Por un plan extraordinario para los trenes

Las desgracias nunca vienen solas. Esta frase proverbial parece que ni pintada para la crisis ferroviaria que atraviesa España. La secuencia que se inició el pasado domingo con el trágico accidente de Adamuz, con un recuento de 45 fallecidos, ha ido sumando nuevos capítulos con alarmante frecuencia. El martes se produjeron dos descarrilamientos en el sistema de Rodalies, de resultas de desprendimientos causados por las lluvias, uno entre Maçanet y Blanes, sin víctimas, y otro en Gelida, en el que hubo que lamentar la muerte de un maquinista y se contaron cerca de cuarenta heridos. Y el viernes hubo un nuevo desprendimiento en la línea R1, esta vez entre Maçanet y Tordera, en un tramo revisado el día anterior, aunque el maquinista pudo evitar la colisión. También el viernes se registraron otros dos incidentes, uno en Asturias y otro en Cartagena, ambos sin efectos graves.

El panorama tras esta concatenación de percances es muy inquietante. Aunque las desgracias nunca vengan solas, como ya se ha dicho, se hace difícil aceptar semejante sucesión, y mucho más admitir que pueda convertirse en normal. Porque no debe serlo y porque los perjuicios que comporta para los usuarios del ferrocarril tienen una incidencia sobre el conjunto de la movilidad. En Catalunya hemos estado varios días sin Rodalies, y el servicio volvió ayer a ser caótico antes de interrumpirse otra vez. La AP-7 ha sufrido también los efectos del accidente de Gelida, que obligaron a cortar el tráfico entre Martorell y Sant Sadurní d’Anoia, que solo empezó a recuperarse ayer sábado, pero no lo hará del todo hasta dentro de dos semanas, con la previsible afectación, en conjunto, para cientos de miles de viajes.

Si Rodalies ha sido un servicio tradicionalmente infradotado, lo que ha perjudicado muy a menudo a sus usuarios, ahora está adquiriendo también fama de servicio peligroso. Y esto ya es demasiado. Los ciudadanos pagan impuestos, entre otras razones, para que los servicios públicos funcionen. Ahora mismo, los ferroviarios están funcionado mal y de modo alarmante. Se está quebrando la confianza entre administraciones y ciudadanos hasta extremos desconocidos.

Ya era inadmisible, como decíamos, que centenares de miles de usuarios vean dañados sus intereses por el crónico desbarajuste de Rodalies: no se puede seguir jugando con ellos, con sus obligaciones laborales, con sus responsabilidades escolares, con sus deberes familiares. Y es del todo inadmisible convertir los desplazamientos en tren en una ruleta rusa.

Por todo lo dicho, el Gobierno está obligado a ponerse las pilas de inmediato. Está bien que priorice la investigación de la tragedia de Adamuz, dada su gran dimensión; que se apresure a esclarecer sus causas, que ya el viernes parecían relacionadas con la posible rotura de unos raíles. Pero no basta con eso. Ante la envergadura que ha adquirido esta crisis, es preciso un plan de choque extraordinario, con más inversión y mejor mantenimiento. La partida anunciada días atrás para paliar el déficit inversor de Rodalies, con la advertencia de que sus efectos no se percibirían hasta dentro de años, parece ahora insuficiente. La idea de la Generalitat de cortar Rodalies ante los temporales es prudente, pero no satisfactoria: no se debe normalizar la interrupción del servicio.

Estos días se ha hecho evidente que Catalunya necesita ya ese plan extraordinario. En particular lo necesitan sus clases trabajadoras, que son las que más sufren las consecuencias del caos circulatorio. El Gobierno debe actuar en atención a quienes con tanta frecuencia padecen, más que usan, el deficiente servicio. Pero debe hacerlo también por interés propio, porque las sensibilidades están a flor de piel y el descontento crece. Lo cual puede tener consecuencias electorales adversas, sobre todo en Catalunya, considerada ahora el granero electoral socialista.

Por su parte, y tras aquella volátil tregua que se dio en horas inmediatamente posteriores al accidente de Adamuz, la oposición se ha apresurado a disparar de nuevo contra el Gobierno. Alberto Núñez Feijóo decía el viernes que “el estado de las vías es el reflejo del estado de la nación”. Una frase más en su repertorio de puyas. Pero no dijo que la deficiente inversión en la red ferroviaria catalana acumula decenios y que es por tanto atribuible por igual a los dos partidos mayoritarios que han desempeñado tareas de gobierno. Los populares tienen también su parte de responsabilidad, y no es menor, en ese déficit de mantenimiento de los ferrocarriles que ahora ha propiciado el colapso de la actividad viaria en Catalunya.