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Ciudad
La alcaldesa Catalá eleva a 45
María José Catalá, durante la jornada del lunes en el lanzamiento del plan de vivienda de su administración.
El equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de València, integrado por PP y Vox, ratificará este viernes el cambio en los requisitos para obtener viviendas a precios reducidos, favoreciendo a los residentes con al menos 7 años de empadronamiento. De acuerdo con la alcaldesa María José Catalá, quien anunció este lunes diversas iniciativas habitacionales, esta regulación resalta el arraigo “el parque público de viviendas se destina prioritariamente a quienes han apostado por València a largo plazo” y busca detener la migración de ciudadanos hacia la periferia, un fenómeno derivado de la actual coyuntura del mercado inmobiliario.
La medida eliminará, por tanto, de esos accesos a vivienda asequible a quienes acaben de llegar a la ciudad, pero Catalá ha señalado que esas personas podrán seguir accediendo a vivienda a través de los servicios de Bienestar Social. “Queremos dar oportunidades a quienes hayan construido su proyecto vital en nuestra ciudad, por lo que los vecinos que demuestren un vínculo estable y duradero con el municipio podrán inscribirse en el registro de demandantes de vivienda asequible”, ha explicado.
Una iniciativa adicional impulsada por la alcaldesa consiste en extender hasta los 45 años el derecho preferente para entrar en pisos de renta moderada destinados a los habitantes del municipio. “La dificultad para acceder una vivienda está provocando que la edad para emanciparse sea cada vez más tardía y la administración debe adaptarse a esta realidad y ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda”, ha admitido Catalá, quien ha sostenido que al considerar a los residentes de hasta 45 años como “sujetos de protección preferente”, se asegura que una parte bastante más extensa de la clase media y trabajadora logre “acceder a viviendas públicas, protegiendo así el desarrollo de sus proyectos vitales en la ciudad”. En estos momentos, el límite de edad establecido para realizar la petición se situaba en los 35 años.
Las complicaciones para obtener un hogar están derivando en que el momento de independizarse ocurra a edades más avanzadas, por lo que los organismos públicos requieren ajustarse a este escenario.
Asimismo, otra de las medidas -ya anunciadas hace unas semanas- es la conversión de viviendas turísticas en viviendas, siempre que cumplan los criterios de habitabilidad. Catalá ha crifrado este nuevo parque de viviendas en unas 2.000. “No comparto las recetas de quienes solo construyeron 14 viviendas en ocho años y tuvieron la idea desastrosa de convertir en apartamentos turísticos los bajos comerciales”, ha asegurado.
Ante tales reproches, Compromís ha respondido afirmando que la estrategia de Catalá “evita el debate clave: a qué precio se podrá vivir en València y cuánta vivienda será realmente asequible” y expresa su pesar porque “sin precios ni porcentajes concretos, todo se queda en marketing político”. La representante del grupo municipal Compromís, Papi Robles, opina que la suspensión temporal de licencias turísticas carece de efectividad y sostiene que “la realidad es que los apartamentos turísticos continúan creciendo, vaciando el mercado residencial en todos los barrios de la ciudad. Y la inspección no está funcionando: basta con pasear por los barrios o entrar en cualquier plataforma de apartamentos turísticos”.