la industria vasca coincide con la llegada de proyectos ligados a la nueva economía, la demanda de megavatios ha desbordado la oferta existente. Con una saturación del 100% en Bizkaia y Álava, y del 98% en Gipuzkoa, la situación es crítica y está impidiendo la puesta en marcha de nuevos proyectos industriales. De hecho, fuentes conocedoras del sector industrial vasco apuntan a que esta saturación preocupaba más que el incierto horizonte arancelario. Ahora, la respuesta positiva del Ejecutivo central da aire al Gobierno de Imanol Pradales.
