La Ertzaintza inspecciona el Ayuntamiento de Getxo, ¿qué se oculta tras el ‘caso palacete’?

Posible prevaricación

Las autoridades judiciales analizan la destrucción completa y sin el permiso correspondiente de un palacete para levantar 12 residencias exclusivas a manos de una empresa constructora en la que participaban dos concejales.

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Efectivos de la Ertzaintza han inspeccionado el inmueble de Santa Clara que alberga las dependencias del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo. 

Miguel Toña / EFE

Las Claves

  • La Ertzaintza registró las oficinas del Ayuntamiento de Getxo para obtener datos sobre la demolición ilegal de la mansión protegida Irurak Bat.
  • El

Diversos efectivos de la Ertzaintza han accedido este miércoles a oficinas del Ayuntamiento de Getxo con el objetivo de obtener datos vinculados al ‘caso palacete’. Dichas inspecciones se han realizado bajo mandato de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, el cual analiza la demolición completa hace año y medio de una mansión construida hace 180 años y que contaba con protección patrimonial. Un par de ediles del Ayuntamiento, los dos pertenecientes al PNV, se encuentran supuestamente vinculados a la empresa de construcción que planeaba levantar 12 viviendas de lujo en la parcela de la antigua edificación.

Las inspecciones se han desarrollado durante toda la franja matinal en diversas oficinas del Ayuntamiento del municipio, y alrededor de las 13:00 horas tres oficiales se han desplazado a la próxima jefatura de la Ertzaintza portando múltiples cajas con documentación vinculada a la investigación.

El consistorio de Getxo, dirigido por el PNV junto al PSE, ha comunicado que se halla “prestando colaboración activa y plena” en las pesquisas referentes a la demolición de la mansión catalogada Irurak Bat. “Se ha actuado conforme a la legalidad en lo que depende del Ayuntamiento. No nos consta ninguna irregularidad”, ha remarcado la mandataria, Amaia Agirre.

Las claves del caso

El denominado ‘caso palacete’ se vincula a la demolición ocurrida en agosto de 2024 de la mansión Irurak Bat, construida originalmente en 1845 en la vía San Nicolás del distrito de Algorta. El inmueble disponía de una categoría de resguardo municipal que autorizaba una destrucción fragmentaria, pero no íntegra, y la Justicia analiza si los responsables públicos habrían incurrido en una supuesta prevaricación al consentir su desmantelamiento completo.

En una vertiente, se rastrea si empleados públicos o mandatarios prevaricaron al tomar resoluciones con pleno conocimiento de su carácter ilícito. De igual modo, se estudia una posible infracción contra el patrimonio histórico por haber demolido el palacete por completo, cuando el amparo del inmueble y el dictamen municipal exigían conservar una fracción de la construcción.

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Agentes de la Ertzaintza han realizado un registro en el edificio de Santa Clara que acoge las oficinas del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo. 

Miguel Toña / EFE

La finalidad del derribo consistía en despejar el terreno para la construcción de 12 residencias exclusivas, mediante la sociedad cooperativa Ereaga Atalaya. El punto fundamental reside en que en dicha entidad tomaban parte los representantes del PNV en el consistorio municipal Inazio Uriarte Gorostiaga e Irantzu Uriarte Gómez. Los dos concejales mantienen una relación sentimental y encabezan los departamentos de Hacienda e Intervención, así como el de Cultura y Euskera, de forma respectiva.

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Agentes de la Ertzaintza, tras concluir la revisión en el edificio de Santa Clara que acoge las oficinas del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo. 

Miguel Toña / EFE

La regidora de Getxo, Amaia Agirre, ha comunicado “un mensaje de transparencia y responsabilidad institucional”. “El expediente de San Nicolás 11 ha sido tramitado correctamente, siguiendo los procedimientos habituales, con revisión del personal técnico competente y los informes necesarios”, ha manifestado.

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De igual manera, ha mencionado que, al demolerse una sección del inmueble “sin el permiso” respectivo, “se paralizó la obra de inmediato y se abrió el expediente sancionador a la empresa”. “Es decir, cuando se detecta un incumplimiento, se actúa”, ha precisado.

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