El pasado sábado Vox se manifestaba con coches y claxones por las calles de Madrid contra la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada por el Consistorio madrileño y que entrará en vigor el 1 de enero. Unas restricciones a la movilidad que ya están en marcha en Barcelona o Sevilla pero que, de momento, no tiene su réplica en València. Vox se descolgó de la aprobación de la ZBE en el pleno del 28 octubre, pese a haber pactado con el PP una aplicación light de la misma y llena de excepciones a conductores y vehículos. Una ruptura que, según explicaron después, ya habían trasladado, cinco días antes (el jueves 23 de octubre), a un PP que no supo armar una mayoría suficiente para sacar adelante la ordenanza.
Sin el aval de la oposición, que no apoyó una propuesta que consideraban poco efectiva y muy permisiva con el tráfico, empezó entonces una cuenta atrás para intentar evitar el agujero económico que supondría no tener ZBE. El Ayuntamiento se arriesga a perder cerca de 150 millones.
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Esta cifra, que supone el 10% del presupuesto municipal y que provocaría que la deuda del Consistorio se triplicara, es la que la oposición calcula que la ciudad perdería por tener que devolver las ayudas de proyectos relacionados con la movilidad sostenible, la renovación del transporte público, así como sanciones derivadas de la no aprobación de la ordenanza. Además, tampoco se podría acceder a subvenciones futuras de la UE. Un ejemplo del quebranto que supondría para el ciudadano de a pie y que ya se ha puesto sobre la mesa es el encarecimiento del bonobús que podría pasar, a partir del próximo 1 de enero, de 5,1 a 8,4 euros.
El debate sobre la ZBE y la oposición de los cuatro concejales de Vox a cumplir con lo acordado por el PP en junio de 2024, se da en un contexto delicado de equilibrios entre los dos partidos que va más allá del Consistorio del cap i casal. Desde hace semanas, los populares negocian con la derecha extrema la investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana, tras la renuncia de Carlos Mazón. En medio de estos contactos, llamó la atención, que el grupo parlamentario de Vox presentara, la semana pasada en las Corts Valencianes, una Proposición No de Ley (PNL), para que se revoque la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios, así como cualquier otra medida restrictiva derivada de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, “por constituir un gravamen injustificado sobre la movilidad de los ciudadanos, encarecer la actividad económica, perjudicar gravemente a la industria automovilística nacional y al comercio urbano”.
Vox que negocia la investidura del PP ha propuesto en las Corts una PNL para revocar la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones
Un texto que pedía también al Parlamento valenciano manifestar “su disconformidad absoluta con las políticas impuestas por el bipartidismo en Bruselas y su sometimiento al fanatismo verde, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo”. Exigencias que Santiago Abascal verbalizó para llegar a un acuerdo con el PPCV.
Ayer, ante el fracaso de los contactos en el Ayuntamiento y las acusaciones del PP a la izquierda de bloquear la aprobación de la ZBE, Compromís y PSPV hicieron una propuesta conjunta para poder aprobar antes de final de año una ordenanza que evitara las millonarias pérdidas. Una moción que, según ellos, flexibiliza sus posturas iniciales, contempla un calendario de aplicación progresivo y tiene en cuenta la situación económica de las familias para no perjudicar a los que no pueden cambiarse de coche. Una iniciativa que la alcaldesa, María José Catalá, se comprometió a estudiar, aunque, tras una primera lectura dejó claro que es “un paripé” y que no hay voluntad en la izquierda para consensuar una ZBE “razonable”.
