La financiación autonómica vuelve a situarse, una vez más, en el centro del debate político valenciano. Y lo hace como casi siempre: con un diagnóstico compartido —la Comunitat Valenciana es la peor financiada del sistema— y con una enorme dificultad para traducir ese consenso técnico en una estrategia política eficaz. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado ayer evidenció, de nuevo, esa tensión estructural entre lo que convendría a los intereses valencianos y lo que imponen las lógicas partidistas estatales. En ese espacio incómodo se mueve hoy el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, atrapado entre la disciplina del Partido Popular y una propuesta del Gobierno central que, con todos sus defectos (el principal haber sido pactada con ERC), abre por primera vez en años una ventana para corregir —al menos parcialmente— la infrafinanciación histórica.
La valoración “muy negativa” realizada por el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, tras la reunión en el Ministerio, debe leerse más en clave política que estrictamente financiera. Rovira reprochó a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no haber dado una respuesta clara a la reivindicación valenciana de un fondo transitorio de nivelación mientras no se apruebe un nuevo modelo. La queja no es menor: la Comunitat Valenciana arrastra una deuda descomunal —en torno a los 40.000 millones— directamente vinculada a un sistema que, desde 2014, la sitúa sistemáticamente por debajo de la media de financiación por habitante. Sin fondo de nivelación ni condonación de deuda, cualquier nuevo modelo nace cojo desde la perspectiva de la Generalitat, la misma que comparte Compromís, por cierto.
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Sin embargo, el propio Rovira dejó escapar esta semana una frase reveladora: “Cuando estás en el hoyo, cualquier propuesta que te aporte más es buena”. Esa metáfora resume mejor que cualquier comunicado oficial la posición real del Consell. Porque, más allá del ruido, los datos apuntan a que la propuesta del Gobierno beneficiaría de forma notable a la Comunitat Valenciana. Según las estimaciones presentadas, sería la tercera autonomía más beneficiada en términos absolutos en 2027, con un incremento de 3.669 millones de euros, y una de las primeras si se mide el impacto por habitante. Incluso los expertos del Ivie, designados por las Corts para asesorar al Consell, han reconocido que el modelo permitiría una aproximación a la media estatal, aunque con importantes matices y a la espera de conocer todos los detalles técnicos. Estos expertos también apuestan por clarificar la condonación de la deuda y activar un fondo de nivelación.
Aquí emerge la primera gran contradicción. Mientras los expertos subrayan que el modelo es un buen punto de partida —no una solución definitiva—, el president Llorca optó por un rechazo más frontal (también dos autonomías del PSOE). Alegó, con razón, la ausencia de un fondo de nivelación transitorio y de una condonación clara de la deuda histórica. Pero ese rechazo se produce en un contexto político muy concreto: la decisión del PP de oponerse en bloque a cualquier propuesta que huela a pacto previo con ERC. La financiación autonómica se ha convertido así en una pieza más del tablero de la confrontación estatal, donde el interés general valenciano queda subordinado a la estrategia del Gobierno, por una parte y, por otra, de Génova.
La financiación se ha convertido en una pieza más del tablero de la confrontación estatal; el interés valenciano queda subordinado a la estrategia de PSOE y PP
No es un fenómeno nuevo. En un Estado compuesto como el español, donde el color político del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos no siempre coincide, la financiación ha sido históricamente un campo minado. La diferencia ahora es la intensidad de la polarización y la secuencia casi ininterrumpida de citas electorales. En este clima, resulta difícil imaginar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda sacar adelante una reforma de esta envergadura sin el concurso del PP. Pero tampoco es menos cierto que el partido de Alberto Núñez Feijóo tuvo años para abrir este debate desde La Moncloa y nunca lo hizo. La indignación actual tiene algo de oportunismo retrospectivo.
El pacto previo con ERC es, sin duda, el principal elemento contaminante del proceso. Ha generado la percepción —alimentada deliberadamente— de que el nuevo modelo nace para beneficiar a Catalunya, que es lo que ayer criticaron las autonomías gobernadas por el PP. Sin embargo, un análisis más frío de las cifras desmonta parcialmente ese relato. Catalunya mejora, sí, y cumple por fin el principio de ordinalidad, pero no es ni mucho menos la única beneficiada. Andalucía, gobernada por el PP, sería la gran ganadora en términos absolutos. Murcia y la Comunitat Valenciana, también bajo gobiernos populares, lideran el ranking de mejora per cápita. La paradoja es evidente: las comunidades que más ganarían son las que con más vehemencia rechazan el modelo.
