Natalia Díaz, activista y voz clave en el movimiento anti-sharenting, lanza una advertencia que incomoda pero es cada vez más necesaria: “Lamentablemente se tendrá que imponer una ley para que, por obligación, los padres empiecen a proteger a sus hijos de los peligros de las redes sociales”. Estudiante de psicología y divulgadora incansable en redes como Instagram bajo el perfil @medianoche.tube, Díaz insiste en que la exposición de menores en entornos digitales ha llegado a niveles alarmantes.
Una solución inevitable ante la resistencia adulta
El 72% de los depredadores sexuales investigados disponen de imágenes de menores obtenidas de los perfiles públicos de sus propios progenitores. A pesar de que los casos de ciberdelincuencia crecen, muchos adultos continúan justificando esta práctica bajo argumentos de propiedad (“mi hijo es mío, hago con él lo que quiero”) o apelando al orgullo: ”¿Quién eres tú para decirme cómo criar?”.
Su comparación con el uso obligatorio del cinturón de seguridad en los años noventa resulta elocuente. “Entonces tampoco funcionaban las campañas de concienciación y se tuvo que legislar”, recuerda. Para Díaz, el problema es estructural: el adultocentrismo sigue prevaleciendo sobre los derechos básicos de la infancia, como el de la intimidad o el de construir su identidad sin ser constantemente observados por miles de desconocidos.
El sentido común a veces no basta para proteger a los más pequeños.
El Gobierno ha empezado a mover ficha. El pasado marzo, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para reforzar la protección de los menores en entornos digitales, una regulación ambiciosa y pionera en Europa. La norma recoge desde la obligatoriedad de controles parentales efectivos en los dispositivos hasta la penalización de contenidos sexuales falsificados (‘deepfakes’) con menores como víctimas.
Los datos hablan por sí solos. En España, la edad media para tener un móvil se sitúa en los 11 años y casi todos esos menores acceden a redes sociales. La mitad de ellos, además, ha visto contenido pornográfico sin buscarlo. El 90% de la población, según datos del Ejecutivo, ve urgente una regulación. los avances tecnológicos son indispensables, pero en el caso de los menores entrañan peligros especialmente graves.
La futura ley también prevé una estrategia nacional que incluye educación mediática, laboratorios digitales y la creación de escuelas de madres y padres para entornos digitales. Y lo más relevante: contempla la participación activa de niños y adolescentes en la elaboración de las normas, a través del Consejo Estatal de Participación Infantil.
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”¿Dejaremos alguna vez de ver a los niños como objetos de la propiedad de sus padres?”, se cuestiona Natalia Díaz. La tecnología avanza, sí, pero la ley y la conciencia deben avanzar con ella.