El Convenio sobre Cetáceos reclama a España medidas para proteger rorcuales y cachalotes
Biodiversidad
La resolución indica que el Ministerio debe recatalogar estas especies como “en peligro de extinción”, lo que abriría la puerta a aprobar planes para lograr su recuperación
El número de cachalotes presentes en el Mediterráneo se cifra entre 500 y 5.000
El Convenio sobre Cetáceos del Mediterráneo (Accobams, por sus siglas en inglés), que reúne a los países ribereños, ha reclamado al Gobierno español medidas efectivas para proteger al rorcual común y a los cachalotes frente a las colisiones y el ruido submarino, entre otros impactos ambientales que están sufriendo estas especies. La organización conservacionista OceanCare ha visto atendida una queja presentada contra España ante este convenio internacional de carácter regional auspiciado por la ONU. En ella se pedía que se obligue al gobierno español a cumplir con la resolución 8.12 del referido Convenio, donde se pide la reclasificación de las poblaciones mediterráneas de rorcuales común y cachalotes a la categoría de “en peligro de extinción”, lo que conllevaría la obligación de aprobar los correspondientes planes de recuperación para cada una de estas especies.
Las organizaciones conservacionistas protagonizan desde hace años un largo litigio contra el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), al que acusan de estar incumpliendo su obligación de hacer todo lo posible para proteger de forma eficaz a los rorcuales y cachalotes frente a los principales factores que amenazan su supervivencia.
Estas poblaciones están en franco retroceso, sin que se estén adoptando soluciones para frenarlo. Ambas especies sufren una disminución continua en el Mediterráneo.
En los años 90 se estimaba que quedaban unos 3.500 rorcuales comunes en la región, mientras que su número se redujo a unos 1.800 hacia el año 2019.
Por su parte, el número de cachalotes presentes en el Mediterráneo se cifra entre 500 y 5.000.
Especies reconocidas como en peligro de extinción por la UICN y el propio Convenio
OceanCare ha venido reclamando insistentemente al Gobierno español que catalogue a rorcual común y a los cachalotes como especies “en peligro de extinción”, lo cual implicaría la aprobación de planes de recuperación para estas especies, como los que rigen la gestión del lince, el águila imperial o el oso pardo, para los cuales se han adoptado actuaciones de protección estricta de diverso tipo.
Esta catalogación para las poblaciones mediterráneas de rorcual común y cachalote ha sido reconocida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (en 2021) y más recientemente, en 2022, por el Convenio sobre Cetáceos del Mediterráneo a través de una resolución (la 8.12) adoptada por sus miembros.
Protección inexistente en el práctica
El argumento que la Dirección General de Biodiversidad del Ministerio ha venido sustentando es que ha contratado censos aéreos de cetáceos en las aguas españolas y que con los resultados obtenidos “se podrá comprobar si se cuenta con información suficiente” para su reclasificación como especies en “peligro de extinción”.
El Ministerio mantiene desde 2011 para estas especies la catalogación de “vulnerables”, sin que hayan aprobado ni siquiera los obligatorios planes de conservación, que tenían que haberse terminado en 2016. “En 2011 tenían 5 años para hacerlo, y estamos en 2026, han pasado 10 años desde entonces y aún no han aprobado el documento”, se lamenta Bravo, portavoz de OceanCare. Bravo habla sin tapujos de “desidia” por parte del Ministerio a la hora de abordar seriamente la protección de los cetáceos.
El Ministerio incluyó en 2011 el rorcual común y el cachalote en el catálogo español de especies amenazadas, dentro de la categoría de “vulnerable”. Pero desde entonces no las ha reclasificado como especies “en peligro de extinción”, pese a las referidas resoluciones adoptadas por la UICN (2021) y del Convenio de Cetáceos del Mediterráneo (2022).
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España no puede desoír lo que se acuerda en los convenios internacionales
“El Gobierno dice defender un orden internacional basado en reglas y un multilateralismo inclusivo y reforzado, por eso España no puede desoír lo que se acuerda en los convenios internacionales de los que forma parte. Ignorar esos acuerdos es algo propio de una actitud trumpista; son acuerdos que España ha suscrito y por lo tanto tiene que cumplirlos”, añade Bravo.
Ante esta situación, OceanCare recurrió al Comité de Quejas, del Convenio de Cetáceos del Mediterráneo para denunciar el incumplimiento por parte de España de su obligación de actualizar el estado de conservación de estas especies, como le instaba la citada resolución 8.12.
Recurso al comité de quejas del Convenio de sobre Cetáceos, que acepta la demanda
La queja fue vista el pasado mes de septiembre, en una reunión en que los representantes españoles del Ministerio declinaron participar, de manera que ese Comité emitió una propuesta de nueva resolución en la que se aceptaba la queja, con un texto ratificado posteriormente en la reunión de las partes del Convenio celebrada a finales de noviembre.
La resolución final adoptada (96.A) refuerza la tesis de que España debe acelerar la protección de estas especies. En este sentido, recuerda que todas las partes del Convenio “tienen la obligación de iniciar un proceso (...) Para revisar el estado de conservación de estas especies en cuestión”. Y que lo pueden hacer “con arreglo a su legislación nacional” y “en un plazo razonable” siguiendo la recomendación 8.12 del año 2022.
La citada resolución recuerda además a España y demás países que “las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN pueden considerarse un documento pericial totalmente fiable sobre el estado de conservación de las especies, y lo mismo puede decirse de las recomendaciones pertinentes del Comité Científico del Accobams”, pues ambos organismos aglutinan el conocimiento de expertos debidamente acreditados. Finalmente, se pide al Gobierno español que facilite “lo antes posible” información sobre los trámites que seguirá para modificar el estado de conservación de estas poblaciones mediterráneas de cachalotes y rorcuales comunes.