Opinión

Próxima estación: soluciones

El conformismo puede ser extenso, pero no resulta inagotable. Por décadas, cerca de 500.000 ciudadanos de Cataluña que usan el ferrocarril a diario se han acostumbrado a lidiar con demoras persistentes, fallos constantes, paradas sombrías y una percepción de fragilidad impropia de una prestación básica. Se desplazan cada jornada por los más de 1.200 km de raíles de la infraestructura de Rodalies con la calma de quien carece de otra opción. Sin embargo, es lógico que el límite de aguante frente a este descuido se haya sobrepasado.

Durante los días recientes, el sistema de trenes ha sufrido bloqueos hasta niveles casi inexplicables. No hablamos de fallos aislados o de una jornada desafortunada: se han sucedido días completos con la circulación interrumpida o seriamente perjudicada, impactando a multitud de ciudadanos. Tal situación recordaría a una nación con equipamientos deficientes, como Albania, Honduras o Senegal. Sin embargo, sucede en las proximidades de Barcelona, una urbe global de primer orden, vinculada a un aeródromo que durante el ejercicio previo acogió a 57 millones de viajeros y que continuará su expansión ya que, al contrario que Rodalies, hay ingentes cantidades de dinero destinadas a extender sus pistas e instalaciones de vuelo.

 
 Quique García / EFE

Resulta necesario hablar francamente: la situación que atraviesa Rodalies no deriva del azar ni de una serie de sucesos fortuitos. Representa el resultado inmediato de una carencia de financiación prolongada. Un abandono de base que persiste desde hace muchos años y que ninguna administración, ya sea socialista o popular, ha intentado subsanar con firmeza. Grandes promesas económicas en documentos que terminan en inversiones reales insignificantes.

No representa la ocasión inicial en que la infraestructura llega a su límite. En el 2007, debido a las tareas del AVE en Barcelona, la mitad de Catalunya permaneció sin transporte ferroviario por cuarenta días. Aquella situación crítica forzó al secretario de Estado de Infraestructuras de la época a establecerse en Barcelona para fingir gestión del conflicto, mas nada varió. La que era ministra de Fomento, la socialista Magdalena Álvarez, contestó a los reclamos de cese con un ya conocido “ni partía ni doblá”, esquivando toda obligación política. En esa etapa de parálisis, el malestar de la población derivó en una enorme marcha en Barcelona, el 1 de diciembre del 2007, frente a la falta de compromiso del Estado en el ámbito de las inversiones.

Únicamente inversiones excepcionales lograrán concluir el conflicto diario de Rodalies.

Han transcurrido cerca de dos décadas desde aquel momento y la evaluación continúa siendo preocupantemente similar. La infraestructura permanece anticuada, los fallos ocurren de forma recurrente y la percepción de precariedad se ha vuelto lo habitual. Evitar que los convoyes sufran averías no depende del azar ni de estrategias de comunicación: únicamente se logra mediante la financiación. No es suficiente con presentar proyectos ni con repetir promesas. Resulta indispensable materializar los desembolsos, actuando con celeridad y determinación.

Al deterioro de las instalaciones se añade otro elemento que empeora la situación: las tensiones sindicales del personal de conducción, mediante paros encubiertos recurrentes que dejan a los viajeros atrapados en el conflicto, lo cual genera efectos desastrosos para la ciudadanía. Los usuarios soportan el impacto de un modelo desbordado en cada uno de sus aspectos. Una de las causas de estas protestas radica en la oposición frontal a que Rodalies pase a manos de la Generalitat.

No obstante, la diferencia entre la infraestructura de Adif y Renfe frente a Ferrocarrils de la Generalitat resulta esclarecedora. Pese a contar con medios ajustados, una administración continua y organizada permite que FGC alcance niveles de calidad elevados y pruebe que se puede brindar un transporte por tren bastante seguro. No se trata de una utopía tecnológica; más bien depende de las preferencias establecidas.

Ante esta situación crítica, ni el Gobierno español ni el catalán logran una imagen positiva mientras aumentan las solicitudes de renuncia. A la escasez de inversión se agrega una interlocución defectuosa y una inquietante falta de previsión administrativa. Si lo expresado no concuerda con la realidad, se extravía la fiabilidad, el recurso de mayor relevancia en el ámbito político.

Ya no bastan las justificaciones ni los discursos de calma ni los compromisos repetidos. Únicamente desembolsos excepcionales, similares a los destinados a la alta velocidad o la red aeroportuaria, lograrán terminar con una tragedia diaria que quita tiempo y tranquilidad a empleados y alumnos. El aguante ha llegado a su límite, y en ese punto, el conflicto trasciende lo técnico para transformarse en una cuestión política.