Los agravios de Andalucía y los dineros de Catalunya
Cuadernos del Sur
Si en la vida real no puedes explicar algo de forma convincente lo más probable es que acabes teniendo un problema. Si te sucede lo mismo en política, además de la incomprensión general, tendrás un conflicto y, según sea la coyuntura, una vía de agua capaz de hundir tu propia embarcación.
La propuesta gubernamental, pactada con ERC, para cambiar el sistema de financiación autonómica, caducado hace doce años, sitúa a los socialistas, y por extensión a toda la izquierda, aunque los socios de gobierno en cada territorio tengan nombres distintos, en esta inquietante situación.
La verdad es que muy poca gente entiende por completo de qué estamos hablando exactamente y, por tanto, cada actor político –sea el gobierno, la oposición o las autonomías– puede camuflar, manipular o presentar el nuevo reparto de fondos en función de sus intereses. No siempre inocentes.
Es una situación peligrosa dado el actual ciclo electoral territorial –Aragón, Castilla-León y Andalucía, tras Extremadura– y aún más compleja en el supuesto de que se convocasen unos comicios generales, todavía sin fecha, pero plausibles debido a la debilidad parlamentaria de la Moncloa.
En el Sur de España, donde se votará en menos de seis meses algo más que el nombre del próximo presidente de la Junta, esta encrucijada es más comprometida si cabe –sobre todo para los socialistas– porque la vicepresidenta y ministra de Hacienda es la cabeza de lista del PSOE.
La sombra del agravio territorial, que siempre orbita alrededor del dinero de las autonomías, se dispara cuando la duración de la legislatura, o incluso la posibilidad de una hipotética reedición de la mayoría de la investidura, ahora imposible, depende de los independentistas catalanes, que están divididos pero también son el último clavo al que puede agarrarse Pedro Sánchez tanto en el presente como con vistas a cualquier futuro político.
El PSOE decidió delegar el protagonismo político de esta cuestión, que afecta a todo el país, a Oriol Junqueras. A continuación no ha sido capaz de explicar en todos sus extremos –al margen del argumentario oficial– el impacto real de su propuesta ante las distintas cancillerías autonómicas.
La primera decisión, que persigue reconstruir los puentes parlamentarios y garantizarle a Salvador Illa el oxígeno que las urnas no le concedieron –el PSC no cuenta con una mayoría propia–, además del presupuesto del que todavía carece, destruye cualquier escenario de sosiego en el resto de la España autonómica. Cualquier justificación se torna ya un problema.
Y lo es no tanto porque la mayoría de las regiones estén dirigidas por los barones de Génova, o éstos dependen de acuerdos con Vox, cuanto porque la puesta en escena elegida –una negociación bilateral sin luz y sin taquígrafos, al margen de los foros institucionales establecidos en los respectivos estatutos de autonomía– evidencia un trato dispar entre autonomías en una cuestión de interés general. Junqueras, inhabilitado para ejercer cargos públicos, no representa a la Generalitat, por mucho que la viabilidad de la actual legislatura en Catalunya requiera de su concurso.
La cuestión formal no es un asunto baladí, aunque si se entran a analizar a fondo los criterios y los números del nuevo reparto de los fondos regionales existan elementos más que fundados de preocupación en el resto de España no sólo en el ámbito político, sino también en el orden social.
El acuerdo PSOE-ERC, sin duda, es la expresión de una firme voluntad política, pero esto no equivale necesariamente a que su sistema de financiación sea apoyado mayoritariamente en Catalunya –un único voto dirimió la investidura a favor del PSC– y, menos, en el resto de España. Los motivos pueden ser perfectamente distintos, pero la oposición existe.
Con este panorama van a toparse los candidatos del PSOE –y del resto de las minorías de izquierdas– en Zaragoza, Valladolid y, finalmente, en Sevilla. Sobre todo en el Sur, donde la propuesta de financiación regional del PSOE y ERC no cuenta con respaldo en ningún foro representativo.
