La decisión de JuntsxCat de dejar de apoyar al Gobierno para mostrar su descontento por el incumplimiento de los acuerdos suscritos con el PSOE tiene como principal consecuencia que el poder ya no está en manos del poder ejecutivo, el Gobierno, sino del poder legislativo, el Parlamento. Sin proponérselo, Junts ha logrado que ahora toda la responsabilidad recaiga en los diputados, en la correlación de fuerzas que se establezcan en el Congreso, dejando en segundo plano al Consejo de Ministros, que encuentra muy limitada ahora su capacidad de acción política. Se produce así un desplazamiento del centro de poder de la Moncloa al Congreso. Este movimiento va a exigir al Gobierno una gran capacidad para crear la ilusión política de que aún es posible gobernar pese a ver menguados sus apoyos parlamentarios. Así, se configura una compleja situación política: cohabitación entre un poder ejecutivo débil y un parlamento igualmente debilitado, mientras el poder judicial marca el tiempo político y evidencia la fragilidad de la política española.
Mientras el PSOE busca extender la idea de que cuanto más tiempo permanezca en el poder, más posibilidades tendrá de socavar la credibilidad de un PP asolado por la mala gestión de la tragedia de la dana en Valencia, el avance de Vox en Extremadura y el desgaste político que está sufriendo en Andalucía por la gestión de los cribados de cáncer, una parte de la mayoría de la investidura –Junts, Podemos y PNV– intenta distanciarse del Gobierno de coalición para no acabar atrapados en la telaraña judicial que asedia al PSOE.
El bloqueo de Junts produce un desplazamiento del centro de poder de la Moncloa al Congreso
En este escenario de crisis política, los partidos con representación parlamentaria se verán obligados a tomar conciencia del poder que ahora ejercen para determinar la política del Ejecutivo, para decidir promover proposiciones de ley sin la intervención del Gobierno –siempre que no impliquen aumento del gasto público o disminución de ingresos– o para señalar al Ejecutivo que la legislatura ha terminado.
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A medida que el calendario político avanza sin presupuestos generales del Estado y con un frente judicial que maniata las decisiones del Gobierno, en la sociedad española se va abriendo paso la percepción de que la mejor manera de superar la crisis política es abandonando el tabú de que en España no puede –o no debe– gobernar nunca el PP con Vox. El Parlamento puede contener el avance imparable de Vox si decide seguir apoyando al Gobierno o si opta por mostrarle que debe convocar las elecciones, pero en ningún caso puede seguir prorrogando la agonía del Gobierno para postergar el momento en que deberán enfrentarse en las urnas al PP y a Vox.