Acció Cultural del País Valencià (ACPV), una de las acusaciones populares personadas en el procedimiento judicial sobre la gestión de la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre, ha solicitado a la magistrada instructora que requiera a Presidencia de la Generalitat y a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) la entrega de todos los vídeos grabados esa jornada en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). La entidad reclama en concreto el “material bruto sin editar” realizado por un cámara de Emergencias que, según ha adelantado eldiario.es y ha confirmado este diario, estuvo grabando durante buena parte de la jornada en el complejo de l’Eliana.
La petición llega después de que la pasada semana RTVE difundiera imágenes inéditas captadas por À Punt en el Cecopi durante la tarde crítica de la DANA, que dejó un balance trágico de 228 víctimas mortales —una de ellas embarazada de ocho meses—. En ese vídeo, de apenas seis minutos, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa, intervenía para dar indicaciones sobre el mensaje del ES-Alert: “Metedlo en el texto, por favor”. En otra secuencia, preguntaba alrededor de las 19 horas: “¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo [presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar]? A mí no me apetece llamarlo”.
A raíz de la difusión de esas imágenes, ACPV ha registrado un escrito ante el juzgado de Catarroja en el que solicita que se incorpore a la causa otro material audiovisual: el que fue grabado por un operador al servicio de Emergencias, identificado por su chaleco rojo oficial, y que aparece en las propias imágenes de À Punt. Según expone la acusación, este profesional filmó la reunión desde posiciones y ángulos diferentes a los de la televisión autonómica, por lo que el material podría ser de gran relevancia para la investigación.
Según publicó eldiario.es y ha confirmado este diario, la Generalitat dispone de un servicio audiovisual subcontratado a una productora castellonense que desde hace años presta asistencia permanente a la AVSRE y a la empresa pública SGISE, encargada de emergencias. Se trata de un equipo con disponibilidad 24 horas, que acude a incendios forestales, inundaciones u otros sucesos imprevistos, y graba entrevistas, declaraciones, cortes de voz e imágenes de recurso para la posterior difusión institucional.
Ese 29 de octubre, el operador de la productora estuvo en el Cecopi grabando recursos de la reunión, algunas intervenciones previas de Bomberos y, más tarde, la comparecencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras su tardía llegada al complejo de l’Eliana. El material, como establece el contrato, debía entregarse a la administración para su archivo y eventual publicación. “Era algo histórico”, admitió a este medio una fuente conocedora de los hechos.
El detalle no es menor: la jueza instructora ha lamentado en sus resoluciones la “falta de documentación” sobre lo ocurrido en la sala de coordinación aquella tarde, dado que oficialmente las reuniones del Cecopi no se graban ni se levanta acta. Hasta la difusión del vídeo de À Punt, solo constaba una grabación parcial, de poco más de un minuto, realizada por el jefe de Climatología de la Aemet, José Ángel Núñez, que la magistrada validó como prueba “plenamente lícita”.
Por todo ello, Acció Cultural pide que se requiera a Presidencia de la Generalitat la entrega de “todos los vídeos grabados por el servicio de comunicación de la institución el día de la DANA en el Centro de Emergencias, tanto editados y emitidos como en material bruto sin editar”. Y, en el caso de que Presidencia niegue disponer de ellos, que la solicitud se extienda a la AVSRE, “ya que cuenta con un servicio de grabación de audiovisuales contratado específicamente para ello”.
La acusación incide en que esas grabaciones, si existen, serían complementarias y diferentes de las de À Punt, y aportarían un testimonio audiovisual más amplio de las deliberaciones internas del Cecopi, claves para determinar si hubo negligencias o retrasos en la gestión de la emergencia.
Desde la Conselleria de Justicia e Interior y la AVSRE se limitan a señalar que ya han remitido al juzgado toda la información que se les ha requerido “como no puede ser de otra manera”, y que siempre han actuado “con la máxima colaboración y transparencia”. En un comunicado remitido tras la publicación de eldiario.es, Emergencias recordó que las reuniones del Cecopi “no se graban, ni se levanta acta, como ya admitía el Consell del Botànic y la exconsellera Gabriela Bravo”.
Fuentes del departamento insisten en que los proveedores externos de audiovisuales, contratados durante la etapa del anterior gobierno autonómico, solo realizan grabaciones puntuales de recursos gráficos, del mismo modo que hace la televisión pública autonómica. “No se trata de grabaciones de las reuniones del Cecopi”, recalcan, deslizando que cualquier otra interpretación sería un intento de “influir en el procedimiento judicial desde un medio de comunicación”.
La jueza instructora, que ya ha acordado requerir a RTVE una copia del vídeo difundido la semana pasada y ha pedido a À Punt confirmar si mantiene su ofrecimiento de aportar las grabaciones de ese día, tiene ahora sobre la mesa esta nueva petición de ACPV. Para la acusación, la existencia de un segundo registro audiovisual supondría contar con pruebas directas en una causa en la que, hasta ahora, gran parte de la instrucción se apoya en testimonios orales.
Las imágenes de À Punt y las que podría haber registrado el operador de Emergencias son, de momento, los documentos más próximos a una grabación oficial del Cecopi. Y, en un procedimiento que investiga responsabilidades políticas y técnicas en la gestión de la mayor catástrofe natural en décadas, su valor probatorio podría resultar decisivo.
