La Comunidad Valenciana registró el año pasado una tasa de 4,82 delitos, infracciones e incidentes odio por cada 100.000 habitantes, ligeramente por encima de la media estatal, de 4,72. Son cifras del Gobierno que muestran una realidad que discurre en paralelo al auge de los discursos de odio que determinadas voces se empeñan en validar en el espacio público y que en determinados ámbitos trabajan por combatir. “No podemos ceder a que crezca el discurso de odio”, reivindica Cristina Matías, secretaria general de FeSMC UGT-CV, que la semana pasada clausuraba una jornada sindicato-empresa en València sobre la diversidad en las empresas de seguridad privada. Barcelona y Madrid ya han acogido un evento similar, y próximamente se celebrará otro en Sevilla.
¿Por qué ahora poner el foco en este ámbito? Durán explica que el contexto invita, “pues en el caso de la Comunidad Valenciana sabemos que hay determinadas medidas que se quieren activar en contra del colectivo LGTBI, y queremos darles justicia”, sostiene en velada alusión a las críticas que organizaciones como Lambda han hecho al pacto de presupuestos PP-Vox, al que acusan de recorte de derechos al colectivo y de “vaciado de contenido” en la actual ley trans valenciana.
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“Hay determinadas medidas que se quieren activar en la Comunidad Valenciana en contra del colectivo, y queremos darles justicia”, defienden desde UGT-PV
Pero además, señala, es importante hacerlo ahora porque “son ellos y ellas los que trabajan por crear espacios seguros en los centros de trabajo y en las calles, son un sector esencial porque en la cadena de denuncias vemos que cuando hay acoso, a quien se acude primero es al vigilante”, añade Matías. Según una encuesta estatal (2024), un 82,2% de las víctimas identificadas siente mayor inseguridad en lugares como la vía pública, mientras que un 65,3% señala los locales de ocio nocturno y un 49,2% el transporte público como espacios en los que se siente potencialmente inseguro.
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Hasta el momento el respeto a la diversidad en el trabajo se incluía en los planes de igualdad, ya muy extendidos, pero explica Matías que dada “la gran sensibilidad que hay con este tema”, es importante capacitar a los y las trabajadores para que sepan abordar las situaciones. De hecho existe un Protocolo para la prevención, detección y gestión de situaciones de odio y discriminación en el ámbito de la seguridad privada que ya se aplica en la Comunidad Valenciana y que se respalda en el Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas.
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De hecho, el evento celebrado en València por UGT-PV iba de la mano de la Asociación profesional de compañías privadas de servicios de seguridad (APROSER), que agrupa a las grandes firmas del sector -14 en la Comunidad Valenciana, con una cuota de mercado del 80%. Su presidenta, Olga Ramis, asegura que la jornada no responde a un caso concreto de discriminación, sino que forma parte de una estrategia sectorial proactiva orientada a “situar el sector a la vanguardia en la lucha contra todo tipo de discriminación, promoviendo una cultura de diversidad, igualdad y no discriminación“”.
En una agresión, detalla Ramis, el agente de seguridad debe facilitar la ayuda, “cumplir con su responsabilidad” aplicando los protocolos de actuación y sensibilización ante situaciones de acoso o discriminación, pero “ser consciente también” de la exposición mediática a la que se somete -grabaciones en el metro, en la calle, con cualquier dispositivo móvil, rápida publicación en redes sociales. También la promoción del lenguaje inclusivo, reto pendiente para un sector fuertemente masculinizado, ya que las mujeres apenas representan entre un 10 o un 15% de sus agentes; la discapacidad representa en torno al 1%, y en cuanto a LGTBI los datos de la patronal muestran “”invisibilidad”.
