El Consell de Mazón amplía su batalla con Sánchez por los menores migrantes
Crisis migratoria
Camarero asegura que el Ejecutivo invade competencias y presenta nuevo recurso
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la recepción celebrada ayer en el Palau de la Generalitat
El gobierno valenciano mantiene el tono para con el Gobierno de Pedro Sánchez y ayer anunció que interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto que regula el reparto de menores migrantes no acompañados. “No vamos a tolerar que invadan nuestras competencias”, dijo la vicepresidenta primera y consellera de Igualdad, Vivienda y Servicios Sociales, Susana Camarero, en la que fue la última rueda de prensa tras el pleno del Consell hasta septiembre.
Camarero arremetió contra el ejecutivo central, al que acusó de no tener política migratoria “ni capacidad para acoger” y explicó que la Generalitat Valenciana seguirá dando la batalla legal en este asunto porque “no podemos permitir que se rompa un sistema de acogimiento altísimo, con una calidad muy elevada, como el que tenemos en la Comunidad Valenciana”.
La Generalitat Valenciana ya interpuso recurso de inconstitucionalidad a este decreto en abril
El recurso que anunció ayer la vicepresidenta lo interpondrá la Abogacía de la Generalitat contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, y se suma al recurso de inconstitucionalidad que ya presentó el Consell contra el Real Decreto-ley 2/2025, pues consideraba que suponía una “infracción del orden constitucional de distribución de competencias e injerencia en las de la Generalitat Valenciana en materia del sistema de protección de menores”.
Ayer Camarero centró en este asunto la crítica política al Gobierno, con el que las relaciones no parecen rebajar su tensión, y aseguró que el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias es discrecional, “se ha decidido sin que hayamos participado, y no nos dicen ni cuándo, ni cómo ni con qué presupuesto”, lamentó.
También criticó que los criterios se habían adoptado de manera “unilateral”, sin estar negociados con los territorios ni establecer recursos adecuados y recordó que ni al País Vasco ni a Catalunya les toca asumir dichos repartos.
Un total de 571 menores deberían llegar a la Comunidad Valenciana según el reparto del Gobierno
Según detalló la vicepresidenta del gobierno valenciano, el Gobierno pretende trasladar 571 menores a la Comunidad Valenciana desde Canarias con un presupuesto de 7,4 millones de euros, que solo se harán efectivos los tres primeros meses. “Si calculamos el sistema de protección actual, cada menor a cargo de la Generalitat Valenciana por día cuesta 218,85 euros, y si repartimos esos millones, salimos a 35 euros por día; no es suficiente para atender como se debe; y es porque no hay planificación ni previsión económica”, espetó.
Las declaraciones de Camarero llegaron casi al mismo tiempo que se supo que el Gobierno empezará el próximo lunes a trasladar a la península a menores que actualmente están acogidos en Canarias, a pesar de que el ejecutivo central había anunciado a mediados de julio que esta operación se realizaría hacia finales de agosto, concretamente el lunes 28. Esta sería la fecha que dio la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras la conferencia sectorial de infancia para el comienzo de los traslados, pero las comunidades tendrán un año para acoger a los menores que les correspondan. Al respecto, ayer Camarero dijo que la postura de la Comunidad Valenciana no era insolidaria con las islas y reiteró que se debía a una cuestión de “responsabilidad” y porque el Ejecutivo carecía de “una política migratoria seria. Vamos a interponer cualquier recurso para que esa amenaza del Gobierno no se cumpla”, insistió la vicepresidenta.
En el reparto de menores migrantes no acompañados, a la Comunidad Valenciana le tocarían 571 menores, siendo la tercera comunidad con mayor número de menores asignados, solo por detrás de Andalucía, donde se trasladaría a 677 niños y niñas y la Comunidad de Madrid, con 647.
Sin embargo, según Camarero, el sistema valenciano ya se encuentra tensionado para asumir dicha carga. Aseguró que en las últimas semanas han trabajado con las entidades sociales y que “ni hay infraestructuras ni hay personal posible para atenderlos. No es posible que seamos solidarios, que lo somos, pero ya estamos al 160% de ocupación”, añadió. La portavoz, también responsable de Servicios Sociales, argumentó que su departamento ha incrementado la capacidad en 122 plazas respecto al gobierno autonómico anterior y aún así los centros valencianos están al máximo de su capacidad, “por tanto, sin esos recursos se hace absolutamente imposible”.