Esta opinión mayoritaria, que es transversal, tendrá impacto en las elecciones meridionales, que serán, dado que Andalucía es la autonomía con más población, un termómetro del laboratorio político español.
Montero va a concurrir a los comicios en Andalucía –una vez deje de ser ministra– con unos sondeos de opinión catastróficos, un partido sin pulso, sin influencia y sin liderazgo, y con una hostilidad ambiental mayúscula.
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El sudoku del reparto de los dineros autonómicos, lejos de ayudarla a evitar la catástrofe que auguran estas elecciones, la perjudica toda vez que lo que plantea a sus votantes, entre ellos bastantes abstencionistas, es una pura y simple cuestión de fe. “Creed en mí: Andalucía va a ganar”.
Su argumento de que Andalucía es la más beneficiada, incluso por delante de Catalunya, es falaz. Basta con cotejar los recursos por habitante (según la población ajustada) asignados a ambas autonomías para constatar que Catalunya obtendría más fondos con muchos menos habitantes.
Ambas comunidades mejorarían su situación en relación a la situación vigente, aunque en proporción dispar. Según los diagnósticos de Fedea, Catalunya dejó de estar infrafinanciada en 2015; Andalucía, con menos renta por habitante, padece una insuficiencia financiera duradera y crónica.
El punto de partida de ambas autonomías es asimétrico, igual que sucedía en el caso de la polémica deuda regional. Al proyectar los nuevos criterios de financiación esta situación se consolida en el tiempo. En Barcelona esto no se ve como un problema; en Sevilla o en Málaga, en cambio, sí.
Andalucía, de acuerdo a esta simulación, obtendría un incremento de 110,72 euros por habitante (ajustado) por encima de la media; en el caso de Catalunya, la mejora sería del orden de 139,30 euros por habitante. En términos globales: 577,21 euros por persona frente a 605,79.
Montero va a presentarse en Andalucía con el argumento de que los nuevos recursos asignados por el sistema de financiación de su autoría significarán para la gran autonomía del Sur 4.846 millones más (frente a los 4.686 de Catalunya). Se trata de un trampantojo aritmético. Una media verdad.
El PSOE andaluz, que durante más de tres décadas y media se ha presentado ante sus electores como un elemento corrector ante los anhelos asimétricos de los independentistas, va a tener que explicar muy bien a los votantes que la igualdad de trato y la solidaridad entre territorios (limitada tras la aceptación del criterio de ordinalidad, introducido en el sistema por ERC, defendido por el PSC y asumido por el PSOE) deben ser sacrificadas debido a los intereses políticos a corto plazo del presidente del Gobierno.
“Andalucía también puede acogerse a la ordinalidad si lo desea”, insisten en la calle San Vicente de Sevilla, sede de los socialistas meridionales. No va a suceder: nadie reclama un derecho que, en realidad, le perjudica. La recaudación tributaria en Andalucía es inferior a la de Catalunya o Madrid.
Peor es asumir –y hasta festejar– la idea de que, en términos fiscales, uno tiene que recibir lo mismo que aporta. Además de no ser un principio de izquierdas y de contradecir el evangelio del PSOE meridional, condena a Andalucía, en un contexto de deterioro acelerado del sistema sanitario, a contar con servicios públicos con menos recursos que otros territorios.
Cada vez que Montero critique a Moreno Bonilla por el grave colapso de la sanidad, a pesar de que podría recibir en el futuro más dinero del Estado, el Quirinale podrá sobre la mesa el agravio de Andalucía frente a los dineros de Catalunya. La primera cuestión es abstracta. La segunda es tangible.
La ordinalidad catalana conducirá a la gran autonomía del Sur y, también a buena parte de los candidatos socialistas, que siempre se han presentado como los valedores del autogobierno, tanto en las elecciones autonómicas como en los posteriores comicios municipales, a una duradera postración electoral. Incluso aunque la ley no salga adelante. En política la intención erosiona a veces mucho más que la convicción.