Claroscuros de la nueva financiación
Analizando el nuevo modelo de financiación pactado entre el Gobierno y ERC lo primero que salta a la vista es que al parecer todos ganan, ya que el Estado va a regarlo con casi 21.000 millones de euros. Una lluvia de fondos para mejorar la financiación autonómica. La pregunta inmediata es ¿de dónde va a salir este dinero? Las arcas del Estado se nutren de nuestros impuestos o del endeudamiento público. Y como este Gobierno tiene la virtud de mantener una política de déficit fiscal contenida, se deduce que la fiesta la pagarán nuestros bolsillos.
Socialistas y republicanos, que en temas territoriales coinciden poco, encuentran sus puntos de acuerdo en políticas fiscales tendentes al mayor gasto público y consiguiente incremento de la presión fiscal. Desde esta perspectiva, coincido en las reticencias manifestadas por la patronal Foment.
Tampoco están exentas de razón las críticas de Junts y sectores afines en el sentido de que se esperaba más en términos de corrección del déficit crónico de financiación de Catalunya. Porque el desbalance no es de las dimensiones siderales que pretenden los más radicales. Pero hasta los más alejados del independentismo, como Josep Borrell en su libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, reconocía su existencia y lo cifraba en torno al 1,5% del PIB catalán, es decir, en unos 4.500 millones de euros.
Lo que se ha anunciado es que Catalunya recibirá 4.700 millones más de los que recibía, pero como estos 4.700 millones saldrán de la mayor aportación estatal, eso quiere decir que se va a corregir poco ese déficit, quizás entre 500 y 1.000 millones, que es grosso modo la diferencia entre lo que aportaremos los catalanes para recaudar esos 21.000 millones y lo que recibiremos de su reparto.
No obstante, si queremos hacer un juicio equitativo, debemos analizar también otros elementos del acuerdo.
En primer lugar, el tema de la recaudación. Aquí empezamos mal, porque no hay consenso de momento. Pero en cambio se avanza en algo relevante. Las comunidades que así lo deseen, y entiendo que ese será el caso de Catalunya, podrán optar por recibir de forma inmediata su participación en la parte del IRPF que les corresponde. Con ello se superaría uno de los problemas del actual sistema, que aboca a unos cobros a posteriori a través de mecanismos confusos y ralentizadores. Si se produce realmente ese automatismo, resulta menos relevante quién recaude.
Sugiero a quien considere insuficiente el nuevo modelo que recuerde las políticas de ‘peix al cove’
En segundo, la tan cacareada ordinalidad. No queda explicitada, pero se avanza en la dirección adecuada y parece que se respeta en el 2027. A partir de entonces habrá que hacer un seguimiento detenido.
Y en tercero, la constatación de que, tras doce años de gobiernos ilusorios, la Generalitat tiene ahora un programa de inversión pública creíble que necesita los fondos adicionales que prevé el nuevo sistema. Al hilo de esto, queda pendiente de definir, entre otros temas, cómo se aborda la corrección del déficit crónico de inversión ejecutada por el Estado en Catalunya.
La conclusión provisional es que aquellos que critican el pacto por insolidario o porque beneficia solo a Catalunya construyen su discurso demagógicamente, ya que ni se trata de una financiación singular ni rompe el principio de unidad de caja ni resulta insolidario. Persistir en una oposición frontal supone reiterar errores del pasado y alimentar las pulsiones disgregadoras. El PP debe ser consciente de que hizo concesiones mayores cuando le interesó para gobernar. En cuanto a los que expresan su desacuerdo por la insuficiencia de los avances que supone, les sugeriría que recuerden las políticas de peix al cove de Jordi Pujol. Nunca he sido pujolista, pero convendrán conmigo que logró mucho más él que sus sucesores con sus pretensiones maximalistas. El acuerdo no es óptimo, pero supone un avance frente al caducado sistema actual y tiene el mérito transaccional de ser pactado con un partido independentista.
Por mi parte, si mirara por mi interés personal, rechazaría lo que sin duda supondrá otra vuelta de tuerca en una presión impositiva desmedida y en algunos aspectos confiscatoria. Pero si hago de nuevo la reflexión que me ha conducido casi siempre a adoptar posiciones socialdemócratas, creo que su aprobación parlamentaria sería una buena noticia para Catalunya y para España.