Cinco meses después, la dana de Valencia sigue estando presente en el ecosistema comunicativo nacional más por la instrucción judicial y por la bronca política en torno a Carlos Mazón que por las muchas heridas, primero humanas y después materiales, que siguen abiertas en la zona devastada. Basta darse una vuelta por algunas de las ciudades afectadas para comprender que aún estamos muy lejos de hablar de esa normalidad que algunos creen, desde otras geografías, que se ha alcanzado. Como ejemplos, esta misma semana se ha confirmado que existen 6.000 ascensores pendientes de reparar, decenas de miles de personas en situación personal terrible o decenas de casas que deben demolerse, sin olvidar el dolor de las familias de los 228 muertos, entre estos tres desaparecidos.
Una persona pasea por la calle llena de barro, a 13 de noviembre de 2024
El temporal, aquel que arrasó calles, anegó barrios, destrozó infraestructuras y se llevó tantas vidas, ha dejado paso a otra tempestad más silenciosa pero igualmente dolorosa: la de quienes siguen esperando ayuda, reconstrucción o simplemente respuestas a lo que realmente sucedió el día 29. Las portadas se llenan de informaciones sobre los pasos que está dando la jueza de Catarroja, determinantes para saber una verdad que por la vía política o institucional sigue sin conocerse. O de los insultos o aplausos al president valenciano en las calles de Castellón o Alicante o de todo lo que Vox está logrando a cambio de otorgar su apoyo al PP para que pueda sostener la Generalitat Valenciana: los populares, en términos políticos, han entregado parte de su alma a la derecha extrema. Mientras esto sucede, miles de valencianos lidian a diario con grietas en sus paredes, negocios fantasma y la desesperanza de sentirse olvidados.
Las administraciones, como hemos denunciado reiteradamente, siguen trabajando de espaldas, no hay puentes de colaboración entre la Generalitat y el Gobierno, más allá de ententes personales veladas entre algunos de sus representantes, como el vicepresidente Gan Pampols o el comisionado del ejecutivo español, José María Ángel, dos tipos con abundante sentido común. Basta releer el informe de diagnóstico de Pampols de los daños causados por la dana para comprender qué lejos estamos aún de poder hablar de una “normalidad” en Valencia. Ambas administraciones han puesto en marcha fondos de ayuda, sí, pero su llegada es desigual y, en muchos casos, insuficiente. Los afectados describen un laberinto de requisitos, retrasos y promesas incumplidas, sin contar con los que no tenían seguro para sus viviendas y siguen habitando en lugares miserables, ayudados solo por voluntarios. Lo peor sigue siendo que Carlos Mazón y Pedro Sánchez, cinco meses después, siguen sin reunirse para abordar juntos la recuperación.
Los primeros días tras la catástrofe, Valencia demostró lo mejor de sí misma: vecinos rescatando a vecinos, voluntarios llegados de toda España limpiando barrios enteros y donaciones de empresas y particulares. Pero la solidaridad ciudadana, por admirable que sea, no puede suplir indefinidamente las carencias institucionales. Por esta razón, hablar de “normalidad” es casi un insulto para los damnificados que temen, con razón, que esa pretendida idea acabe acelerando el olvido de sus problemas. Caso aparte es el de los familiares de las víctimas mortales, que siguen exigiendo clarificar las responsabilidades de quienes gestionaron las Emergencias aquella fatídica jornada, en el plano político y judicial.
Cinco meses después, los valencianos necesitamos cerrar ese capítulo conociendo, al detalle, quién hizo qué y cómo el día de la dana en el área de Emergencias, en el Cecopi, y dar respuesta a todas las preguntas que exigen, con todo el derecho, las víctimas"
Debe subrayarse finalmente que no podrá restaurarse esa pretendida normalidad hasta que no sepamos todo lo que sucedió el día 29. Los valencianos necesitamos cerrar ese capítulo conociendo, al detalle, quién hizo qué y cómo ese día en el área de Emergencias, en el Cecopi, y dar respuesta a todas las preguntas que muchos hemos hecho durante meses y que ahora también realiza la juez de Catarroja. En breve, Salomé Pradas deberá declarar ante ella; y los familiares de las víctimas confían en que sea el primer paso para que se sepa por qué se tardó tanto en responder a la tragedia, lo que fue causa directa probable de que hubiera tantos muertos. Su relato puede ser determinante para saber que hicieron ella y otros responsables institucionales, incluido el president Carlos Mazón, con el que mantuvo varias conversaciones por teléfono.
Cinco meses después, no debe olvidarse que la prioridad siguen siendo las víctimas, y que se debe evitar que las heridas de la dana caigan en el olvido.
