“Si hace falta hacer ruido, lo haremos”, prometía Carlos Baño en una entrevista con este diario publicada en mayo de 2022, poco después de convertirse en presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. Y vaya si lo ha hecho. Desde que tomó posesión, al modo de uno de sus antecesores, Antonio Fernández Valenzuela, se propuso elevar la voz en nombre de un empresariado alicantino al que la integración de las patronales provinciales en una sola entidad autonómica -la CEV- había dejado algo afónico.
En el fondo, la agitación promovida por Baño no difería apenas de las reivindicaciones perennes de sus predecesores: las manifestaciones en defensa del trasvase Tajo-Segura, la exigencia de infraestructuras de transporte que Alicante lleva años esperando, o la demanda de una financiación más justa con una provincia que lleva al menos dos décadas recibiendo del Estado mucho menos de lo que le correspondería, teniendo en cuenta su aportación al PIB nacional y su población, no son asuntos nuevos.
“Si hace falta hacer ruido, lo haremos”, prometía Carlos Baño en una entrevista con este diario publicada en mayo de 2022
Pero hasta la semana pasada sus soflamas iban dirigidas casi sin excepción al Gobierno central. La paralización por parte del Ayuntamiento de las obras de la futura sede de la Cámara han hecho que vuelva sus lanzas contra el gobierno local, más concretamente contra el alcalde del PP, Luis Barcala. En su día, Baño fue muy crítico con el Consell del Botànic, al que llegó a afear incluso su política lingüística, pero muy complaciente con el de Mazón, al que le une una gran y reconocida amistad, forjada en los años en los que el ya expresidente ocupaba el cargo de gerente de la Cámara de Comercio, el cómodo refugio que le proporcionó Valenzuela cuando la caída de sus padrinos políticos dejó fuera de la política al alicantino por primera vez.
Se da la circunstancia de que Baño dejó vacante el puesto de gerente que aún pertenece a Mazón -en excedencia-, de modo que, en el caso de que el PP decida dar por finiquitada por completo su trayectoria pública, ambos podrían reencontrarse de nuevo en los despachos camerales.
Hace meses que las obras de la Cámara que financia la Generalitat en el edificio Panoramis están paradas
Lo que no se sabe es dónde. Y aquí llegamos al novedoso estallido de Baño, protagonista de un conflicto institucional que le enfrenta con el Ayuntamiento que preside otro veterano político del PP, Luis Barcala, y de alguna manera involucra a varias instituciones públicas, como la Generalitat Valenciana, la Autoridad Portuaria e incluso la Diputación Provincial. Baño, políticamente conservador y admirador de personalidades disruptivas (Mario Conde y Marcos de Quinto han sido este año dos de sus invitados a las charlas que organiza la Cámara), arremetió en una entrevista televisada contra el alcalde popular.
Y lo hizo quemando puentes, al transitar de la discrepancia profesional a la personal. Baño admitió que su relación con Barcala es mala y lo atribuyó al supuesto desprecio con que fue tratado por el primer edil hace tres o cuatro años, en un cruce de palabras en el cual el político -abogado de profesión- habría aludido a la falta de preparación académica del empresario. Baño, que presume de los orígenes humildes de su familia y se define como “cacharrero” (su empresa -Tescoma- se dedica a la venta de utensilios de cocina y menaje), aseguró que “el alcalde Barcala no sabe gestionar y actúa de malas formas y con prepotencia”, y criticó duramente el funcionamiento de la concejalía de Urbanismo en los últimos años.
Baño admitió que su relación con Barcala es mala y lo atribuyó al supuesto desprecio con que fue tratado por el primer edil
Todo procede de una aparente irregularidad administrativa, la falta de una licencia preceptiva para realizar unas obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio, cuya inauguración estaba prevista la primavera pasada en las instalaciones alquiladas en el antiguo centro comercial Panoramis, hoy convertido en centro de negocios por sus propietarios, socios y familiares del omnipresente Enrique Ortiz; aún es raro que se mueva un ladrillo en Alicante sin la participación del empresario que confesó en su día haber financiado ilegalmente al PP.
Esa paralización, que se prolonga ya varios meses y se debe a la supuesta ilegalidad de una planta extra con la que la Cámara pretendía ganar espacio, ha obligado a la Cámara a replantarse sus planes, que incluyen una Escuela de Negocios participada por el CEU (universidad privada que aquí se beneficia de la aportación pública de la Generalitat Valenciana al proyecto), y ha comenzado a funcionar en aulas provisionales. El bloqueo de la situación ha provocado una serie de carambolas que afectan a las instituciones mencionadas y, lo que es peor, cuestan dinero a los contribuyentes.
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Por un lado, la Cámara -que ingresa en forma de subvenciones y programas concertados con administraciones públicas casi 7 millones de sus 9 largos de presupuesto anual- debe hacer frente al coste de tener parada una obra que debería haber concluido hace meses en un edificio que no es de su propiedad y seguir de alquiler en su sede actual, que ya debería haber abandonado. Además, ha expulsado al Ayuntamiento del edificio del viejo hotel Palas, propiedad de la Cámara y en cuya adquisición y reforma se gastó una millonada de dinero público para acabar cediéndolo en alquiler al Consistorio, que pagaba 600.000 euros al año y ahora se ha visto obligado a contratar una mudanza de urgencia para trasladar varios departamentos a edificios que estaban pensados para otras cosas, como el Centro 14.
Se filtró que la Diputación podría estar interesada en trasladar la sede de SUMA -organismo de recaudación de impuestos- al Palas: de nuevo una institución pública saliendo al rescate con el dinero de todos. La Autoridad Portuaria, dueña del suelo donde se ubica Panoramis, también está implicada porque fue quien concedió el permiso para las obras, al parecer, sin cumplir todos los trámites exigibles. Y la Generalitat Valenciana -que pagó gran parte del Palas, nombra al presidente del Puerto y tiene presupuestados 1,5 millones de euros para la nueva sede de la Cámara- se halla en plena transición de gobierno asistiendo a un grave conflicto institucional en Alicante en el peor momento posible.
La portavoz municipal reiteró que la planta extra construida en Panoramis por parte de la Cámara de Comercio “no tiene encaje”
¿Cómo ha reaccionado Barcala y el equipo de gobierno municipal? Con un estricto silencio por parte del alcalde -es muy poco amigo de sacar los pies del tiesto- y el refuerzo oficial a la postura de Urbanismo. La portavoz municipal, Cristina Cutanda, reiteró que la planta extra construida en Panoramis por parte de la Cámara de Comercio “no tiene encaje” urbanístico por “exceso de edificabilidad” y que se trabaja con la empresa propietaria del edificio para regularizar la situación. Desde el Ayuntamiento se traslada que el resto de las instituciones públicas implicadas respaldan que se cumpla la legalidad. Lo único seguro es que los errores, demoras y sobreprecios -sean quienes sean los culpables- tendrán un coste que no asumirán los administradores, sino los administrados.