Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo están a la greña. Sin embargo, esta disputa permanente no impidió un acuerdo en junio de este año para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la Comunidad Valenciana, este tipo de acuerdos entre partidos del otro bando ideológico -necesarios para, por ejemplo, renovar los órganos estatutarios caducados desde hace años- parecen utópicos. “En este momento, es imposible”, apuntaba ayer un dirigente socialista a este periódico. El mismo día, el síndic de Compromís, acusaba a PP y a Vox de censurar una propuesta suya para debatir en Les Corts la dimisión de Mazón -que los nacionalistas llevan semanas pidiendo- y de “asaltar” la televisión autonómica con el nombramiento del nuevo consejo de administración.
El proceso para elegir a los futuros miembros de este órgano de gestión de À Punt ha evidenciado que los acuerdos entre el bloque de la derecha y el de la izquierda están lejos de lograrse. PSPV y Compromís renunciaron siquiera a poner nombres sobre la mesa para la nueva televisión, pese a que de haberlo hecho hubieran tenido representación, aunque mínima, en el nuevo consejo. Si ni siquiera así -no tenían nada que perder- se han avenido a negociar, ¿cómo van a hacerlo para renovar unas instituciones donde todavía tienen mayorías fruto de sus años de gobierno?
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La tensión en la política valenciana no ha desaparecido en toda la legislatura, pero la gestión de la DANA ha añadido incluso más decibelios al ruido habitual. Al principio parecía que podría haber algún tipo de acercamiento a la hora, por ejemplo, de intentar negociar y aprobar unos presupuestos pensados para la reconstrucción. Sin embargo, los constantes reproches cruzados entre partidos y administraciones ha embarrado aún más el escenario político impidiendo los acuerdos. Ahora cualquier negociación pasa por la dimisión previa de Carlos Mazón.
Esta semana es un buen ejemplo. El lunes PP y Vox proponían a sus siete candidatos al consejo de administración de la televisión. Ayer, PSPV y Compromís hablaban de “secuestro” y “asalto” a la televisión autonómica y vaticinaban que la cadena acabaría como Canal 9, la antecesora. Apuntaban que no era el momento de hacerlo en plena DANA y los grupos conservadores les recordaban que, el miércoles 30 de octubre, en plena tragedia y con el recuento de los primeros muertos, ellos sí que habían sacado adelante en el Congreso la reforma de RTVE, con la ausencia de PP y Vox, que criticaron la celebración del Pleno por la DANA. Argumentos cruzados.
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Sin atender a las críticas, PP y Vox ya han previsto para el pleno de la semana que viene la votación de sus candidatos al consejo de administración de la televisión. Se hará, junto con el resto de votaciones, el jueves 19 de diciembre, cuando acabe el pleno ordinario con la previsión de que, cuando no salga en primera votación, se pueda hacer una segunda en la que bastará la mayoría absoluta. Esto será posible después de que la nueva normativa aprobada por estos dos mismos partidos en julio del año pasado así lo estableciera.
Por si cabía añadir más tensión, la Mesa de Les Corts se acogía a la solicitud previa de un informe jurídico para evitar debatir en el próximo pleno la propuesta de Compromís que quiere que cada diputado se posicione respecto a la posible dimisión de Mazón. Un “circo”, según Vox, un “sainete”, según el PP, que se aplaza hasta el año que viene. Un 2025 que empezará con una negociación presupuestaria para la que, a día de hoy, el PP no puede ni siquiera contar con los de Abascal después de que Vox rompiera las negociaciones a nivel general. Por cierto, todo este proceso lo contará una televisión con sus mandos ya renovados.
