Se quedará en un simple anuncio; o, tal vez, prospere. Es algo que solo tiempo lo dirá. En cualquier caso, el Consejo de Ministros aprobó ayer la hoja de ruta marcada por el Gobierno para lograr un pacto de Estado que haga frente a la emergencia climática. La propuesta incluye la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y de Emergencias, entre otras iniciativas para dar respuesta a los crecientes desastres que causa la alteración del clima.
Sin embargo, el grueso de los asuntos que componen el contenido del pacto lanzado corresponden a competencias transferidas a las comunidades autónomas (los compromisos de inversión en materia de política forestal, la ganadería extensiva o la contratación de los servicios de extinción y prevención de incendios), por lo que la eficacia de la aplicación va a depender en todo caso de la implicación de los gobiernos autónomos. “Me voy a dejar la piel para conseguir que este pacto salga adelante”, dijo la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien sin embargo no ha concretado si el Ejecutivo aprobará alguna de las medidas incluidas en esta propuesta si finalmente, el gran acuerdo no sale adelante.
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se muestra “abierto” a participar en el acuerdo
Aagesen indicó que es “optimista” y confía en que “todas las fuerzas políticas y también el PP se sumarán” a la propuesta de pacto de Estado climático en España, que exige “unidad y el máximo consenso”.
El pacto político, sin embargo, no está garantizado. Diversos líderes del PP han reaccionado con desdén ante la propuesta, considerando que era una cortina de humo lanzada por el presidente del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, llegó a acusar a Pedro Sánchez de “ponerse de perfil” ante los incendios y no dudó en llamar al Ejecutivo de “Gobierno fallido”.
En cambio, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró ayer “abierto” a participar en el pacto que propuso el jefe del Ejecutivo central, pero considera que “ahora” lo prioritario es convocar ayudas para los afectados por los grandes incendios forestales. Está claro que los gobiernos autonómicos menos condicionados por VOX (y su política de furibunda oposición al Gobierno) son los más proclives a una acción concertada.
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Mientras, el Gobierno promete un amplio proceso participativo, una manera de ganar apoyo a su plan. Por eso, está prevista una consulta pública, en la que podrán participar todos los sectores –administraciones, organizaciones sociales, de profesionales, científicos, académicos y del mundo de la economía, entre otros–. La ministra informó de que se ha formalizado la solicitud de PSOE y Sumar al Congreso de crear una subcomisión parlamentaria “como paso importante para lograr consenso político” en esta materia. Asimismo está prevista una ronda de reuniones en las que los ministros competentes tendrán encuentros con técnicos “para seguir alimentando” la propuesta de Pacto de Estado climático. Aagesen se refirió también a una convención prevista sobre esta emergencia climática entre octubre y noviembre y a la próxima reunión de presidentes autonómicos que incorporará este asunto tema en la agenda. Además, el Gobierno tratará esta cuestión con Francia, Portugal y la Comisión Europea.
Solo en los últimos 5 años, las lluvias torrenciales y Danas registradas en España han aumentado un 15%: las sequías y olas de calor se han vuelto más intensas y duraderas, y la superficie afectada por incendios ha crecido un 80%. Todo ello ha causado pérdidas materiales de unos 32.000 millones de euros en la última década. La comunidad científica ha demostrado que esta clase de fenómenos climáticos extremos se volverán más frecuentes y severos en los próximos años, a no ser que se actúe. A los fenómenos extremos asociados al clima -aumentos de temperaturas en tierra y en el mar, o la mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor y elevadas– se une la vulnerabilidad a las lluvias torrenciales e inundaciones.
Un decálogo para proteger al mundo rural
El primer compromiso de la propuesta de pacto de Estado es crear fondos con recursos permanentes, tanto estatales como autonómicos, para acelerar la reconstrucción y “la recuperación de los municipios y de los paisajes golpeados” por el clima extremo. La segunda medida es que todas las administraciones se comprometan a aumentar y a mantener todo el año todos los medios técnicos y humanos necesarios para prevenir y combatir el fuego. Esto significa contar con cuerpos de bomberos, de brigadistas, de agentes forestales estables, formados, dotados de los vehículos y de las tecnologías adecuadas.
Para reforzar la coordinación y cooperación entre administraciones, se quiere crear la Agencia Estatal de Protección Civil y de Emergencias, aunque se admite que las gestiones de emergencias son más eficaces desde el punto de vista descentralizado. Otro asunto clave será “avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales, económicas y climáticas del siglo XXI”, incluyendo la repoblación con bosques mixtos, con “especies resilientes al fuego”. Además, se quiere desplegar una estrategia nacional de resiliencia hídrica para que pueblos y ciudades puedan lidiar contra las inundaciones y las sequías. Asimismo, se quiere proteger a la ciudadanía frente a las olas de calor con una “amplia red” de refugios climáticos en coordinación con las comunidades y ayuntamientos. El pacto incluye la necesidad de reconocer y potenciar el “papel esencial” del mundo rural, las políticas de conectividad, el empleo verde, la ganadería extensiva, la agricultura regenerativa y la reconstrucción de infraestructuras. Vital es también la instauración de una cultura de prevención, protección y reacción ante emergencias. También se exigirá a la UE acelerar la transición energética.
