Pequeños propietarios
El debate sobre la vivienda se ha convertido en un ejercicio de simplificación peligrosa. Ante un problema complejo, estructural y profundamente ligado a décadas de políticas urbanísticas erráticas, la respuesta legislativa ha optado por un camino fácil: cargar la responsabilidad casi exclusivamente sobre los pequeños propietarios. No sobre los grandes fondos, ni sobre la falta de parque público, ni sobre la inacción histórica de las administraciones, sino sobre quienes poseen uno o dos pisos, muchas veces fruto del ahorro de toda una vida.
Las sucesivas leyes de regulación del alquiler han generado un clima de incertidumbre. Cambios normativos continuos, ambigüedad en la definición de “alquiler habitual”, restricciones de precios desvinculadas de los costes reales y un marco sancionador cada vez más severo han colocado a miles de propietarios en una posición de vulnerabilidad. El mensaje implícito es claro: alquilar es un riesgo.
No es especulación, sino autoprotección por miedo a ocupaciones o litigios interminables
Miles de viviendas han salido del mercado de alquiler tradicional. Algunas se han vendido, otras se mantienen vacías y muchas han sido retiradas ante el miedo a impagos, ocupaciones o litigios interminables. No se trata de especulación, sino de autoprotección. Cuando el Estado no garantiza mecanismos eficaces de defensa para el propietario, este opta por no participar.
Es injusto que se equipare al pequeño propietario con el gran tenedor. No es lo mismo una familia que alquila un piso heredado para complementar una pensión que un fondo de inversión con cientos de viviendas. Sin embargo, la legislación tiende a tratar ambos casos con la misma lógica punitiva.
La paradoja es evidente: leyes diseñadas para “proteger al inquilino” están reduciendo la oferta y encareciendo indirectamente el acceso a la vivienda. Sin confianza, no hay mercado. Y sin mercado, el problema no desaparece: se agrava.
Si de verdad se quiere afrontar la crisis de la vivienda, es imprescindible abandonar el discurso de culpabilización, recuperar la seguridad jurídica y entender que los pequeños propietarios no son el enemigo, sino una parte esencial –y hoy desprotegida– de la solución.