La crisis de la vivienda en València tiene no pocas aristas. Una ciudad que crece en población -miren si no el aumento de los usuarios de Metrovalencia desde la pandemia-, que recupera ahora el pulso constructivo tras la crisis financiera, que dispone de poco suelo disponible y muchos solares sin uso y que, además, turísticamente está de moda. Muy de moda, leyendo estos días el New York Times, que ha colocado a la capital del Túria entre los 52 lugares para visitar a lo largo de 2026.
Es en este contexto en el que alarman los altos precios de la vivienda, la pelea por los alquileres que gestionan como pueden las inmobiliarias y el éxodo obligado de sus vecinos a una área metropolitana cada vez más encarecida. Y es en esta ciudad, también, en la que el debate sobre si pisos turísticos sí o no, con una moratoria vigente, se ha encarnizado más. Sobre todo, después que la alcaldesa de València, María José Catalá, avanzara este domingo en una entrevista con Las Provincias que los pisos ilegales podrían pasar a ser viviendas en un plazo de sis meses cambiando su uso.
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Tras el anuncio, preguntada el lunes por el tema, quiso advertir “a todos aquellos que pensaron en la anterior legislatura que había barra libre” de apartamentos turísticos en la ciudad: “Van a pasar a ser muy limitados, muy controlados y siempre legales”. Luego fue el concejal de Vivienda, Juan Giner, quien dijo que se habilitará un plazo de tiempo, “que probablemente sean seis meses”, para que aquellos apartamentos turísticos que en “en condiciones normales”, por el plan general de ordenación urbana, tienen incompatible un uso residencial al tener un terciario al lado, puedan reconvertirse en viviendas si cumplen la legislación sobre habitabilidad.
Catalá cifra en 1.000 el número de apartamentos sancionados después de las inspecciones que ha puesto en marcha su gobierno y asegura que se han registrado “muchos casos de cierre de actividad” en caso de reincidencia, pero no pone números a la cantidad de viviendas turísticas que podrían ser ahora para uso residencial. Sin embargo, en esa cifra mucho tendrá que ver la proporción de apartamentos turísticos que haya en cada barrio, porque el tope está en el 2%. “Todo lo que supere ese 2% con esta medida podrá reconvertirse en vivienda de uso residencial con esta medida, y nunca podría ser apartamento de turístico”, reiteró Catalá, en declaraciones recogidas por EFE.
El PSPV cifra en 10.000 las viviendas que se han convertido en apartamentos turísticos
Para Silvia Blasco, presidenta de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana (APTURCV), recién incorporada al Consejo Municipal de Turismo de València, la medida puede tener sentido urbanístico, pero reitera que “debe hacerse con criterios transparentes para no generar aún más inseguridad jurídica a quienes han invertido cumpliendo la norma”.
APTURCV, que presume de haber generado el pasado año un impacto económico en la ciudad de más de 830 millones de euros y haber creado asi 4.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, “no es realista hacer creer que el problema estructural de acceso a la vivienda se resolverá convirtiendo unos cuantos bajos turísticos, ni puede utilizarse al alojamiento turístico regulado como chivo expiatorio de un debate mucho más profundo”.
No es realista hacer creer que el problema estructural de acceso a la vivienda se resolverá convirtiendo unos cuantos bajos turísticos”
La oposición, que gobernó en coalición durante el período de auge de esta modalidad turística en la ciudad, critica la propuesta de Catalá. Para el PSPV es una “distracción”, mientras para Compromís hay matices. Para los primeros la crítica está en que la propuesta de Catalá afecta exclusivamente a los bajos turísticos, “pero no a todas las viviendas que se han reconvertido como alojamientos turísticos”. Y cifran en más de 10.000 las que se han convertido en apartamentos turísticos, viviendas que piden devolver al mercado inmobiliario, “contribuyendo a relajar el precio de los alquileres”. El modelo socialista es el de Barcelona, y proponen ”que no haya ni un solo apartamento turístico en una vivienda y que todas las licencias existentes reviertan en un plazo de cinco años”.
Los matices de Compromís están más en el fondo que en la forma. La formación valencianista valora “positivamente” que cualquier posible vivienda deje de ser un apartamento turístico, pero pide que no solo pase a ser residencial, sino que se garantice que esa vivienda vuelve a ser un lugar “para vivir en condiciones asequibles”. Intuyen que “si estos inmuebles acaban en manos de inversores, se destinarán a nómadas digitales o se reconvertirán en alquiler de temporada” y, por tanto, aseguran que “no estaremos resolviendo el problema de fondo: precios disparados y vecindario expulsado de sus barrios”. Ambas formaciones, eso sí, coinciden en acusar al PP de Catalá de inacción frente a la crisis de la vivienda.
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Lo cierto es que la situación inmobiliaria de València es casi una patata caliente para las formaciones políticas con responsabilidades anteriores y presentes. El PP, que gobierna con Vox, heredó una ciudad en la que el precio de la vivienda se empezaba a disparar y en la que los apartamentos turísticos ya pintaban de cristal opaco los bajos comerciales de la ciudad. El PP responsabiliza de ese aumento a PSPV y Compromís, que aprobaron en 2018 introducir una “mayor flexibilidad” en la estratificación de usos en un edificio de uso mixto, lo que permitía coexistir en una misma planta los “usos Tho.1-hoteleros” (alojamientos turísticos) con el resto de usos no residenciales.
En aquel pleno municipal en el que se aprobó la medida, con voto en contra del PP, el entonces concejal Narciso Estellés, de Ciudadanos -formación que se abstuvo- pronosticó que “los pequeños tenedores de vivienda estarían en este caso en una especie de comparativa desfavorable con las empresas grandes tenedoras de apartamentos turísticos o edificios que ya tienen apartamentos turísticos”. Y en aquel mismo pleno el concejal del PSPV, Vicent Sarrià, ahora diputado en el Congreso, dijo que el gobierno local estaba haciendo “un esfuerzo muy grande para un fenómeno que desgraciadamente no se había abordado en el pasado y hemos tenido que abordarlo, y abordarlo con decisión tanto desde el ámbito municipal como desde el autonómico”. Un problema, que, ocho años después, sigue sin estar resuelto.
