La batalla judicial (y política) por la dana y la reconstrucción continúa. El ejecutivo de Carlos Mazón ha anunciado este miércoles que ha formalizado dos denuncias ante la Fiscalía provincial de Valencia contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), tras detectar la presencia de vertidos de residuos y de más de 300 vehículos afectados por las riadas abandonados en el entorno del barranco del Poyo. Unos hechos, apuntan en un comunicado, que podrían ser constitutivos de un delito de contaminación ambiental o de traslado de residuos tipificados en el Código Penal.
Así lo ha avanzado el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, quien ha explicado que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha tramitado estas actuaciones después de que este martes el Pleno del Consell tomara conocimiento de la denuncia presentada por la Conselleria ante el Seprona por el vertido y tratamiento de residuos que está realizando la CHJ y el abandono de vehículos junto al barranco del Poyo en Riba-roja de Túria. Unas actuaciones que se han detectado en el marco de los trabajos de recuperación del cauce tras las riadas del pasado 29 de octubre.
Una montaña de residuos acumulados tras la dana de octubre.
Unas afirmaciones que ha sido desmentidas por la federación Hidrográfica del Júcar que ha señalado que no está realizando ningún tipo de trabajo en esta zona, y en los trabajos que ha realizado en ningún caso ha acumulado residuos en las parcelas citadas.
Mérida ha detallado que desde la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental se ha tenido conocimiento de tres informes emitidos por el cuerpo de Agentes Medioambientales de la Generalitat con los que “hemos podido constatar que los residuos que la riada ha dejado al descubierto en zona del cauce están siendo trasladados desde el propio cauce a la parcela contigua (la número 14, del polígono 22 en Riba-roja de Túria) sin ningún tipo de tratamiento ni acondicionamiento del terreno, incumpliendo la normativa”. Se trata principalmente de plásticos, ruedas, textiles, maderas que están siendo vertidas y enterradas en la mencionada parcela, con una superficie aproximada de siete hectáreas.
Durante su comparecencia, Mérida ha indicado que otro equipo de agentes medioambientales “también ha verificado en un informe que en la parcela 2 del polígono 22 de Riba-roja de Túria hay 217 vehículos afectados por las inundaciones, acumulados en diversos puntos de acopio”. Estos hechos se unen a otra inspección en la que han aflorado otros 84 vehículos abandonados. “El Consell también tomó en conocimiento de ese tercer informe que amplía la cantidad de vehículos apilados en el barranco del Poyo y sus inmediaciones a los 301”, ha remarcado Mérida, que ha añadido que este último documento también ha sido trasladado al Seprona desde la Dirección General de Calidad Ambiental.
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Ante estas acusaciones,la CHJ ha señalado que el punto de vertido de residuos al que hace referencia, según han confirmado los agentes medioambientales de este organismo, podrían tener su origen en un antiguo vertedero del que no se tenía constancia antes de la dana y que ha aparecido después de unos trabajos de conservación y adecuación que están realizando desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el objetivo de asegurar la estabilidad de la A-3.
Un antiguo vertedero que ha aparecido tras unos trabajos de conservación y adecuación de la A-3
En cuanto al segundo asunto, han querido subrayar que todos los vehículos que la Confederación está retirando de los cauces se están gestionando conforme a la normativa vigente. En este sentido, el organismo estatal desconoce la procedencia de los 300 vehículos ‘abandonados’ a los que hace referencia el DG de Medio Natural y Animal que, en cualquier caso, parecen encontrarse en parcelas privadas y fuera del dominio público hidráulico.