La paradoja es evidente: las comunidades que más ganarían son las que con más vehemencia rechazan el modelo
Eso no invalida las críticas. El diseño del nuevo cálculo de población ajustada, la discrecionalidad futura de los fondos de nivelación o la falta de transparencia en algunos parámetros generan dudas legítimas. También es comprensible el recelo ante un sistema que se presenta como “voluntario” y que abre la puerta a asimetrías de facto. Pero entre el rechazo de plano y la adhesión acrítica existe un espacio político que la Generalitat Valenciana, por su situación singular, debería explorar con mayor audacia.
La infrafinanciación valenciana no es un eslogan ni una coartada retórica: es una anomalía estructural que condiciona la autonomía política real. Sin recursos suficientes, la capacidad de diseñar políticas públicas propias se ve mermada, y la Generalitat queda abocada a una tutela financiera permanente desde Madrid. Es, en términos estrictamente constitucionales, una disfunción del Estado autonómico tal y como fue concebido en 1978. Por eso, resulta difícil entender que la Generalitat no aproveche cualquier oportunidad —por imperfecta que sea— para mejorar su posición relativa.
La disyuntiva del president
En este punto, la figura de Llorca adquiere centralidad. El president valenciano tiene ante sí una disyuntiva clásica pero incómoda: ejercer un liderazgo territorial con criterio propio o limitarse a replicar la posición del partido a nivel estatal. La historia reciente demuestra que cuando la Comunitat Valenciana ha actuado de forma coral —instituciones, partidos, agentes sociales— ha logrado, en clave, autonómica, una unidad que, después, ha chocado con los intereses del Gobeirno de turno. La Plataforma per un Finançament Just fue un ejemplo de esa unidad, hoy desdibujada por cálculos partidistas, especialmente por la negativa socialista a respaldar el fondo de nivelación en etapas anteriores.
Reactivar esa plataforma, sumar al PSPV y a Compromís, y plantear una negociación bilateral con el Gobierno central no sería un gesto de sumisión, sino de inteligencia política. La propia ministra Montero ha anunciado una ronda de reuniones técnicas bilaterales. Ahí es donde la Generalitat debería poner sobre la mesa sus condiciones irrenunciables: condonación parcial de la deuda ligada a la infrafinanciación y un fondo transitorio que evite seguir agrandando la brecha hasta la aprobación definitiva del nuevo modelo. Ambas demandas cuentan con el respaldo de los expertos y con un amplio consenso social.
El rechazo automático, en cambio, corre el riesgo de eternizar el problema. Si la reforma fracasa —algo hoy más que probable— la Comunitat Valenciana seguirá atrapada en un sistema que la empobrece año tras año. Y lo hará, paradójicamente, en nombre de una estrategia partidista que se decide a cientos de kilómetros y con otras prioridades. Como recordó Francisco Pérez, director de investigaciones del Ivie, aprobar un nuevo modelo sin resolver la deuda histórica equivale a empezar una carrera con una mochila llena de piedras. Pero no empezar la carrera es todavía peor.
Vista general manifestación convocada por la plataforma Per un finançament just bajo el lema “Un pueblo unido por una financiación justa” para reclamar una financiación justa.
El debate sobre la financiación autonómica siempre es técnico, pero nunca es solo técnico. Es, sobre todo, una cuestión de poder, de relato y de voluntad política. Hoy, la propuesta del Gobierno es insuficiente y mejorable, pero también es la primera en años que reconoce explícitamente el problema valenciano y plantea mecanismos para reducir las desigualdades. Despreciarla sin más puede ser coherente con la disciplina de partido, pero difícilmente lo es con el interés general valenciano.
Entre el hoyo y la salida, Llorca debe decidir si se limita a señalar quién cavó el agujero o si empieza, aunque sea con herramientas imperfectas, a construir la escalera. La historia juzgará esa elección con menos indulgencia que los argumentarios de partido.
