¿Son acaso propietarios y arrendadores más peligrosos que los criminales? Lo planteo porque el nuevo decreto ley de Vivienda habilita a inspectores ad hoc como agentes de la autoridad, hecho que contrasta con la indefensión de quienes afrontan una violencia real y creciente, huérfanos de una protección jurídica equivalente, como vigilantes de metro o trabajadores sociales. Llama la atención que el sistema sea más garantista en el derecho penal, donde impera la presunción de inocencia, que en el administrativo, y concretamente en vivienda, donde rige la presunción de certeza pese a que las sanciones pueden alcanzar los 900.000 euros.
Con ello no pretendo señalar responsabilidades, sino invitar a la reflexión: ¿es hoy más importante el control ideológico que la protección de aquellos que nos cuidan? ¿Merece un criminal más garantías que un propietario o arrendador?
Carolina Torredemer
Barcelona