“Los gatos comunitarios no son animales abandonados, son responsabilidad legal de los ayuntamientos”: nace el primer mapa de felinos comunitarios y animales sin hogar en España

Colonias felinas 

Según explica Alberto, creador del proyecto, aunque la Ley de Transparencia y la de Bienestar Animal obligan a publicar estos datos, muchos ayuntamientos omiten responder o lo hacen solo de forma parcial

Colonias felinas

Colonias felinas

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No existe un registro nacional consolidado que cuantifique cuántos gatos comunitarios hay en España, ni cuántos animales son recogidos o gestionados por los municipios. Entre suposiciones, cifras vagas y vacíos institucionales, muchas decisiones se toman a ciegas. Frente a esa opacidad surge una iniciativa ambiciosa: recopilar datos oficiales municipio a municipio y construir un mapa que haga visible lo invisible. Para entender cómo nace este proyecto, hablamos con Alberto de Consejos para Mascotas, informático y activista por el bienestar animal detrás de esta idea.

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Alberto, ¿cómo nace la idea de recopilar y publicar datos oficiales sobre gestión de colonias felinas y animales abandonados en España?

En realidad, fue una combinación de frustración y convicción. Llevo varios años colaborando como voluntario en refugios, viendo cómo cada mañana nuevos animales llegan sin control. A la vez, soy informático y conocí el sistema REDSARA, que permite enviar solicitudes de acceso a datos públicos; pensé: si no hay cifras sobre colonias, ¿por qué no preguntarlas municipio a municipio? Ni el INE ni estadísticas oficiales recogen lo que sucede en las calles. Estudié casos como el informe de Affinity o trabajos de Becerra, pero siempre basados en estimaciones. Entonces dije: hagámoslo con datos reales y transparentes.

Los gatos comunitarios no son animales abandonados: son responsabilidad legal de los ayuntamientos

Alberto
Gatos comunitarios

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D.Lamote

¿Quién forma el equipo detrás de esta iniciativa? ¿Cómo os organizáis?

Somos un equipo pequeño, mixto: voluntarios, técnicos, algunas asociaciones colaboradoras. Crecimos rápido: ya contamos con alrededor de 20 personas comprometidas con la tarea de enviar solicitudes, compilar respuestas, validar datos y diseñar visualizaciones. Algunas municipalidades nos contestan “no tenemos esos datos”, otras “pregunta a la diputación”, pero estamos desarrollando infografías y tablas con los resultados brutos: número de gatos comunitarios por municipio, presupuesto dedicado al CER por habitante, vacíos de datos… La idea es usar esa información luego para auditorías, demandas ciudadanas o convenios que obliguen a cumplir la ley de bienestar animal.

¿Qué papel juegan los ayuntamientos en este trabajo de recopilación?

Fundamental. En teoría, ellos tienen esa competencia. Pero hemos encontrado mucha resistencia institucional. Algunos contestan con remisiones a entes superiores, otros alegan que los servicios están subcontratados (instancias que dicen “no es nuestra materia”). En algunos casos nos han dicho que no tienen obligación de responder o que carecen de registros digitales. Nunca se ha hecho una consulta de datos públicos a todos los Ayuntamientos de España, así que cada Ayuntamiento busca sus excusas variopintas.

Hasta ahora, ¿qué antecedentes existían en España de solicitudes públicas en materia de animales?

Nunca nadie en toda la historia de la democracia ha mandado la misma consulta de datos públicos a todos los Ayuntamientos de España, no existe ningún precedente. Sí hay casos puntuales en prensa local o protectoras que han pedido datos a ayuntamientos, pero jamás un proyecto que abarque esos 8.137 municipios. Según la Ley 19/2013 de Transparencia y la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, estos datos deberían considerarse públicos. Sin embargo, la realidad es que muchos consistorios omiten responder o lo hacen solo parcialmente. Hemos visto Ayuntamientos que alegan que tienen subcontratadas las competencias, incluso escritos de secretarios y les hemos tenido que recordar que las competencias son suyas, que lo único que han subcontratado es el servicio y los portales de trasparencia nos han dado la razón.

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Alberto

¿Cómo habéis procedido para solicitar y organizar toda esta información?

Enviamos solicitudes por REDSARA.ES (“con certificado clave permanente” que es gratuito) a cada Ayuntamiento, con plazo de un mes para respuesta. Si no responden, iniciamos reclamaciones, apelaciones y uso del portal de transparencia autonómico. En la mayoría de solicitudes hemos recibido rechazos, datos incompletos o formatos imposibles de procesar. También existe el problema de plazos legales: por ejemplo, algunas leyes permiten que el ayuntamiento tenga 3 meses para resolver transparencia local. Estamos hablando con 8.137 municipios, y no es necesario estar empadronado en ellos para solicitar datos. Algunos ayuntamientos piden tasas o motivaciones para la consulta cuando esta petición es ilegal.

¿Cuáles han sido los principales escollos?

Los criterios heterogéneos: unos dicen “no lo tenemos”. En algunas comunidades (por ejemplo Extremadura) nos han dicho que el portal de trasparencia extremeño no tiene competencias para interpelar a los Ayuntamientos que son autónomos. En otros casos, como Castilla-La Mancha archivan la solicitud si el Ayuntamiento alega que no tienen gatos, aunque la consulta no se ciña a solo datos de gatos...

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¿Habéis detectado diferencias claras entre municipios pequeños y grandes?

No. Las excusas son diferentes, pero todos intentan escurrir el bulto a su manera.

¿Cuándo saldrán esos datos y qué espera la ciudadanía de ellos?

Tenemos planeado publicar los datos “en bruto” en noviembre de este año. Esperamos que la ciudadanía vea los vacíos, los datos incompletos y los territorios donde no se aplica el CER con presupuesto. Menos del 10% de los ayuntamientos, tanto grandes como pequeños, ofreció información de manera voluntaria sobre transparencia. Además, en muchos casos encontramos numerosas lagunas en la información proporcionada. También trabajamos en una visualización clara con infografías, mapas interactivos y tablas adaptadas para medios, asociaciones y ciudadanos. Queremos hacer un informe como el de Affinity, pero con datos oficiales y verificables y seguro que nuestros resultados van a separarse mucho del discurso oficial.

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Alberto 

Mencionaste que esos datos podrían usarse en procesos judiciales…

Sí. Cualquier asociación que quiera iniciar un proceso legal puede establecer un convenio con un despacho de abogados. Con un contrato de confidencialidad, compartiremos nuestros registros, respetando siempre la privacidad de nuestros voluntarios. Por ejemplo, si un ayuntamiento tiene un presupuesto asignado al CER, pero alega a las alimentadoras que ya no tienen más, se podrá reclamar legalmente.

¿Qué esperáis a medio plazo?

Si el gobierno no audita la implantación de la ley de Bienestar Animal, lo haremos los ciudadanos.

Gatos comunitarios

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¿Planeáis repetir la recogida el año que viene?

Este proyecto ha superado nuestras expectativas a nivel de trabajo. Si lo repetimos, necesitaremos una empresa que financie a las asociaciones de las cuales surgen estos voluntarios.

En una frase, ¿qué mensaje lanzas a la ciudadanía y a los ayuntamientos?

Si el gobierno no audita la implantación de la Ley de Bienestar animal lo haremos los ciudadanos. Todos los ciudadanos cumplimos todas las leyes y los Ayuntamientos no pueden elegir qué leyes cumplir y cuáles no.

¿Qué te gustaría que cambiara gracias a este proyecto?

Que los Ayuntamientos cumplan todas las leyes, les gusten o no. Solo pedimos que se cumpla la ley.

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