La polémica en torno a la acentuación del nombre de la ciudad de Valencia en su forma valenciana ha resurgido con fuerza en los últimos meses, tras la presentación de un informe encargado por el Ayuntamiento que avala el cambio de la grafía València —con acento abierto— a Valéncia —con acento cerrado—. El estudio, elaborado por el lingüista y académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) Abelard Saragossà, sostiene que la forma Valéncia es la más adecuada desde un punto de vista histórico y fonético, al reflejar la pronunciación mayoritaria de los valencianos. Sin embargo, la propuesta ha reabierto un debate que trasciende lo lingüístico para adentrarse en el terreno de la identidad, la política y los símbolos que dividen a la sociedad valenciana.
El informe, encargado por el gobierno municipal de María José Catalá (PP), argumenta que la pronunciación tradicional en todo el territorio valenciano, desde Els Ports hasta la Vega Baja, ha sido siempre Valéncia, con vocal tónica cerrada, una evolución fonética natural desde el latín Valentia que no obedece a influencias del castellano, como a menudo se ha sugerido. Saragossà desmonta así la idea de que el acento cerrado sea un castellanismo, señalando que ya en la Edad Media la evolución hacia la é estaba consolidada. “Si los valencianos decimos Valéncia, esa debe ser la forma oficial”, afirma el lingüista, apelando a criterios internacionales de toponimia que priorizan la pronunciación local.
El estudio ha sido elaborado por el lingüista y académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) Abelard Saragossà
No obstante, el estudio va más allá de lo técnico y aborda las consecuencias sociales y políticas de mantener una grafía que, según Saragossà, genera “inseguridad lingüística” y “desafección” hacia el valenciano escrito. En el ámbito educativo, la discrepancia entre la forma oral (Valéncia) y la escrita (València) contribuye a la percepción de que la lengua es “artificial”, alejada del uso cotidiano. Esta incoherencia, advierte el informe, no solo afecta a los estudiantes, sino que se extiende a la ciudadanía, fomentando una “inhibición lingüística” por miedo a equivocarse.
Lee tambiénUna réplica necesaria (a Pablo Salazar)
El debate, sin embargo, no puede desvincularse del contexto político. En 2016, el anterior gobierno de izquierdas (Compromís-PSOE) impulsó el cambio de la denominación oficial de Valencia a València, siguiendo las normas ortográficas de la AVL, que adoptan el acento abierto —alineándose con el estándar catalán—. Saragossà critica aquel proceso por presentar como “obvia” una decisión controvertida y por no incluir un estudio fonético exhaustivo. Además, señala que la AVL ignoró la pronunciación local y aplicó criterios “subordinados” a las variedades orientales del catalán. “De coordinación, tanta como sea posible; de subordinación, nada”, sentencia el lingüista, en una clara alusión a las tensiones históricas entre el valenciano y el modelo lingüístico catalán.
El informe también carga contra lo que denomina “mitos” impulsados por “minorías elitistas” que, sin estudiar la historia del valenciano, promueven una unificación ortográfica total. Para Saragossà, la defensa de València como única forma válida ha alimentado la fractura social en lugar de curarla, al vincularse a un proyecto político concreto. “Si actuamos mal en la dualidad Valéncia/València, alimentaremos la división; en cambio, si argumentamos y consensuamos, contribuiremos a superarla”, advierte.
El gobierno de Catalá llevará la propuesta a la Comisión de Cultura y al pleno municipal este mes
Ante esta situación, el lingüista insta a los partidos a buscar un acuerdo que trascienda las mayorías coyunturales y garantice estabilidad. “El topónimo es un símbolo importante de los valencianos”, subraya, proponiendo que el cambio vaya acompañado de un “consenso político” para evitar que se revierta con cada alternancia en el poder. El gobierno de Catalá llevará la propuesta a la Comisión de Cultura y al pleno municipal este mes, pero su aprobación dependerá de la negociación con otros grupos.
El informe no solo aborda el conflicto lingüístico, sino que lo vincula a cuestiones más amplias, como la infrafinanciación o el derecho civil valenciano, sugiriendo que un acuerdo sobre el topónimo podría sentar las bases para superar otras “injusticias”. “No tratamos solo un acento; el tema es avanzar hacia la dignidad y la solidaridad entre valencianos”, concluye Saragossà, en un llamamiento a la altura histórica.
Lee tambiénAlicante y el valenciano
Mientras, la AVL, cuya normativa actual avala València, se enfrenta a un dilema: aceptar un cambio que cuestiona su autoridad o revisar su postura ante la evidencia fonética. El debate, en cualquier caso, ha dejado claro que tras una simple tilde laten preguntas complejas: ¿debe la lengua reflejar la realidad hablada o priorizar la unidad ortográfica? ¿Quién decide qué es “correcto” en una comunidad lingüísticamente dividida? La respuesta, como la propia Valéncia, sigue abierta.
