El pleno del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la semana realizó un dictamen sobre la consulta a los padres para elegir la lengua base de la educación de sus hijos que generó fuertes discrepancias en el seno de esta institución, órgano consultivo supremo del gobierno valenciano en materia jurídica. Tanto es así que al dictamen aprobado se le hicieron dos votos particulares que mostraban su disconformidad con una de las observaciones esenciales realizadas a la orden de la Conselleria de Educación que regula y convoca el procedimiento de consulta a los representantes legales del alumnado para elegir la lengua aplicable a partir del curso escolar 2025-2026.
Y es que el pleno del CJC alertaba en el análisis general de la orden del conseller Rovira que no concretaba qué sucederá “cuando exista una demanda de alumnado suficiente para constituir una unidad, cuyos representantes hayan elegido el valenciano como lengua base, y no exista oferta suficiente de puestos escolares en dicha lengua base”. El Jurídic subraya que “si tras la consulta, los representantes legales han optado por el valenciano como lengua base en una zona de predominio lingüístico castellano, con una demanda suficiente para constituir una unidad (grupo de clase) pero en el Centro escolar no hay 'oferta suficiente de puestos'”, no se concreta que pasará con esos alumnos. La norma únicamente señala, destaca el dictamen, que la administración educativa “adoptará” las medidas oportunas para satisfacer dicha demanda. Sin más concreción.
El CJC afea que “ni la ley, ni la norma proyectada prevén ninguna medida concreta” para los que elijan valenciano en una zona castellana y no haya oferta en el centro
En este sentido, el CJC critica que “ni la ley, ni la norma proyectada prevén ninguna medida concreta al respecto, ni posibles medidas, dejando la aplicación del citado precepto legal y reglamentario en la incertidumbre”. En esta línea, el órgano consultivo reclama que “debería establecerse alguna referencia más concreta a qué medidas o cómo” se va a poder cumplir con la elección realizada por los padres.
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Tras esta observación esencial, la Conselleria de Educación publicó el pasado lunes (a los pocos días de recibir el dictamen del Jurídic) la orden con un pequeño retoque ante el tirón de orejas de la mayoría de consejeros del órgano consultivo. Para sortear la crítica, Educación añadió que si se da la circunstancia que señalaba el CJC -demanda en valenciano en las zonas castellanohablantes sin oferta en el centro-, “la conselleria competente en materia educación, podrá disponer medidas como por ejemplo la habilitación de unidades, la dotación de profesorado para el desdoblamiento de determinadas áreas o materias, o cualesquiera otras medidas previstas en el ordenamiento jurídico para satisfacer la demanda”. Un “podrá disponer” que consideran en el departamento de Educación concreta las medidas a tomar en favor de los que elijan valenciano en las zonas de predominio lingüístico castellano.
El informe del CJC, colgado en la página web de la institución, también hace otra observación esencial y pide que quede claro que “ante cualquier solicitud de participación que se realice por otros medios diferentes a los medios telemáticos, es decir, presencialmente, se actuará de conformidad con lo establecido” en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de 2015.
Discrepancias
Dos consejeros emitieron un voto particular al discrepar del dictamen elaborado por el CJC
El contenido del informe, que la Conselleria de Educación prefirió no hacer público pese a la insistencia de este periódico, ha generado discrepancias en el seno del CJC. Así, tanto el consejero Enrique Fliquete como la consejera María del Carmen Pérez (propuestos, en su día, por PP y Ciudadanos, respectivamente) emitieron votos particulares en contra de la opinión mayoritaria del pleno por no compartir las críticas la falta de concreción en el caso de las zonas de predominio lingüístico castellano.
Fliquete, en su escrito, defiende que el hecho de hacer, en las consideraciones generales, una observación esencial que sólo afecta a un precepto de la Orden “parece plantear una suerte de crítica a la totalidad de la norma cuando, en realidad, esta queda circunscrita a una cuestión muy concreta”. Ambos consejeros argumentan que la propuesta de Educación no vulnera el ordenamiento jurídico.
