La desgraciada historia de una niña de 12 años que fue violada en sucesivas ocasiones víctima de una red de pederastas mientras estaba amparada por los servicios sociales de la Generalitat ha hecho aflorar el debate sobre el funcionamiento de la dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Hacía tiempo que se habían producido denuncias judiciales, preguntas en el Parlament y graves acusaciones en redes sociales sobre supuestos casos de corrupción en la distribución de las ayudas a entidades privadas encargadas de la tutela de los menores. La destitución de la directora general de la DGAIA hace unos días por parte de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, encendió las luces de alarma sobre lo que sucedía en este servicio, pero hasta que no se ha conocido la historia de esta niña el caso no ha llegado a las portadas de los medios y a ser objeto ayer de un rifirrafe en el Parlament.
La Sindicatura de Comptes, la Síndica de Greuges o los propios servicios jurídicos de la Generalitat están haciendo su trabajo sobre lo que ha sucedido en la DGAIA y cómo se puede transformar en el futuro. Ahora bien, más allá de la trifulca política de quién es más responsable de lo que ha sucedido estos últimos años, hay un debate de fondo muy importante que no es otro que cambiar el actual modelo desjudicializado que deja en los funcionarios de la Administración la responsabilidad de decidir sobre la custodia de los niños.
Fachada de la sede de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), el pasado 12 de marzo
Los menores deberían crecer con su familia, salvo casos muy excepcionales, pero lo que sucede es que las circunstancias de los progenitores –falta de medios, adicción a las drogas, salud mental o cualquier otro factor de desequilibrio– llevan a la Administración a tomar el camino más fácil, el de separarlos de sus familias e ingresarlos en centros de acogidas o ponerlos en manos de terceras personas, como ha sido el caso de esta niña. Si se facilitaran más ayudas a familias en situación de riesgo, no haría falta separar a los pequeños de sus padres. En esta línea garantista, el Consell de l’Advocacia Catalana ha ultimado un informe que se pronuncia también por que haya más control judicial sobre estos casos. La pregunta que cabe hacerse es: ¿quién debe decidir la tutela, un funcionario o el sistema judicial? Este es el debate.
