Denuncias falsas
Ya sean verídicas o inventadas, las denuncias infundadas de violencia de género generan un amplio debate. Juan Soto Ivars acaba de sacar a la luz un texto al respecto, Esto no existe, con gran éxito comercial y mediático (Víctor Amela lo entrevistó aquí el anterior 10 de enero).
Ciertas feministas han respondido mediante el boicot o el mutismo con el propósito, según afirman, de evitar su difusión. Es conocido que gran parte de las víctimas (entre ellas el 70%-80% de las mujeres muertas) omiten denunciar; otras lo intentan sin éxito, tal como Ángela González Carreño, quien pese a interponer 51 denuncias no logró impedir que su antiguo esposo matara a la hija de ambos. Centrar la atención en las acusaciones ficticias podría causar, independientemente de la voluntad del escritor, que quienes sufren agresiones reales denuncien con menor frecuencia por el temor a ser cuestionadas. Tal situación genera una encrucijada ética (¿resulta equitativo, para reducir el daño a los varones, someter a más mujeres a un peligro superior como es el homicidio?) Que resulta llamativo que Soto ni siquiera llegue a nombrar. De cualquier modo, considero que guardar silencio frente a su obra constituye una equivocación. Esto permite que sus planteamientos persuadan a un mayor número de personas debido a la falta de réplica.
¿Cuáles son esos planteamientos? El Consejo General del Poder Judicial sostiene que apenas un 0,01%, una cifra mínima, de las acusaciones por violencia de género resultan ser fraudulentas. Soto Ivars indica, con acierto, que dicha estadística únicamente contabiliza aquellas que terminaron en una sentencia condenatoria. Él considera que la cantidad real es superior. Se trata de una teoría razonable; analicemos de qué forma busca probarla. Utiliza tres herramientas: relatos de varones acusados sin fundamento; testimonios de magistrados, letrados y representantes del ministerio público, y el subrayado de las ventajas que la normativa actual brinda, a su juicio, a quien interpone una denuncia falsa.
Los relatos individuales se narran de forma excelente. Seguramente persuadirán a bastantes personas… que carezcan de la capacidad analítica necesaria para plantearse una cuestión básica: ¿qué tiene que decir la contraparte…? Igual sucede con los expertos legales a los que Soto ha recurrido: desconocemos si su opinión es mayoritaria o si se seleccionaron por coincidir con los planteamientos del escritor. Respecto a la normativa, sirva una muestra. Soto menciona una norma jurídica que otorga el estatus de víctima a quien “está en proceso de toma de decisión de denunciar”. Pasa por alto que, para certificar dicho estado, hace falta un dictamen de la Fiscalía, un fallo de los tribunales o un peritaje psicosocial ratificado judicialmente. De este modo, al afirmar que “cualquier señora que dice que ‘se plantea denunciar’ accede a las ventajas y beneficios reservados a las que están sufriendo”, esa verdad parcial termina siendo una falsedad.
Soto Ivars en su volumen tergiversa, sugiere ideas engañosas y falta a la verdad mediante actos o silencios.
Es grave. Y es todo así: manipula, da a entender falsedades, miente por acción u omisión. Otro ejemplo, este sobre las órdenes de protección: “Nadie en toda la policía o la judicatura puede soportar la idea de que una mujer aparezca muerta tras haber pedido ayuda”. Deducimos que se conceden todas, sin distinguir denuncias verdaderas de falsas. Ocho páginas más adelante, y hablando de otra cosa, se desliza el dato: se otorgan el 66%, o sea, un tercio se deniegan.
Una muestra final sobre un asunto distinto: el litigio de antiguas empleadas de Google debido a la desigualdad de género. Según el escritor, la compañía realizó una indagación y halló “que sí estaba pagando menos a un sexo que a otro, pero los perjudicados eran los hombres”, motivo por el cual debió pagar diez millones a 10.677 empleados, “más varones que mujeres”. Estilo Soto típico: una afirmación llamativa acompañada de una cifra que, al analizarla mínimamente, se contradice: si los afectados pertenecen a los dos géneros, el sesgo no pudo ser sexual, sino por otra causa. Además, rastrear en la red muestra que el proceso continuó y acabó favoreciendo a las trabajadoras, a quienes Google otorgó 118 millones como compensación.
Me parece que Soto Ivars acierta en varios aspectos. Es legítima su denuncia de la narrativa victimista, intransigente y cerrada de un sector del feminismo. Es razonable que solicite examinar el impacto de la ley de Violencia de Género. En resumen, hace bien al demandar total transparencia. Sin embargo, su texto, cargado de prejuicios, subjetividad, manipulación y falsedades directas, termina dañando esa meta tan digna que busca promover: la de la claridad y el intercambio de ideas.